En este año marcado por la pandemia, la corrupción se mantuvo entre los primeros ingredientes de la problemática nacional y sigue rampante en diferentes frentes sin importar la grave afectación económica y social que el nuevo coronavirus ha provocado en el país. Incluso, no se han salvado de su mano depredadora los recursos públicos que se han destinado para afrontar la crisis sanitaria.

Por presuntas irregularidades en el manejo de dineros destinados a la atención de la coyuntura varios gobernadores y alcaldes así como funcionarios de distinto nivel afrontan investigaciones penales, disciplinarias y fiscales. Era de esperarse que sería una gran tentación para los amigos de apropiarse de los recursos públicos los más de 100 billones de pesos que la administración Duque está destinando en este frente.

La referencia que se hace en primer lugar a los efectos de la corrupción en los recursos para enfrentar la crisis de la covid-19 es porque la pandemia sigue siendo pan de cada día, no obstante no se puede dejar de lado que los corruptos han mantenido este año sus tenebrosas manos sobre filones que desde hace rato son su presa, como es el caso del Programa de Alimentación Escolar (PAE), las regalías y la contratación pública.

De igual forma, el Congreso no se ha salvado pues como ha sucedido en otros años, algunos parlamentarios no han hecho honor a la noble función que tienen y han caído en indelicadezas en donde está de por medio el dinero.

Aunque sin duda el escalafón de corrupción en 2020 lo encabeza Hidroituango, pues si bien el debate en 2018 y 2019  se concentró en las fallas técnicas que no han permitido que la megaobra comience a operar alimentando en importante medida el suministro de energía en el país, este año las miradas se ha dirigido a los presuntos responsables de esta situación, que inclusive hizo que la Contraloría en días pasados señalara a los exgobernadores de Antioquia Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos; así como los exalcaldes de Medellín, Aníbal Gaviria (actual Gobernador) y Fabio Salazar, entre los 28 imputados como responsables fiscalmente por las irregularidades que se presentaron.

Atención de la pandemia

En marzo pasado el presidente Duque declaró la emergencia sanitaría y decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica para enfrentar la pandemia. En el caso de la contratación pública habilitó la de tipo directo, que claramente era necesaria para que los Gobiernos nacional, departamentales, distritales y municipales pudieran adquirir de la forma expedita, que demandaba la situación, equipos y elementos de salud para dotación de hospitales, así como la compra de alimentos para ayudar a las poblaciones menos favorecidas durante la cuarentena que se extendió por cerca de cuatro meses.

La Fiscalía, la Procuraduría  y la Contraloría conscientes de que esta contratación de emergencia podría ser una vena rota por la que desangraran los recursos públicos, acordaron trabajar de manera conjunta según sus competencias para el control del buen uso de estos dineros.

A finales de mayo pasado el procurador Fernando Carrillo, el fiscal Francisco Barbosa y el contralor Carlos Córdoba, entregaron un balance de los hallazgos y acciones producto de las investigaciones que adelantaban.

Por su lado, la Fiscalía anunció en esa oportunidad que imputaría y solicitaría medidas de aseguramiento contra 10 alcaldes, citó a interrogatorio en calidad de indiciados a 3 burgomaestres más y a 3 gobernadores por múltiples delitos, entre ellos, interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales, y diversos tipos de peculado.

El alcalde de Armenia (Quindío), José Manuel Ríos, está entre los burgomaestres que la Fiscalía imputó, en su caso por peculado y contrato sin requisitos por las irregularidades que se habrían presentado en uno que su administración firmó durante la emergencia y que habría favorecido a un financiador de su campaña, según el ente acusador.

Por estos hechos la Procuraduría también suspendió durante tres meses al funcionario, que se cumplieron en septiembre pasado, cuando retornó al cargo aunque siguen las investigaciones en su contra.

En tanto que la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia citó a interrogatorio en calidad de indiciados a los gobernadores de San Andrés, Everth Hawkins; Arauca, José Facundo Castillo y Guaviare, Heydeer Palacio.

También la Fiscalía logró la judicialización del gobernador de Putumayo, Buanerges Rosero, como presunto responsable de irregularidades y sobrecostos detectados en un contrato para la compra de 10 ambulancias medicalizadas para el departamento, por $3.460.634.610 para atender la pandemia por el covid-19.

Por su parte, la Procuraduría adelanta 512 procesos disciplinarios por presuntas irregularidades en 26 gobernaciones y 272 alcaldías en la emergencia sanitaria.

En tanto que por un presunto sobrecosto del 100% en la adquisición de 1.322. 700 tapabocas convencionales por parte de la Armada Nacional, la Contraloría General abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $992 millones contra el comandante de la Base Naval ARC Bogotá, capitán de Navío Jaime Gómez.

También inició tres procesos de responsabilidad fiscal por $2.121 millones contra el gobernador del Tolima, José Ricardo Orozco, por presuntos sobrecostos en dos contratos de suministros de kits alimentarios y de aseo y por el pago de mayores valores e intermediación innecesaria en un contrato relacionado con la estrategia de divulgación del tema covid-19.

El hecho de corrupción más reciente con los recursos para la pandemia fue revelado por la Contraloría General en torno a que 28 mil raciones de alimentos fueron entregadas por contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a 15 mil beneficiarios que aparecen en los registros como personas fallecidas.

De acuerdo con el ente de control fiscal, hay beneficiarios que aparecen en la Registraduría Nacional como fallecidos, pero a los que contratistas supuestamente les entregaron ración de alimentos. De igual manera, menores de edad que en la misma base datos están reportados como muertos, pero que su documento estaría siendo suplantado por beneficiarios.

