El caso del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, puso en discusión las facultades que tiene el Procurador General para destituir e inhabilitar funcionarios elegidos por voto popular.
Sin embargo, la Carta Política también faculta al Contralor General para solicitar la suspensión de funcionarios elegidos en las urnas, de encontrarlos responsables en procesos de responsabilidad fiscal.
Sobre el particular la vicecontralora Ligia Helena Borrero indicó que la entidad no solamente ha ejercido esa facultad contra funcionarios elegidos por voto sino contra todos los funcionarios en general que así lo ameriten.
Añadió que la Contraloría General hasta el momento ha superado todas las demandas y tutelas contra sus decisiones de suspensión que han impetrado funcionarios elegidos popularmente.
EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo puede afectar la facultad que tiene la Contraloría General de pedir la suspensión de funcionarios elegidos por voto popular, el debate que se ha dado en torno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
LIGIA HELENA BORRERO:Recuerde usted que la Contraloría tiene una facultad constitucional de la suspensión verdad sabida y buena fe guardada que se ha ejercido, no solamente contra funcionarios elegidos popularmente sino en general contra todos los funcionarios públicos.
La Contraloría ha superado todas las demandas y tutelas de suspensión de funcionarios electos popularmente. Obviamente esto que pasó con el alcalde Petro impone un cambio de la jurisprudencia, que estamos atentos y estamos revisando.
ENS: ¿Cómo observa la Contraloría General el desarrollo que ha tenido el Estatuto Anticorrupción?
LHB: Para la Contraloría el Estatuto Anticorrupción nos ha permitido de verdad hacer una lucha contra la corrupción con la creación de las unidades, de la Unidad Anticorrupción, de la de Búsqueda de Activos, con respecto a la oralidad. Creo que nos ha permitido dinamizar el proceso de responsabilidad fiscal para recuperar los recursos públicos desviados.
ENS: ¿Está funcionando la Comisión de Moralización?
LHB: Sí, la Contraloría participa pero haciendo una presencia y énfasis en que somos un organismo autónomo constitucionalmente.
ENS: ¿Es suficiente con los dientes que tiene la lucha contra la corrupción o cree que falta?
LHB: Falta voluntad, falta hacerlo, falta el apoyo efectivo de la ciudadanía y el Gobierno para que la lucha contra la corrupción no sea un mero discurso. Creo que los hechos hablan por sí solos y el balance de la Contraloría, como EL NUEVO SIGLO lo puso hace poco en su editorial, habla por sí solo. Es decir, cuando se tiene la voluntad, con todas las limitaciones se puede hacer.
ENS: ¿Hay quienes consideran que el Estatuto Anticorrupción no reglamentó el lobby, que en el caso del Congreso es un tema sensible por los intereses que toca una ley, como el caso de la salud?
LHB: La transparencia, la ética, la probidad no necesitan leyes. Solamente se necesita hacerlo.
ENS: ¿Cuál es el balance de la Contraloría General en lo que tiene que ver con los procesos de responsabilidad fiscal?
LHB: Pues mire, ha habido fallos muy importantes, más de 1.200 fallos por casi $2 billones. Tenemos alrededor de 5 mil procesos en curso por más de $14 billones y estamos trabajando a toda marcha para cumplirle al país, no hemos dejado de trabajar un solo instante.
Casos
El gobernador del Valle del Cauca, Héctor Fabio Useche, fue el primer mandatario regional del actual periodo que salió del cargo el 26 de marzo de 2012 por una decisión de la Contraloría General, al encontrarlo responsable, junto con otros funcionarios del Departamento, de un detrimento patrimonial por 40.767 millones de pesos que se presentó unos años antes en la Industria de Licores del Valle por un contrato para publicidad de varios de sus productos. Para esa época Useche fungía como representante del entonces gobernador en la Junta Directiva de esta entidad.
El alcalde de Cartagena, Campo Elías Terán, fue suspendido del cargo el 30 de octubre del 2012 por decisión de la contralora General de la República, Sandra Morelli. La funcionaria solicitó la suspensión del Mandatario en el marco de una investigación fiscal por un presunto detrimento patrimonial en esa ciudad por $5.893 millones. De acuerdo con la Contraloría, en el contrato entre la Secretaría de Educación y Chemical Products se encontró que “el contratista no ha efectuado los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados, y los presentados para el cobro de sus facturas a la entidad figuran a nombre de una persona jurídica distinta”.
Terán murió en abril de 2013, producto de un cáncer de pulmón que lo aquejaba.