Aunque en este momento es escasa la agenda en el Congreso en materia de proyectos de ley concernientes a los concejos, asambleas, juntas administrativas locales (JAL) y personeros, los que están sobre la mesa no han avanzado de la manera que se esperaba. Sin embargo, vale destacar que en la pasada legislatura se aprobó una iniciativa para el pago de honorarios a los ediles del país.
En ese sentido el pasado 28 de octubre, la Corte Constitucional declaró exequible el proyecto de ley número 54 de 2015 Senado de la República, 267 de 2016 Cámara de Representantes, que autoriza el reconocimiento de honorarios a los miembros de las juntas administradoras locales del país; y el pasado 4 de marzo fue sancionada la ley respectiva por el presidente de la República, Iván Duque Márquez.
De los proyectos que están en curso el único que ha tenido algún avance es uno que presentó el año anterior la bancada del Partido Liberal en la Cámara, orientado a fortalecer la gestión administrativa y financiera de las personerías municipales y distritales para el óptimo ejercicio de sus funciones.
Desde hace varios años las personerías, por intermedio de Fenalper (Federación Nacional de Personeros de Colombia), han impulsado con el concurso de congresistas al menos tres proyectos de ley orientados a fortalecer estas entidades desde el punto de vista presupuestal, con el fin de que puedan atender de buena forma la multiplicidad de funciones que les han sido asignadas en la Constitución y otras más que han ido apareciendo en el tiempo, como sucedió con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en la cual cumplen un papel de acompañamiento a los afectados.
Sin embargo esas iniciativas de las personerías indefectiblemente se han hundido en su trámite en el Congreso.
El actual proyecto propone aumentar en 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes el presupuesto anual de las personerías, lo cual se haría de forma progresiva.
Esta iniciativa de ley fue aprobada en junio pasado por parte de la Comisión Primera de la Cámara, y está a la espera de segundo debate en la plenaria de esta Corporación. Sin embargo de esa fecha a hoy, sigue pendiente de ser presentada la ponencia.
Hace unas semanas el director ejecutivo de Fenalper, Jesualdo Arzuaga Ramírez, dijo a EL NUEVO SIGLO que el presupuesto de las personerías hoy es apenas de 150 salarios mínimos. “Con eso funciona una personería al año en el país, y de ahí sale el salario del personero y de quien ejerce la secretaría en la personería. O sea entre el 70% y 80% se va en funcionamiento de la personería y el resto de funciones con lo poco que queda para cubrirlas”.
Mientras que en la Comisión Primera de la Cámara hace tránsito con ponencia para el primer debate un proyecto que presentó el pasado 21 de julio la bancada del Partido Conservador en esta Corporación, con el objetivo de reglamentar las etapas y los estándares mínimos previos a la elección de los personeros distritales y municipales por parte de los concejos.
La Constitución Política establece que le corresponde a los concejos distritales y municipales elegir el personero dentro de los 10 primeros días del mes de enero del año en que inicia su periodo constitucional, previo concurso público de méritos.
Sin embargo el proyecto de ley propone suprimir el concurso de méritos en el proceso de elección de personeros, pues argumenta que “este mecanismo desconoce la competencia atribuida a los concejos, pues el nombramiento no depende de la voluntad de la corporación pública territorial, sino de los resultados de las pruebas de capacidad e idoneidad que determine el concurso”.
En cambio la iniciativa plantea acudir a un sistema transparente, público, objetivo y basado en el mérito, que permita al organismo elector escoger entre los varios candidatos que superen la etapa de selección.
De tal forma el proyecto modifica el artículo 170 de la Ley 136 de 1994, estableciendo que “los concejos distritales o municipales elegirán personeros de la lista que resulte de los candidatos que superen la etapa de selección de la convocatoria pública”.
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Otras iniciativas
En la Comisión Primera del Senado de la República está pendiente de ponencia para primer debate un proyecto de ley por medio del cual se establecen mecanismos de rendición de cuentas y transparencia de la gestión de los congresistas, concejales, diputados e integrantes de JAL.
La iniciativa que fue presentada por senadores y representantes de distintos partidos obliga a los congresistas, concejales, diputados e integrantes de juntas administradoras locales a rendir cuentas a la ciudadanía mediante la presentación de informes públicos de gestión y la realización de audiencias públicas con la ciudadanía, de manera anual en las fechas y términos establecidos por la ley.
El proyecto en su parte motiva recuerda que por medio de la Sentencia C-74 de 2021 la Corte declaró la inexequibilidad por violación del principio de consecutividad del proyecto de ley estatutaria (146 de 2018 Senado / 255 de 2018 Cámara) por medio de la cual se establecían mecanismos de rendición de cuentas y transparencia de la gestión de los congresistas, concejales, diputados e integrantes de juntas administradoras locales.
Como consecuencia, lo que hace la presente iniciativa es recoger el espíritu de ese proyecto de ley y también, dicen los impulsores de la misma, la voluntad que manifestaron más de 11 millones de ciudadanos en la consulta anticorrupción del año 2018.
Ediles
En julio pasado se hundió por tránsito de legislatura un proyecto de ley que presentó el entonces senador Álvaro Uribe Vélez con el acompañamiento de otros parlamentarios del partido Centro democrático, que tenía por objeto garantizar el acceso a la salud y riesgos laborales de todos los ediles, fomentando las cotizaciones al régimen de seguridad social.
La iniciativa se fundamentaba en que en la actualidad la gran mayoría de ediles del país no cuentan con seguridad social.