PAE

En días pasados se conoció que la Fiscalía investiga 85 personas por el desvío de millonarios recursos de los Programas de Alimentación Escolar (PAE) en el país. Por estos hechos se encuentran en calidad de indiciados 49 funcionarios y exservidores públicos de distintas gobernaciones.

Las autoridades encontraron graves irregularidades en precontratos, millonarios sobrecostos, favorecimientos en la contratación, mala calidad en los productos y alimentos entregados y otras inconsistencias en esas raciones suministradas.

El gobierno Duque ha querido cerrar las exclusas del PAE a los corruptos con varias medidas, como la puesta en marcha en febrero pasado de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, la cual favorece la gestión de los recursos.

Sin embargo, la tarea no ha sido fácil pues los corruptos llevan a cabo todo tipo de peripecias para quedarse con estos recursos, como hace unos meses la Procuraduría denunció que contratistas del programa estaban dando carne de caballo y burro a niños de colegios en Santander.

Pensiones

En octubre pasado la Fiscalía en un trabajo coordinado con la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) logró la desarticulación de una estructura delincuencial dedicada al fraude pensional. Serían 22 mil millones de pesos los que estarían comprometidos por este entramado de corrupción que se habría desarrollado entre los años 2009 y 2015.

El trabajo investigativo adelantado por la Fiscalía permitió la judicialización de 11 personas, de las cuales 9 aceptaron su responsabilidad en los hechos descritos por el ente acusador.

Entre los afectados con la medida privativa de la libertad estaban funcionarios de la Rama Judicial de Barranquilla como jueces, secretarios, sustanciadores, notificadores, abogados, pensionados y servidores del antiguo Instituto de Seguros Sociales (ISS), otros lo son de Colpensiones.

La investigación evidencia cómo los procesados habrían conformado una organización delictiva que de manera fraudulenta, y mediante demandas laborales, obtenían el reconocimiento de pensiones de vejez, invalidez o reliquidaciones, todo sin cumplir los requisitos de ley.

Hidroituango

La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por $4,1 billones a 28 funcionarios y contratistas que afectaron la operación del Proyecto Hidroituango, como consecuencia de una larga cadena de errores que se dio desde su planeación y diseño, hasta su ejecución y control.

Este valor resulta de un lucro cesante calculado en $1,1 billones y una pérdida del costo del proyecto por $2, 9 billones.

Entre los 28 imputados figuran 10 miembros de la junta directiva de Hidroituango; 2 exgerentes de EPM, Juan Esteban Calle y Federico Restrepo; 2 gerentes de Hidroituango; 1 gerente de la filial EPM-Ituango; 2 exalcaldes de Medellín, Aníbal Gaviria y Alonso Salazar; y los ya mencionados exgobernadores de Antioquia. El resto son contratistas.

Al abrir el proceso de responsabilidad fiscal por estos hechos, se vinculó entonces a 34 presuntos responsables, de los cuales, con la decisión tomada ahora, de forma jurídica y autónoma, por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, 28 fueron imputados y a los 6 restantes se les archivaron las diligencias al no haber incidido de manera determinante en la causación del daño.

En el caso de Fajardo, la Contraloría lo señala de acciones y omisiones al no cumplir con todas las responsabilidades que tenía frente al proyecto como miembro de la Junta Directiva y no cuidar de la megaobra.

En cuanto a Ramos, Gaviria y Salazar, estos también deberán responder por omisión en la falta de cuidado en el proyecto de la Hidroeléctrica.

Cabe recordar que la crisis de Hidroituango empezó después de un desprendimiento parcial de material que llevó al taponamiento de uno de los túneles de desviación que llenaría el embalse de la hidroeléctrica con aguas del río Cauca, por lo cual se produjo la inundación del cuarto de máquinas, la alteración del caudal del río Cauca y la evacuación de 25.000 personas que vivían en el área de influencia.

Regalías

La Contraloría General de la República identificó el mes pasado 99 alertas en 528 contratos financiados con el Sistema General de Regalías, por un monto de $2,34 billones. 

Se trata de 359 proyectos en varias regiones del país que fueron aprobados, pero no contratados, no han sido aprobados o están vencidos o suspendidos. Las 99 alertas se detectaron después de que la Dirección de Información Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría General pusiera en marcha un modelo de analítica de datos que, con inteligencia artificial, logró revisar en tres meses 841 contratos de recursos de regalías  por un monto de $3,42 billones.

Política

El pasado lunes la Corte Suprema de Justicia impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al senador Eduardo Enrique Pulgar por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias en concurso homogéneo. En la misma decisión, la Sala se abstuvo de imponer medida por el delito de violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales, y determinó que no era procedente definir la situación jurídica por el delito de cohecho por dar u ofrecer.

El exjuez del municipio de Usiacurí, Atlántico, Andrés Rodríguez, aseguró que el parlamentario le ofreció $200 millones  si emitía un fallo favorable a un amigo suyo que le financiaba las campañas y le daba puestos en la Universidad Metropolitana de Barranquilla.

En tanto que en abril pasado, la Corte Suprema llamó a juicio al representante a la Cámara, Jimmy Díaz Burbano, por concierto para delinquir, contaminación ambiental y peculado por apropiación en favor de terceros, pues señala que cuando fue gobernador de Putumayo (de 2012 a 2015), habría colaborado con una organización dedicada a la minería ilegal.