Las iniciativas de cadena perpetua y Región Metropolitana de la Sabana todavía no están listas para darles séptimo debate

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Aunque en el sistema bicameral colombiano se habla de Cámara alta y Cámara baja (y cuando sesiona el Congreso en pleno, funge como presidente el del Senado), en realidad no está diseñado para que exista superioridad de una corporación sobre la otra.

Con todo, no deja de llamar la atención que la Cámara de Representantes haya sacado ventaja, en esta sui géneris coyuntura de la pandemia del coronavirus, a la hora de avanzar en la agenda legislativa. El 12 de mayo, después de un largo debate, esa plenaria aprobó una proposición por medio de la cual se le dio vía libre a las sesiones semipresenciales, pero ya antes había logrado tanto el debate como la aprobación de 14 proyectos de ley y acto legislativo.

En las últimas horas, la ministra del Interior, Alicia Arango, le propuso al presidente del Senado, Lidio García, del Partido Liberal, “avanzar de manera coordinada en un protocolo de bioseguridad, con el aval del Ministerio de Salud, para buscar la posibilidad de realizar sesiones presenciales en las instalaciones” del Capitolio Nacional.

Arango le respondió así a una solicitud de García para que “se levante la limitación única y exclusivamente para los servidores públicos de elección popular para realizar reuniones de más de 50 personas”.

“Es claro que no existe restricción para que, con el propósito de cumplir su función constitucional, los miembros del Congreso se movilicen por el territorio nacional. Sin embargo, las restricciones o limitaciones para el ejercicio presencial de las sesiones del Congreso de la República se encuentran contenidas en la resolución número 450 del 17 de marzo de 2020, la cual señala la prohibición de aglomeraciones de personas en espacios abiertos y cerrados”, precisó Arango, anotando que “no es posible acceder a su petición”.

Tiempo

En este contexto, como lo publicó recientemente EL NUEVO SIGLO, les está cogiendo el tiempo a proyectos como las reformas constitucionales que revive la cadena perpetua o permiten la creación de la Región Metropolitana de la Sabana.

Ambas iniciativas esperan séptimo de ocho debates en la Comisión Primera del Senado, cuando ya el lunes es 1 de junio y la legislatura concluye 20 días después.

El presidente de la Comisión, Santiago Valencia, del Centro Democrático, le dijo a este Diario que estaba pendiente que le llegaran de la Secretaría General los proyectos mencionados y que “una vez los tenga nombro ponentes”, quedando a la espera de “lo que ellos se demoren en presentar la ponencia” y “una vez la presenten se anuncian para la siguiente sesión”.

Sesiones

Entre tanto, ayer la plenaria de la Cámara aprobó en segundo debate el proyecto de ley que crea un sistema de alertas tempranas para la prevención de la violencia sexual de los niños, niñas y adolescentes en todo el país.

Según la representante por Bogotá, Ángela Sánchez, de Cambio Radical, la creación de este sistema sirve como un instrumento de articulación para identificar y atender los principales factores que inciden en los posibles actos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.

Por su parte, el miércoles fue aprobado en último debate el proyecto de ley estatutaria número 62 de 2019 Senado - 314 de 2019 Cámara, “por medio del cual se modifica y adiciona la Ley Estatutaria 1266 de 2008 y se dictan disposiciones generales del habeas data con relación a la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, y se dictan otras disposiciones”.

Esta semana, la Comisión Tercera del Senado empezó a debatir y a votar proyectos, lo mismo que la Comisión Séptima de esa misma corporación.

Hoy, la Comisión Primera de Cámara tiene agendado darles primer debate los proyectos de ley número 08 de 2019 Cámara, “por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de análisis e incentivos de actos para combatir y prevenir la corrupción – Ley Pedro Pascasio Martínez”, y 268 de 2019 Cámara, “por medio del cual se establecen principios y parámetros generales para la mejora de la calidad normativa en las entidades de la Rama Ejecutiva del nivel nacional y territorial”.

Transparencia por Colombia ha expresado que la Ley Pedro Pascasio Martínez, radicada el 20 de julio por la entonces ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, consideró en un documento del año pasado que “las temáticas abordadas por el proyecto de ley son muy relevantes para el contexto actual de lucha contra la corrupción en el país, en particular, lo relacionado con delación y protección de denunciantes de actos de corrupción”.

“Este tema viene siendo abordado por distintos proyectos de ley -lo cual refleja un mayor reconocimiento a su importancia para la lucha contra la corrupción- y compartimos varios de los planeamientos incluidos en la exposición de motivos del proyecto de ley. Sin embargo, consideramos que el articulado es muy débil y requiere de un profundo fortalecimiento”, puntualizó Transparencia.