Recuperar el control de advertencia y alertar oportunamente sobre riesgos o daños inminentes al patrimonio público, propuso al Congreso el contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba.

Para este fin radicó un proyecto de acto legislativo que establece un sistema de control fiscal concomitante y preventivo, y que permite a este organismo adelantar actuaciones en tiempo real. 

La vigilancia en tiempo real estará sustentada en el uso de tecnología avanzada: big data e inteligencia artificial. En otras palabras, la auditoría y el control serán hechos a partir de datos abiertos.

Competencias

Uno de los aspectos novedosos del proyecto de acto legislativo es la unificación de las competencias de la Contraloría General de la República y las contralorías territoriales. Así mismo, el Contralor General tendrá la función de intervención frente a las contralorías territoriales, adicional a las facultades ya existentes.

La intervención de la Contraloría General frente a las contralorías territoriales se dará cuando se advierta ausencia de imparcialidad u objetividad en la función de estas o cuando  se requiera apoyo técnico.

En caso de eventuales procesos de intervención, los mismos se adelantarán respetando las garantías laborales de los empleados de la CGR y la estabilidad de los funcionarios de las contralorías territoriales en la Contraloría General.

El nuevo modelo de control fiscal asigna funciones jurisdiccionales a la CGR para la determinación de la responsabilidad fiscal y el fortalecimiento del proceso de cobro  coactivo, determinando que los créditos derivados de la responsabilidad fiscal deben tener prelación frente a otros acreedores.

Sistema de Control

Asimismo, el contralor Córdoba consideró necesario modificar el Artículo 267 de la Constitución Política y establecer un sistema de control concomitante y preventivo.

“El país no aguanta más que la Contraloría llegue a ver las cenizas de lo que muy posiblemente pueda encontrar, de los presuntos robos al erario público, por eso estamos pidiendo que tengamos una función preventiva, concomitante y posterior, para estar en todo momento vigilantes y atentos del recurso de todos los colombianos y superar esa limitante que hoy tenemos, que nos lleva a llegar después de pasados los hechos irregulares”, expresó.

“Lo que necesitamos es ser preventivos y en ese sentido hacemos un llamado al Congreso, para que se nos permita fortalecer la Contraloría General de la República, de aquí hacia el futuro, contando además con unas herramientas tecnológicas con las que buscamos llegar rápido y con un paso adelante sobre quienes se quieren quedar con los recursos públicos, que son de todos los colombianos”, añadió.

Ahorro de tiempo

Para establecer el Sistema de Control Fiscal y Preventivo, se propone modificar el Artículo 267 de la Constitución. Se llama “preventivo” porque se quiere evitar que ocurran daños fiscales.

Cuando prospere la reforma propuesta por el Contralor, este sistema preventivo será un complemento del actual control posterior y selectivo. De esta manera, será posible reducir sustancialmente el tiempo que llevan las actuaciones de gestión fiscal.

El proyecto crea por cada Contraloría Delegada Sectorial de la CGR una oficina con funciones preventivas.

Indica el proyecto que la aplicación del nuevo modelo de control fiscal será eficaz mediante el uso de tecnología avanzada. La auditoría y el control serán hechos a partir de datos abiertos.

Para ejercer la vigilancia “en tiempo real”, la CGR utilizará mecanismos como datos públicos digitales y bases de datos de registro y control de la contratación pública.

Contralorías

Hoy día existen 65 contralorías, sumadas la General, las departamentales, las distritales y las municipales. Funciona también una Auditoría General de la República encargada de vigilarlas. Esa cantidad genera la sensación de que el control fiscal está desarticulado.

Por eso, el Contralor considera urgente unificar las competencias de todas esas contralorías, de una manera ordenada y de acuerdo con su respectivo ámbito territorial, sin distinciones sobre el origen de los recursos públicos que deben vigilar.

Adicionalmente, se asigna al Contralor General de la República la función de organizar, en coordinación con la Auditoría General de la República, el Sistema Nacional de Control Fiscal, para armonizar y estandarizar la vigilancia de la gestión fiscal y con el fin de formular políticas públicas sobre la materia.

Asimismo la iniciativa asigna funciones jurisdiccionales a la CGR para la determinación de la responsabilidad fiscal y el fortalecimiento del proceso de cobro coactivo.

Actualmente, los fallos fiscales de la Contraloría pueden ser controvertidos en las instancias jurisdiccionales y por eso no alcanzan de inmediato el carácter de “cosa juzgada”.

Además, en el caso de los fallos con responsabilidad, el cobro coactivo, indispensable para recuperar los dineros perdidos, se supedita a que la Justicia decida si el acto administrativo que conduce al fallo es nulo o no lo es.