Faltan un mes y diez días para que la legislatura entre en receso hasta marzo y brilla por su ausencia la mayoría de las reformas anunciadas por el Ejecutivo, mismas que tanto gobiernistas como opositores consideran necesario debatir.
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Esto no quiere decir que la Casa de Nariño no haya llevado temas trascendentales al Congreso, como se verá más adelante; en cambio tiene que ver con el contexto legislativo al que llegan esas iniciativas para su trámite.
Hace un mes, cuando –como estaba presupuestado– la plenaria de la Cámara rechazó de manera apabullante la moción de censura impulsada por la oposición al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, algunos analistas lanzaron campanas al vuelo sobre la consolidación de la coalición de Gobierno.
Sin embargo, los hechos se han encargado de demostrar lo falaz de esa conclusión, porque con las excepciones de siempre (es decir, cosas como el Presupuesto suelen pasar sin problemas en todas las legislaturas) los proyectos del Gobierno están en permanente zozobra y no por la oposición o las otras bancadas oficialistas, sino por las dudas que los propios congresistas uribistas siembran en las iniciativas que lleva la Casa de Nariño al Capitolio Nacional.
Eso debe ser bastante frustrante para los funcionarios del Ejecutivo, porque no solo tienen que sortear el fustigamiento de la oposición (que para eso es), sino la resistencia de los legisladores del Centro Democrático (que supuestamente apoyan un Gobierno nacido de sus filas, ejecutor de su programa político).
Para la muestra un botón: el proyecto para ratificar el Acuerdo de Escazú, radicado con mensaje de urgencia el 20 de julio por los ministros de Relaciones Exteriores (Claudia Blum), Interior (Alicia Arango), TIC (Karen Abudinen) y Cultura (Carmen Inés Vásquez), así como los entonces jefes de la carteras de Justicia (Margarita Cabello) y Ambiente (Ricardo Lozano).
Aunque tiene mensaje de urgencia, o sea un expreso interés del Gobierno en su trámite y aprobación, han sido algunos congresistas del Centro Democrático los encargados de hacerle oposición. El ambiente en las comisiones segundas se ha aclarado, pero la incertidumbre todavía ronda el tratado de cara a su discusión en las plenarias, particularmente en la Cámara.
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Otras dos iniciativas con mensaje de urgencia, parecen tener mejor ambiente, aunque se prevén sobresaltos. Una de ellas, la reforma a la salud, promovida por Cambio Radical y apoyada por las bancadas del Centro Democrático, el Partido Conservador y La U, así como por un legislador verde, ha sido objeto esta semana de una serie de audiencias en las comisiones séptimas de Senado y Cámara para la construcción de la ponencia que tendrá próximamente primer y tercer debates conjuntos.
El 20 de julio, el presidente Iván Duque dijo que “nuestro compromiso con el futuro de Colombia es seguir fortaleciendo la salud, avanzar en un proceso de reactivación segura y repotenciarnos para labrar un porvenir de oportunidades”.
Teniendo mensaje de urgencia y apoyo de las bancadas mayoritarias no debería tener tropiezos, pero como se está planteando aquí eso no es garantía de nada.
De otra parte, comenzando esta semana, las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara le dieron primer y tercer debates simultáneos a la reforma al Código Electoral, radicada el 24 de agosto por la ministra del Interior, Alicia Arango, el registrador nacional Alexander Vega y el presidente del Consejo Nacional Electoral, Hernán Penagos.
La que estudia el Congreso es una reforma eminentemente técnica que pretende modernizar el sistema electoral de la mano de la tecnología, atacar el flagelo de la trashumancia y compilar la legislación electoral actual; pero aunque el objetivo es claro, la realidad legislativa podría jugar en su contra, porque ya se han ido hundiendo uno tras otro los proyectos de reforma política, en los que se volvía a insistir en temas como las listas cerradas y paritarias, asuntos en los que los congresistas no parecen querer dar su brazo a torcer.
Reformas clave
El viernes faltarán 16 meses para las elecciones parlamentarias de 2022 y como se sabe la campaña presidencial arrancó el 12 de octubre pasado con el manifiesto político del expresidente Álvaro Uribe.
Eso significa que se le acaba el tiempo a este Gobierno para poder presentar al Congreso las reformas de fondo que tanto ha prometido, pero que no ha podido aterrizar en proyectos de ley y acto legislativo. Es urgente radicar esas iniciativas y asegurar su aprobación en lo que resta de esta legislatura y la que empieza el 20 de julio del próximo año.
Con el sol comenzando a pasar a las espaldas, la Casa de Nariño seguramente está en la tarea de definir cuáles son las reformas que efectivamente llevará al Congreso.
Es evidente que ya no alcanza el tiempo para tramitar todas las iniciativas de las que se ha hablado estos dos años largos: política, régimen pensional, justicia, laboral, reingeniería ambiental y otras más.
Esta es la hora de comenzar a priorizar el orden de presentación e incluso resignarse a que no hay ambiente político ni coyuntura socio-económica para tramitar algunas de ellas, más aun mientras no se sepa a ciencia cierta el verdadero coletazo de la pandemia y cuál debe ser, entonces, el menú de medidas de fondo para neutralizar de forma estructural sus lesivos efectos.
En su discurso del 20 de julio pasado, el presidente Duque dijo que reformar la justicia sería uno de sus objetivos, pero todo parece indicar que el proyecto en el que trabajó arduamente la exministra Cabello quedará engavetado ante la línea trazada por el expresidente Uribe de someter a referendo algunos temas clave de esa iniciativa.
Paralelamente avanza en el Congreso (el 28 de octubre recibió el primer sí en la Comisión Primera del Senado) el proyecto número 240 de 2020 Senado, “por medio del cual se promueve el acceso a la justicia local y rural”, radicado el 26 de agosto por el procurador Fernando Carrillo, quien ha explicado que su eje central es el acceso de la ciudadanía a los servicios judiciales.
En cuanto a las reformas pensional y la laboral, al menos para el tercer año no estarían en los propósitos del presidente Duque, pero no se descarta que en 2021 se presente la pensional.
En contraste, la coyuntura de la pandemia llevó a Duque a tramitar en el Congreso la aprobación de la ley 2060 de 2020 que amplió hasta marzo la vigencia temporal del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF). Simultáneamente prolongó administrativamente hasta junio el Ingreso Solidario.
Realidad y necesidad
En agosto pasado María Clara Escobar, directora ejecutiva del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), le dijo a EL NUEVO SIGLO que si bien el principal reto de Duque en los próximos dos años “es el de sacar adelante las reformas ya anunciadas, principalmente reforma política y a la justicia”, anotó que “parece improbable” que logre la gobernabilidad para sacarlas adelante.
Esa realidad convierte en apremiante una intervención política ante la necesidad de mover la consigna de “ojo con el 2022” a la luz del manifiesto del expresidente Uribe en el que hizo una defensa de la gestión de su partido en la dirección del Estado, contraponiéndola a las amenazas que, desde su punto de vista, afronta Colombia y que se deben conjurar en las elecciones presidenciales de 2022.