Desde su función, delegado de la Defensoría del Pueblo dijo que hacen observaciones al Parlamento

Es importante que el Congreso de la República se ocupe del sistema de pesos y contrapesos que diseñó la Constitución del año 91, pero que se vio impactado por la instauración de la reelección presidencial inmediata, señaló Luis Manuel Castro, defensor Delegado de Asuntos Constitucionales y Legales, de la Defensoría del Pueblo.

El NUEVO SIGLO: ¿Qué esperan del nuevo Congreso de la República?

LUIS MANUEL CASTRO: Esperamos que el Congreso se tome en serio el tema de la reestructuración del sistema de pesos y contrapesos en el país, que se analicen en realidad los impactos que ha tenido la reelección en Colombia y la modificación en el sistema de controles en los periodos presidenciales, de alcaldes y gobernadores con los periodos de las Cortes y de los órganos de control. Esa es como una prioridad de la agenda legislativa en este momento.

ENS: ¿Específicamente de qué se ocupa la Delegación de Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo?

LMC: Nosotros en la Defensoría del Pueblo, la Delegada de Asuntos Constitucionales, cumplimos tres funciones: presentamos intervenciones ante la Corte Constitucional y la posición institucional en relación con los asuntos  que se discuten  allá en tutela de inconstitucionalidad; presentamos observaciones al Congreso frente a proyectos de ley que se están tramitando, como por ejemplo el fuero militar, temas relacionados como el que acabo de mencionar sobre la modificación del periodo presidencial, temas relacionados con discapacidad, igualdad; pero también nosotros  tenemos la posibilidad de plantear iniciativa legislativa, y en este momento estamos trabajando en la elaboración de un estatuto antidiscriminación y estamos trabajando con organizaciones de la sociedad civil sobre un proyecto de ley relacionado con la objeción de conciencia.

ENS: ¿Hay quienes consideran que con el Acto Legislativo de la Regla Fiscal el Estado se excusará para cumplir con derechos fundamentales de la población?

LMC: La Defensoría ha sido clara con el Acto Legislativo de Sostenibilidad Fiscal y la ley estatutaria que reglamentó el tema de sostenibilidad fiscal, adoptando la posición que tiene la propia Corte, que bajo ningún pretexto se puede utilizar el criterio de sostenibilidad fiscal como un principio para limitar la vigencia de los derechos. Es la única forma en que puede operar la sostenibilidad fiscal.

ENS: ¿Han recibido en la Defensoría del Pueblo quejas por la aplicación de esta norma?

LMC: Hasta el momento no ha llegado la primera queja. Sabemos que la Alcaldía de Bogotá recientemente haciendo uso del incidente de sostenibilidad fiscal solicitó no cumplir con una decisión judicial sino que el juez le permitiera cumplirla en plazos, pero no hemos tenido ninguna queja de la ciudadanía hasta el momento.

ENS: ¿En qué aspectos ven ustedes que se queda corto el desarrollo legal frente a los preceptos constitucionales en materia de derechos de la población?

LMC: En temas como el enfoque diferencial de comunidades indígenas, afrodescendientes y actualmente en Colombia está en mora de darse el debate en relación con el matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas del mismo sexo.

ENS: ¿En relación  con esto último, se supliría con los contratos solemnes que se hacen en las notarías?

LMC: En este momento esos contratos no satisfacen los estándares definidos por la Corte, ni los contratos hechos por los notarios ni el formato que tienen, y el asunto volvió nuevamente a la Corte. En este instante, la Corte está discutiendo si permite o no permite por vía de tutela que se realicen los matrimonios igualitarios. Es decir, ya la pelota no está en el Congreso sino que volvió a la Corte.