Se esperaba que mayoría de colectividades hicieran uso del mecanismo para escoger candidatos a comicios regionales de este año
La polarización política que hay en el país y la escaza motivación que despiertan los partidos en la ciudadanía son caldo de cultivo en la actualidad para las coaliciones, pues cada vez se hace más difícil a las colectividades ganar apenas con su nombre a través de un buen candidato.
Es un fenómeno que se ha venido incubando en los últimos años y se espera que en los comicios regionales de octubre próximo haga explosión en cuanto al número de estos acuerdos.
En ese sentido las consultas de partidos programadas para mayo próximo son la oportunidad para que las colectividades que decidan hacer alianzas escojan en las urnas los candidatos para las regionales de octubre, sin embargo, lo que se ve no es alentador en cuanto al desarrollo de este mecanismo pues apenas tres colectividades participarán.
Cuál es la explicación de que este año nuevamente se realice un número tan bajo de consultas populares de partidos e interpartidistas y que en general este mecanismo siga sin levantar vuelo en Colombia, a pesar de que el Estado gira importantes recursos para su financiación todos los años y que sobre el papel son un mecanismo idóneo para fomentar la democracia interna en las colectividades.
EL NUEVO SIGLO aborda algunos hechos que podrían explicar el fenómeno.
. Este año tampoco
El pasado 12 de abril al cerrar el plazo que dio el Consejo Nacional Electoral (CNE) a las colectividades parar que ratificaran su participación en las consultas interpartidistas del próximo mes, apenas los partidos Centro Democrático, Conservador y Liberal confirmaron que estarán presentes para elegir sus candidatos en 14 alcaldías y un concejo en diferentes regiones.
En marzo pasado, 16 partidos políticos y nueve grupos significativos habían manifestado su interés ante este organismo electoral de participar en las consultas.
Como consecuencia de entrada las consultas de este año entran perdiendo pues de 16 partidos con personería jurídica que podrían hacer uso de este mecanismo para escoger algunos de sus candidatos de cara a los comicios de octubre próximo, apenas tres participarán.
En tanto que el otro indicador para medir el resultado de una consulta es la participación de los ciudadanos, que desde luego hoy a un mes de su realización no se puede prever. No obstante, los antecedentes en anteriores ejercicios en este aspectos no son los mejores, es más se considera su talón de Aquiles.
En ese escenario no sería aventurado decir que las consultas de este año podrían nuevamente pasar sin pena y sin gloria.
. ¿Poco tiempo?
El calendario que estableció el Consejo Nacional Electoral para las consultas de este año habría estado en contravía de los intereses de los partidos, pues estableció que el 26 de febrero pasado tenían que comunicarle por escrito su decisión de participar.
Sin embargo, siete partidos enviaron una misiva al CNE pidiendo correr esta fecha porque en ese momento apenas comenzaban los diálogos para ponerse de acuerdo sobre hacer alianzas e ir a consultas interpartidistas. Al final el organismo electoral accedió mover este plazo al pasado 12 de marzo.
En dicha comunicación al CNE las colectividades señalaban que el procedimiento establecido forzaría “decisiones anticipadas que los partidos aún no hemos construido y acordado ni interna ni concertadamente, como es la presentación de cartas conjuntas firmadas por los representantes legales de cada partido para inscribir solicitudes de consultas interpartidistas en circunscripciones precisas y cargos a elegir”.
. Falta reglamentación
Otro elemento que explicaría el bajo número de colectividades que participarán en las consulta de este año es que la norma permite coaliciones en listas a concejos y asambleas. Es decir que varios partidos se pueden aliar y ponerse de acuerdo sin necesidad de ir a una consulta para escoger las personas que la integrarán.
El derecho a inscribir listas en coalición es reconocido por el Artículo 263 de la Constitución a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados hayan obtenido una votación de hasta el 15% de los votos válidos de la respectiva circunscripción. No obstante, el mecanismo está reglamentado solo a nivel de cargos uninominales (Presidente de la República, Gobernador, Alcalde).
Por ello las coaliciones que se armaron de cara a las pasadas elecciones de Congreso fueron posibles por el fallo de tutela No. 2500023420002017–05487-00 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al entenderlo como un derecho de aplicación inmediata que no requieren de previo desarrollo legislativo o de algún tipo de reglamentación legal o administrativa para su eficacia directa y que no contemplan condiciones para su ejercicio en el tiempo, de modo que son exigibles en forma directa e inmediata.
Es claro que algunas colectividades acudirán a las tutelas para poder presentar listas conjuntas en los comicios de este año a corporaciones públicas sin el desgaste de ir a una consulta, con alta probabilidad de que sean resueltas a su favor porque existe el precedente de 2018.
. Alto costo
Si bien las consultas interpartidistas son un mecanismo democrático por naturaleza, el poco calado que ha tenido en la ciudadanía ha hecho que reciban críticas por los costos frente a la escasa participación en las urnas.
Se recuerda que el Partido Liberal fue la única colectividad que participó en las consultas de noviembre de 2017 para escoger candidato presidencial entre Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo. Por ello recibió muchas críticas de otras formaciones políticas que le echaron en cara los más de $40.000 millones que la misma costó al erario.
Por ello hoy difícilmente una colectividad se atrevería a participar sola en una consulta para tomar decisiones sobre sus candidatos, evitando así ser acusada de ayudar a derrochar el erario.
Vale recordar el argumento que dio Claudia López para explicar por qué no habrá consulta interpartidista de movimientos alternativos y de izquierda para escoger un candidato único a la Alcaldía de Bogotá este año. “Nosotros queremos ser considerados con los bolsillos de los colombianos, la situación no está fácil y hacer una consulta interpartidista costaría miles de millones de pesos. Lo que hemos acordado es que con nuestros propios”, dijo la candidata de la Alianza Verde.