EL GROOMING o ciberacoso sexual de niños, niñas y adolescentes es la práctica por medio de la cual adultos contactan a menores de 14 años por internet, redes sociales, mensajería instantánea y otros, con fines sexuales.
Aunque de manera global se entiende que esta práctica es ilegal y reprochable, en Colombia no existe ese delito y para condenar los jueces deben hacer uso de otros tipos penales.
Es por esa razón que hoy en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, se llevará a cabo el primer debate del proyecto de ley 147 de 2023: “Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se establece el tipo penal de ciberacoso sexual de menores y se dictan otras disposiciones” acumulado con el Proyecto de Ley N.º 182 de 2023 Cámara: “Por medio de la cual se modifica la edad del consentimiento sexual para menores de edad, se protege la libertad sexual de niños, niñas y adolescentes en Colombia y se dictan otras disposiciones”.
“Esta importante iniciativa de mi autoría junto al senador Nicolás Albeiro Echeverry, busca principalmente tipificar penalmente el grooming o ciberacoso sexual de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, el proyecto también contempla espacios de educación para padres y menores, la responsabilidad de proveedores digitales y propicia concientización de toda la población frente a esta conducta, a través de actos simbólicos, como lo es la celebración del día nacional contra el grooming”, comentó el representante Andrés Jiménez.
Del mismo modo, explicó que el proyecto de ley 182 de 2023 está profundamente relacionado con el proyecto de ley 147 de 2023, pues los dos buscan la protección de los menores frente a los riesgos de explotación o vulneraciones en el ámbito sexual presentes, tanto en la red, como en relaciones sexuales y matrimonios a temprana edad o embarazos adolescentes. Es fundamental que desde estas iniciativas los legisladores contribuyamos a la protección del desarrollo personal, emocional y sexual de nuestros jóvenes”.
Impacto de la propuesta
En Colombia, en el año 2020 más de 4.000 páginas web fueron cerradas por material sexual de menores. Asimismo, en 2021 se registraron 177 denuncias por acoso sexual en internet a niños, niñas y adolescentes. Para julio de ese mismo año 28 personas fueron capturadas por pedofilia y se descubrieron 14.500 perfiles que vendían contenido sexual de menores.
El trabajo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía permitió a las autoridades asestar un duro golpe al delito cibernético en Colombia, bloqueando más de 35.000 páginas de pornografía infantil y capturando a 352 personas vinculadas a este delito.
El director de la Dijin, coronel Edwin Masleider Urrego Pedraza, en diálogo con este Diario, afirmó que “el ciberdelito es una amenaza creciente que trasciende a medida que la tecnología se vuelve más presente en la vida cotidiana y aumenta la dependencia de las personas y las empresas de la tecnología”.
Al respecto, Jiménez enfatizó que este proyecto es conveniente, pertinente y necesario en Colombia e impactará significativamente en la protección de los niños, niñas y adolescentes, desde su libertad sexual, permitiéndoles un desarrollo personal, emocional y sexual propicio.
“El grooming es un fenómeno en aumento a nivel mundial y Colombia no puede apartarse de la necesidad de penalizar esta grave conducta. En el país no existe este delito y es urgente adaptar este proyecto para erradicar, prevenir y sancionar el acoso sexual virtual de nuestros menores. Asimismo, el incremento de la edad mínima para el consentimiento sexual y para contraer matrimonio, impactará en la prevención de abusos sexuales, embarazos y otros hechos que afectan el desarrollo de los niños en Colombia. El Estado tiene el deber de impulsar, de la mano de todas sus instituciones, las transformaciones sociales y culturales en temas tan fundamentales como la prevención de los peligros asociados a las nuevas tecnologías de la información o consentimiento para sostener relaciones sexuales”, sostuvo.
A su vez señaló que independientemente de las banderas políticas, la protección de los niños, niñas y adolescentes es una prioridad para todos los colombianos. “Por esta razón, pienso que, tanto el Congreso como el Gobierno, verán con buenos ojos la iniciativa y brindarán los aportes necesarios para fortalecerla, durante el trámite y avanzar hasta su aprobación definitiva, teniendo en mente siempre el interés primordial y prevalente de los derechos de los menores”, concluyó.