Las esperanzas de que el nuevo Legislativo marcara la diferencia quedaron en veremos. Por el contrario, no ha sido el protagonista que se esperaba 

Este lunes se cumple un año de las elecciones parlamentarias. Y si bien es cierto que el Congreso elegido ese 11 de marzo de 2018 apenas si lleva media legislatura de trabajo, no ha cumplido con las expectativas que se tenían 12 meses atrás.

Por ejemplo, tanto en el Senado como en la Cámara, cuyos integrantes se posesionaron el 20 de julio del año pasado, el gobierno del presidente Iván Duque tiene unas mayorías muy ajustadas. Sin duda una novedad frente a los dobles mandatos de sus antecesores, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, que en sus respectivos periodos siempre contaron con una coalición partidista superlativa, al punto de poder tildárseles de “aplanadoras”.

De otro lado, si bien es cierto que el gobierno Duque se comprometió a que no habría “mermelada” presupuestal ni burocrática en su relación con el Congreso -e incluso afirma que por eso su coalición es tan ajustada-, los críticos sostienen que no hay tal y que, por el contrario, hay nuevas formas de ‘enmermelar’ a los senadores y Representantes.

De un lado, se dice que tanto a La U -que era el partido de Santos y abanderado de su proceso de paz- como a los conservadores les mantuvieron muchos cargos, no tanto en el gabinete pero sí en institutos, agencias y otras entidades a nivel descentralizado y regional. Y, de otra parte, se denuncia que este Gobierno está creando una especie de “súper-mermelada” al incluir en el proyecto de reforma política un artículo que le otorga a los congresistas la posibilidad de sugerir en qué invertir el 20% del presupuesto anual de inversión, equivalente para 2019 a más de $9 billones. Es decir que la polémica por la “mermelada” sigue igual de un Congreso a otro.

Altibajos opositores

Lo que sí es una marca sui generis del actual Parlamento son los cambios determinados por la entrada en vigencia del Estatuto de la Oposición. Por ejemplo, hoy las bancadas están claramente divididas en tres franjas: la oficialista (Centro Democrático, La U, conservadores, MIRA y Colombia Justa y Libres), la independiente (Liberales y Cambio Radical) y la de oposición (Alianza Verde, Polo, Decentes, Farc y otras facciones pequeñas).

Ese esquema diferenciador de las bancadas ha sido, sin duda, una novedad, pero no por ello puede decirse que el Estatuto se ha aplicado en toda su extensión. La demora en la reglamentación de algunos puntos clave de la norma ha impedido que la izquierda pueda utilizarla para replicar discursos presidenciales o tratar de equilibrar cargas en el día a día parlamentario.

Es evidente también que la oposición, pese a tener a la cabeza dirigentes de peso específico como el excandidato presidencial Gustavo Petro o Jorge Enrique Robledo, si bien ha hecho ruido no ha podido bloquear, aunque sea una sola vez, de forma contundente al gobierno uribista. Es más, bien puede concluirse que las derrotas que la Casa de Nariño sufrió en el primer tramo de la legislatura (julio-diciembre de 2018), se debieron más al choque de criterios políticos con liberales, Cambio y hasta con sectores de su propia coalición, que a una acción unilateral del bloque de izquierda.

En cuanto al accionar del partido Farc, derivado de la desmovilizada guerrilla, este ha dejado mucho que desear. Pese a la ínfima votación obtenida en las urnas un año atrás, se esperaba que la bancada de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (con 10 curules aseguradas desde La Habana en Senado y Cámara) marcara la diferencia en los debates y planteara grandes pulsos de modelo de país y de políticas públicas frente a un gobierno de centro derecha y tinte uribista.

Sin embargo, la realidad es que el partido Farc ha estado en los últimos ocho meses a la defensiva. De un lado por los casos de ‘Santrich’ -preso y con riesgo de extradición-, ‘Márquez’ y ‘El Paisa’ -los dos primeros ni siquiera asumieron su curul y el tercero no se sabe si continúa sometido al acuerdo de paz-. Y, de otro, por los pulsos internos entre los sectores decepcionados del desarme y la desmovilización, y aquellos que consideran que pese a las fallas en la implementación del pacto ya no hay marcha atrás.

Poca productividad

Ahora bien, en la primera parte de la legislatura la productividad parlamentaria fue muy baja, distinto a lo que había pasado en los arranques de los cuatro gobiernos de Santos y Duque en los que, precisamente, ese primer periodo fue clave para sacar avante las iniciativas legislativas más importantes y ambiciosas.

Entre julio y diciembre los proyectos más importantes que fueron aprobados fueron la ley de Presupuesto General para este año y una reforma tributaria que, al final, tras una rebelión casi general del Congreso, apenas le representó al Gobierno la mitad de la expectativa de recaudo que tenía inicialmente.

Ni siquiera se avanzó sustancialmente en el paquete de proyectos anticorrupción derivado de la consulta popular de agosto pasado, pese al acuerdo inicial entre la Casa de Nariño, promotores y demás partidos para convertirlos en leyes y actos legislativos rápidamente. Ya varios se hundieron y los que sobreviven tienen un panorama complicado en el corto tramo de legislatura que irá de mediados de marzo a junio.

En materia de grandes reformas este Parlamento tampoco ha sido el más efectivo. Se hundió ya el proyecto de reingeniería judicial y la reforma política sigue viva pero muy recortada y de bajo alcance depurador frente a la propuesta inicial. 

De otro lado, aunque un año atrás se pensaba que un Congreso dominado por el uribismo, que luego ganó la Presidencia, lo primero que haría sería reversar algunos aspectos clave del acuerdo de paz Santos-Farc, ello no ha ocurrido. Los intentos por ‘meterle diente’ a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) no progresaron, como tampoco el esfuerzo de los partidarios del pacto por crear las 16 curules en la Cámara para las víctimas del conflicto.

Por último, para no pocos críticos el Parlamento elegido hace un año y posesionado en julio no ha sido protagonista principal en la tarea -efectiva o no- de tratar de solucionar problemáticas como el auge de narcocultivos, los crímenes de líderes sociales, la emergencia de Hidroituango, el aumento del desempleo o el paro de los estudiantes, entre otros.

Como se ve, mucha agua ha corrido desde que hace un año, en las elecciones parlamentarias, se empezó a abrir paso un nuevo mapa político. Un mapa que, luego, en las presidenciales, se remarcó aún más, produciendo un rompimiento con la era santista y todo lo que ella representó. Se pasó a un pulso permanente de centroderecha y centroizquierda. Sin embargo, las esperanzas de que el nuevo Congreso marcará la diferencia en ese nuevo escenario, siguen en veremos.