Debido a la importancia del tema, la Corte lo considera de “interés nacional”, y podría darle prioridad en Sala Plena

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Suficiente ilustración. Después de ocho horas de audiencia pública en la que se escucharon todas las voces y posiciones frente a la fumigación de los cultivos ilícitos con glifosato, la Corte Constitucional “se tomará su tiempo para analizar todas las posiciones y adoptar una decisión frente al tema”.

El alto Tribunal tiene un ‘portafolio’ de alternativas muy amplio, según explicó su presidenta, Gloria Stella Ortiz, que incluye “todas las posibilidad de fallo”. Es decir, la Corte bien podría no pronunciarse y dejar las cosas como están, o después de una amplia deliberación podría emitir una sentencia modulada, o autorizar al Gobierno del presidente Iván Duque Márquez.

Durante la audiencia, la Corte escuchó todas las opiniones de expertos, Gobierno, academia, organismos internacionales y sociedad civil, frente a cuatro ejes temáticos que fueron abordados durante la audiencia: efectos del glifosato en la salud de las personas; efectos de la aspersión aérea en el medio ambiente; el impacto de los cultivos ilícitos en la Defensa y Seguridad del Estado y el combate contra las drogas.

“Ahora la Sala Plena adoptará la decisión que considere, y lo hará por mayorías: bien hacer un seguimiento pasivo a la sentencia T-236 de 2017, mantenerla como está o revisar sus alcances”, explicó la Presidenta de la corporación.

Sin embargo, el alto Tribunal también tendrá en cuenta otros aspectos jurídicos determinantes: los tratados internos y externos de protección de los derechos humanos amparados en la sentencia, y el bloque de constitucionalidad.

Claro, la magistrada Ortiz advirtió que el seguimiento a las sentencias también tiene un límite pues no se trata de “modificar sentencias o simplemente dejar de cumplir esta sentencia”, dijo.

Lo que sí está claro es que el debate será intenso al interior del Tribunal Constitucional antes de pronunciarse, pues la Corte bien puede “unificar su jurisprudencia frente a decisiones anteriores. Todo asunto de debate será discutido en sala plena”, señaló en declaraciones radiales.

Principio de precaución

Otra posibilidad que tendría la Corte es acudir a la figura del principio de precaución: “Si un elemento va a causar o se advierte que puede causar daño a la salud de las personas o del medio ambiente, la Corte puede decir que no se aplique, o que sí se puede aplicar con las debidas precauciones”, explica el exmagistrado del alto Tribunal, José Gregorio Hernández Galindo.

El experto tampoco descarta que en Sala Plena, la Corte “revise toda la jurisprudencia anterior y decida pronunciarse en una nueva jurisprudencia sobre la materia para unificar criterios”.

Alternativas de solución

Además de las opiniones del Gobierno y la academia, las comunidades que participaron en la audiencia también le pidieron a la Corte Constitucional que el Estado les brinde garantías de supervivencia, pues si no encuentran alternativas de ingresos de forma legal, la actividad de la resiembra no acabará.

En ese sentido, el gobernador de Nariño, Camilo Romero, le recordó a la Corte que en su departamento “han muerto muchos erradicadores”, al referirse a los combates entre bandas del narcotráfico que se aprovechan de la necesidad de los campesinos para vincularlos a la resiembra de cultivos ilícitos.

Mientras, Jarrison Gómez, personero de Nóvita, municipio del Chocó, que inspiró la promulgación de la sentencia T-236, se refirió a los “graves daños” que genera para la salud humana el uso del glifosato.

Tanto el Gobernador como el Personero, plantearon la necesidad de que la Corte, en su próxima sentencia, tenga en cuenta las implicaciones económicas de la decisión que adopte frente al seguimiento que le hace a la sentencia T-236.

Implicaciones políticas

A lo anterior se agrega que la Corte tiene que evaluar el impacto de restablecer la fumigación de cultivos ilícitos con el uso del herbicida, pues además está el componente político, que en últimas fue el que inspiró la invitación a la audiencia de seguimiento a los expresidentes Juan Manuel Santos y César Gaviria Trujillo, ambos integrantes de la Comisión Global de Política de Drogas, una de las más reputadas organizaciones no gubernamental a nivel que integra a las más destacadas personalidades de América y Europa, y que propende por diseñar nuevos paradigmas para la lucha contra el narcotráfico.

Al respecto, si bien con ese organismo Colombia no ha suscrito ningún convenio, los dos ex mandatarios sí han impulsado nuevas posibilidades de combatir a los carteles, incluso hasta se ha pensado en la legalización.

Esto, sumado a que Colombia se comprometió con Estados Unidos a reducir los cultivos ilícitos en 100 mil hectáreas, a final de este año, hará que la decisión que pueda tomar el tribunal tenga en cuenta el impacto multilateral que pueden ocasionar al Estado colombiano los resultados de la lucha contra el narcotráfico.

La Presidenta de la Corte ratificó, no obstante, que aunque no hay un límite de tiempo determinado para decidir cuándo pronunciarse, la Sala Plena le dará “prioridad” a la revisión del tema teniendo en cuenta que “se trata de un asunto de interés nacional”, lo que como en ocasiones anteriores, podría estar pronunciándose antes de dos meses.

Así las cosas, solo será la Corte Constitucional en su sabiduría la que analice y decida qué valor les da a cada una de las intervenciones que se escucharon este jueves para pronunciarse sobre una de las sentencias más trascendentales de los últimos años, y que citó por primera vez a tres ex presidentes de la República.