EL CONGRESO de la República inicia la discusión de uno de los temas más polémicos en el país, pues la Cámara de Representantes le dará trámite a la penalización por consumo de fentanilo. El ponente de la propuesta es el representante del Partido Conservador, Juan Daniel Peñuela, quién explicó a EL NUEVO SIGLO que “el objetivo es hacer una modificación al Código Penal en los artículos 376 y 382 en lo que tiene que ver con los tipos penales de tráfico fabricación o porte de estupefacientes y procesamiento de narcóticos en el que se incluya en estos tipos penales el fentanilo. Si bien es cierto que el tipo penal habla de estupefacientes en general y el fentanilo con sus análogos en uso no médico se pueden considerar como un estupefaciente, es necesario establecer las cantidades mínimas para determinar las penas de prisión o de multa”.

Posteriormente, el parlamentario explicó cómo está Colombia en materia de cifras sobre consumo de este peligroso alucinógeno “hay muy pocas cifras todavía, pero sí nos tienen que generar una serie de alertas, según el Sistema de Alertas Tempranas del Ministerio de Justicia, advierte que de 2018 a 2023 se identificaron 36 casos de incautación de fentanilo en ampollas por parte de la Policía Nacional. Los primeros hallazgos que ocurrieron entre 2018 y 2019 eran menores a 10 unidades, sin embargo, desde 2023 las incautaciones aumentaron entre 100 y 280 ampollas, pero en febrero de 2024 cayó un cargamento de 2000 ampollas en La Guajira, lo que evidencia un mercado ilegal.

De igual manera, Juan Daniel Peñuela agregó que “van cerca de 30 muertes asociadas al fentanilo entre 2013 y 2023, pero el Instituto Nacional de Medicina Legal explica que en algunos casos hay mezcla con otras sustancias. También entre 2021 y 2022, cerca de 21 personas iniciaron tratamiento por el uso ilegal de esta sustancia. El Observatorio de Drogas de Colombia evidenció el consumo ilegal de fentanilo, pero no hay unas cifras contundentes que generen una situación de preocupación como ocurre en Estados Unidos, sin embargo, se debe legislar al respecto y antes de que esto se convierta en un problema de salud pública”.

Consecutivamente, el congresista expresó su preocupación por qué en Colombia aún no hay unas cifras que establezcan un índice de consumo, “no hay duda que el fentanilo está en el mercado negro, pero los indicadores de consumo realmente no encontramos unas cifras que sean totalmente dicientes a las que pueda llegar el número de consumidores en el país. Durante 2024, las autoridades llegan a incautar más de 200 unidades diarias de fentanilo en comparación al año 2016 o 2017, es obvio que ese indicador es un mercado ilegal de venta y consumo, más aún, tratándose de una droga sobre la cual los científicos han dicho tiene un mayor poder a la heroína, pues sus efectos en la salud y en la vida son irreversibles”.

Medidas de control del Gobierno

El representante, Daniel Peñuela, sostuvo que el Gobierno aún está en mora de imponer sanciones penales frente al uso ilegal de esta droga. “El Gobierno ha iniciado a abordar el problema con un estudio que se ha hecho por parte del sistema de alertas tempranas del Ministerio de Justicia en el que se habla de unas acciones desde el punto de vista de la prevención, pero sí nos preocupa la expedición de las resoluciones que son emitidas por parte del Ministerio de Salud y el Fondo Nacional de Estupefacientes que tienen que ver con la vigilancia y el control de todos los medicamentos de tipo opioide como el fentanilo”.

Frente a ese particular, el congresista explicó que “esas resoluciones que durante este gobierno no han tenido ningún ajuste. La primer resolución es la 1478 de 2006 que se enfoca en todos los temas de vigilancia, control y distribución, luego se modifica esta resolución con la 315 del 2020 y se establece un marco regulatorio ya dirigido a evitar el desvío del fentanilo para usos no médicos, pero entre el final del gobierno Uribe, los dos periodos de Juan Manuel Santos, la administración de Iván Duque y los dos años de Gustavo Petro, no se ha hecho un ajuste de esa regulación y el actual gobierno está corto en esa materia”.