El Centro Democrático presentará un proyecto de acto legislativo para establecer esta garantía. Miembros de la oposición manifestaron su rechazo. El NUEVO SIGLO dialogó con juristas para conocer sus impresiones sobre el debate generado

Con la extradición del exministro Andrés Felipe Arias, el debate por establecer la doble instancia para aforados de manera retroactiva se ha reabierto en la opinión pública. El Centro Democrático anunció esta semana que presentará un proyecto de acto legislativo con el propósito de que se establezca esta garantía.

EL NUEVO SIGLO dialogó con varios juristas para conocer sus opiniones sobre esta garantía. El constitucionalista Juan Manuel Charry manifestó que los tratados internacionales de derechos humanos “consagran esa garantía, estamos hablando de un derecho fundamental que es imprescriptible, que tiene prevalencia en el orden interno”.

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Afirmó que el debate generado es exagerado. “Me parece que la coyuntura con el caso de Andrés Felipe Arias ha contribuido a la polarización política y a que los argumentos sean en alguna manera desproporcionados”, sostuvo.

Señaló que “la Corte Constitucional en distintas sentencias ha exhortado al Congreso a regular la doble instancia y el Congreso lo ha hecho. Lo hizo para la doble instancia para aforados en la Corte Suprema de Justicia y se expidió un acto legislativo. Lo hizo con la doble instancia para la pérdida de investidura y también se expidió una ley. Y recientemente en una sentencia de unificación, en el mes de mayo, la Corte dijo que toda condena tenía derecho a ser revisada y exhortó al Congreso a que regulara”.

“Con esos antecedentes, que son varias exhortaciones para que el Congreso regule y este lo ha hecho, no estamos frente a la expedición de una ley para un caso particular, como ha sido parte de la crítica en el Congreso. Esto se está dando en un contexto de polarización política, de ánimos exacerbados de los distintos partidos”, añadió.

Charry dijo que también es exagerado decir que regular la doble instancia es abrir la posibilidad para una lluvia de demandas para el Estado. “Uno no puede partir del supuesto que a todos los van a absolver. El hecho que exista la doble instancia no quiere decir que van a absolver a los condenados, quiere decir que van a revisar si la condena estuvo bien puesta, lo que quiere decir que habrá unos casos en que sí y otros casos en que no. Ese es un riesgo que ocurre en cualquier proceso. Si el Estado se equivoca en cualquier proceso sancionatorio de naturaleza penal y revoca la sanción y se demuestra que hubo un error de la administración de justicia, existe la posibilidad que el afectado demande, pero no serían todos los casos”, dijo.

Afirmó además que en la exhortación de la Corte Constitucional al Congreso se señaló que esta garantía debía ser regulada de forma razonable. “Si uno revisa la última sentencia de la Corte, esta dice que hay que pensar en que la doble instancia tendría que ser regulada por el Congreso razonablemente. Que no se puede considerar la doble instancia como un derecho absoluto y que debe tener limitaciones en el tiempo. Es decir, debe haber condiciones y requisitos para acceder a esa doble instancia si se estableciera de manera retroactiva”, sostuvo.

Kenneth Burbano, del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, afirmó que la doble instancia es un derecho fundamental.

En relación sobre la retroactividad, afirmó que “el carácter de retroactividad de la ley en general obedece a una situación distinta en el derecho penal. La ley por principio general del derecho rige hacia al futuro pero tratándose de garantías fundamentales como, por ejemplo, la libertad, el carácter retroactivo de la ley se impone siempre y cuando sea en principio de favorabilidad”.

Señaló que, en ese sentido, hay varias razones para establecer la doble instancia de manera retroactiva. “La primera porque se trata de un derecho humano, la libertad. Dos, porque se trata de una salvaguarda al derecho de defensa y, tres, porque los tratados internacionales sobre derechos humanos, entre ellos, el pacto internacional de derechos civiles y políticos y la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de 1969, prevé ese principio para las personas que están vinculadas en un proceso penal”.

El exmagistrado de la Corte Suprema Jorge Aníbal Gómez, manifestó a este Diario que la doble instancia para aforados no estaba establecida hasta el año pasado porque “se pensaba que el fuero era suficiente garantía en la medida en que quien los juzgaba era la autoridad máxima en materia penal, pero lo que ocurre es que ellos también pueden equivocarse”.

Gómez también afirmó que esta garantía debe darse. “Si se les ha reconocido a unos, pienso que lo lógico es que las personas que hayan pasado por juicios sin una segunda instancia se les dé la oportunidad de que se les revise la decisión. No se está diciendo que se les va a anular esas sentencias. No está diciendo que se les va a revocar, simplemente que se va a revisar por un organismo que debe ser imparcial”, dijo.

El exmagistrado Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, consideró que la doble instancia para aforados no era necesaria.

“El fuero implica que la persona sea juzgada por el máximo tribunal con la mayor experiencia en un cuerpo colegiado de nueve magistrados. Por eso, la Corte Constitucional había dicho que contra los aforados el juzgamiento se adelantaba en Corte Suprema en única instancia. Sin embargo, como el acto legislativo de 2018 le dio por crear esa segunda instancia, de establecer salas de primera y de segunda instancia en la Corte, en mi opinión equivocadamente, es obvio que los que en el pasado se juzgaron en única instancia van a invocar el derecho a la igualdad”, manifestó.

“Eso va a ser complejo, es algo que no tiene antecedentes en el país, que violenta el principio de la intangibilidad de la cosa juzgada, pero los hechos se imponen y si abrieron el espacio con la reforma del año pasado, esto que se viene ahora es inevitable”, puntualizó.

Proyecto

El representante a la Cámara por Bogotá, Edward Rodríguez, del Centro Democrático, afirmó a ese medio que el proyecto que se presentará en los primeros días de le legislatura, que empezará este sábado, responde a un “mandato de órganos internacionales como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, es un mandato acogido por la Corte Constitucional. De tal manera que acudiendo a ese mandato internacional de garantizar la doble instancia a todos los ciudadanos. Para ello, se adecua la legislación y se le garantiza no solamente a Andrés Felipe Arias sino a todos los condenados en única instancia”.

En relación sobre la radicación del proyecto señaló que hoy será socializado con la bancada y posteriormente será presentado. “Hemos hablado con Cambio Radical. Estamos esperando si vamos a hablar con la propia Corte Suprema, con otras instancias, con la Procuraduría, con la Defensoría del Pueblo, así como con otros partidos políticos, para garantizar esos derechos fundamentales”, dijo.

Miembros de la oposición han manifestado su oposición a la iniciativa. La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, afirmó que “toda la oposición notificó al gobierno que rechazamos el proyecto sastre, hecho a la medida de Andrés Felipe Arias y a la impunidad de los delincuentes de cuello blanco condenados”.

En respuesta a las críticas, Rodríguez afirmó: “Nosotros lamentamos que sean muy blanditos con las Farc, que le dieron plena impunidad, pero que no garanticen los derechos humanos a todos los ciudadanos. Aquí no se está pidiendo impunidad como ellos le otorgaron a las Farc, aquí se está pidiendo justicia”.