La clave para que la comisión de conciliadores de Senado y Cámara acordara suprimir del proyecto que regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías el artículo 210, que según algunos abría la puerta el fracking, fue que el Gobierno Nacional manifestó que no insistía más en su aprobación.
Uno de los parlamentarios que participó en la conciliación, el senador Guillermo García Realpe, indicó a EL NUEVO SIGLO que “el Gobierno manifestó que no insistía más en la continuidad del artículo 210 que hacía menciones al fracking. Entonces los parlamentarios que eran pro artículo 210 empezaron a manifestar que no insistían, y con eso se llegó a un consenso de eliminar del proyecto el artículo 210”, explicó.
Dicho artículo pretendía que las exenciones previstas en la Ley 1530 de 2012 siguieran cobijando a las iniciativas ya aprobadas para explotar yacimientos no convencionales y beneficiaran la eventual producción de los bloques en los que se desarrollen proyectos piloto aprobados en virtud de la Ley 1955 de 2019.
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Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, hizo todos los esfuerzos para que se mantuviera este artículo que fue aprobado por la Cámara en la discusión del proyecto que regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías, pero no por el Senado.
Tras ser hundido por la comisión de conciliadores el ministro Mesa dijo que “el artículo 210 no estaba decidiendo si autoriza o no una actividad, una técnica de extracción, eso en ningún momento ha sido motivo de discusión”.
Sin embargo, el senador Guillermo García señaló frente a esto que “es una interpretación, pero creemos que al mencionar tarifas de cobro de regalías en las explotaciones no convencionales, pues esa referencia implica una autorización legal. No se cobran impuestos y regalías a una actividad que no esté autorizada”.
El parlamentario liberal enfatizó que “difícilmente” puede haber en Colombia fracking por la obligatoriedad de observancia del principio de precaución que está establecido en acuerdos internacionales suscritos por Colombia y también en la Ley 99 del 93, artículo 1º, que es una ley superior del sistema nacional ambiental”.
El senador Guillermo García dijo que la aprobación del fracking en Colombia es difícil atendiendo el principio de precaución.
En la actualidad hay un par de proyectos de ley que buscan regular el fracking, sin embargo García Realpe dijo que la decisión del Congreso al suprimir este artículo 210 “es un mensaje muy fuerte, así como lo es Santurbán para el tema de minería en páramos en Colombia. Pueda que no sea el último proyecto, pero sí tiene mensajes muy fuertes de una sociedad colombiana que ya es muy conservacionista, es muy sensible con el medio ambiente. El país estaba más pendiente del artículo 210 que de la regulación del Sistema General de Regalías”.
Por su parte el senador Luis Fernando Velasco, otro de los conciliadores de esta iniciativa, indicó que “la comisión de conciliación de la Ley de Regalías, de Cámara y Senado, tomó la decisión de retirar el artículo que reglamentaba de alguna manera la tributación sobre el fracking. El mensaje político es muy claro: ni el Senado ni la Cámara quieren el fracking en Colombia.
Lo que viene
A pesar de que el presidente Duque en campaña dijo que en su gobierno no habría fracking, hoy la administración piensa otra cosa teniendo en cuenta que se acorta el horizonte para sostener la autosuficiencia petrolera y que las reservas de gas también se agotan.
Sin embargo, la posibilidad de implementar esta técnica de explotación fundamentada en inyectar agua a presión con químicos para fracturar la roca y extraer el petróleo y el gas, prohibida en varios países por sus eventuales efectos ambientales, depende de dos normas que fueron demandadas ante el Consejo de Estado.
Son el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014, expedidos por el gobierno anterior de Juan Manuel Santos, en donde se fijan los criterios para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.
Sin embargo, el Consejo de Estado permitió la realización de proyectos piloto de fracking mientras que emite una decisión de fondo en la citada demanda.
Precisamente en días pasados el alto tribunal negó la solicitud de suspensión provisional de la norma que establece parámetros para adelantar proyectos piloto de exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales.
Por su parte el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos, Francisco Lloreda, considera que las decisiones que tomaron el Congreso y la que pueda adoptar el Consejo de Estado generan inestabilidad jurídica para el inversionista nacional y extranjero en estos campos.