LOS PROCEDIMIENTOS médicos con fines estéticos y las cirugías estéticas inseguras se han vuelto parte del paisaje en el país. Según la ISAPS, Sociedad de Cirugía Plástica Estética, Colombia encabeza el listado de países en los cuales más jóvenes menores de 17 años se realizan intervenciones estéticas en el mundo y ocupa los primeros lugares en el llamado turismo médico con más de 732.000 procedimientos realizados en el año 2022. Además, un estudio realizado por la Universidad ICESI muestra que solo el 56% del personal que realiza procedimientos estéticos son profesionales de la medicina.

“Estas importantes cifras, los casos que terminan de muerte relacionadas con este tipo de prácticas y la ausencia de una regulación especial y clara al respecto, llevó a que un grupo importante de congresistas radicáramos una iniciativa legislativa con la cual no se propone crear una serie de límites caprichosos, todo lo contrario, pretende garantizar la protección del derecho a la salud, catalogado como derecho fundamental por la Corte Constitucional colombiana, en especial, la vida y la salud de las personas que se someten a procedimientos quirúrgicos estéticos, que los mismos sean realizados por personas capacitadas, idóneas y con competencias quirúrgicas y que las autoridades competentes se vinculen de manera decidida y responsable a vigilar estas prácticas”, explicó la representante Karyme Cotes del Partido Liberal en diálogo con EL NUEVO SIGLO.

A su turno, la representante Carolina Giraldo del partido Alianza Verde recordó que ha habido una serie de denuncias por malas prácticas de personas que, incluso, no tienen título como médicos y que han realizado estos procedimientos, además de enfatizar que Colombia se está posicionando como un destino para realizar este tipo de cirugías estéticas.

Cambios

Este proyecto de ley va para segundo debate en la Cámara de Representantes y ya pasó por la Comisión. Entre el texto de primer debate y el texto para segundo debate se hicieron algunas precisiones, explicadas a detalle por la representante Alexandra Vásquez del Pacto Histórico.

Inicialmente, los médicos especialistas en prácticas médico y/o quirúrgicas como deber con sus pacientes, publicarán en un lugar visible el registro junto con los títulos de idoneidad, o en su defecto, deberán publicarlos por los medios a través de los cuales ofrezcan sus servicios.

Asimismo, el Ministerio de Salud, en un plazo de 12 meses evaluará a los profesionales en medicina no especializados que realizan procedimientos médicos y/o quirúrgicos con fines estéticos, con el objetivo de validar sus conocimientos y competencias para el ejercicio como especialista y emitir posteriormente su autorización.

Además, se incluyó a las IPS y a los prestadores de servicios de salud independientes, quienes también podrán ofrecer y practicar procedimientos médicos y/o quirúrgicos con fines estéticos.

Por otra parte, la base de datos creada por el Ministerio de Salud en la que reposen los datos de los profesionales habilitados o sancionados para realizar procedimientos médicos y/o quirúrgicas con fines estéticos, también será suministrada a los tribunales de ética cada 3 meses.

“Será deber del paciente informarse sobre la formación del profesional que realizará el procedimiento médico y/o quirúrgicos con fines estéticos, con el fin de verificar el título y la especialización. Estará a cargo del Ministerio de Salud la realización de campañas de procedimiento médico y/o quirúrgicos con fines estéticos, y los derechos y obligaciones de los médicos y los pacientes. Finalmente, como responsabilidad de los profesionales se contempla el debido proceso a través del tribunal de ética médica, con sanciones como la suspensión del ejercicio de la profesión hasta por 15 años y la cancelación definitiva del Registro Nacional del Talento Humano en Salud (Rethus)”, agregó Vásquez.

Sobre estos ajustes, el representante Víctor Salcedo del Partido de la U señaló que, aunque el enfoque en la seguridad del paciente se mantiene, la nueva propuesta introduce la responsabilidad y solidaridad por parte de la clínica donde se realizan los procedimientos.

“Es decir que, si se comprueba que el médico no cumple con los requisitos necesarios, la clínica también será responsable por haber permitido que una persona no calificada operará en su quirófano”, argumentó.

Por último, la representante Karyme Cotes sostuvo que, por lo general, los proyectos de ley no terminan como inician, y eso se debe a las diferentes posiciones, a los distintos aportes y proposiciones que se presentan en el transcurso de los debates. “Las iniciativas legislativas se robustecen de esos aportes y esta no ha sido la excepción”, enfatizó.

El proyecto logró la votación unánime en la Comisión Séptima Constitucional de la Cámara de Representantes y se espera que, tras superar tres debates más, pueda convertirse en Ley de la República.