Por considerar que el Gobierno Nacional no ha cumplido con los lineamientos trazados por el Consejo de Estado para iniciar los pilotos de exploración de fracking, un grupo de 20 congresistas de distintas bancadas y la Alianza Colombia Libre de Fracking, radicaron ante esa corporación un incidente de desacato.

En la acción judicial se argumenta que el Decreto 328 de 2020 expedido por el Ejecutivo, “no se están cumpliendo las condiciones dadas por el Alto Tribunal para avanzar con los proyectos pilotos de investigación integral de fracking - PPII.

Las razones principales que argumentan los demandantes son:

1) No incorpora los pasivos ambientales (impactos ambientales no resueltos/no compensados) que ha generado la industria de los hidrocarburos en los Yacimientos Convencionales.

2) No contempla un plan de acción concreto para desarrollar las capacidades y el fortalecimiento institucional.

3) No observa los estándares legales para garantizar integralmente la transparencia y el derecho de acceso a la información.

4) No establece una disposición que regule el concepto de licencia social y la forma en que esta se otorga por parte de las comunidades locales.

5) No contiene una estrategia de gestión del riesgo en los términos de las recomendaciones del Comité de Expertos.

6) El decreto contiene disposiciones que no garantizan el carácter científico de los Proyecto Piloto de Investigación.

“Mientras el Gobierno Nacional sigue avanzando con la reglamentación de los proyectos pilotos y tal como lo hicimos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, seguiremos alertando a las autoridades correspondientes y a la opinión pública de este avance silencioso en medio de la pandemia, que no permite que las comunidades tengamos acceso a la justicia ni a la información”, asegura en el documento la Alianza Colombia Libre de Fracking.

Los Congresistas firmantes del desacato, por su parte, sostienen que el Gobierno colombiano debe seguir el ejemplo reciente del Reino Unido  “donde se le ha puesto fin al fracking en todo su territorio”.

Además, solicitaron al presidente Iván Duque que “acate las decisiones judiciales que implican cumplir con las condiciones que garanticen aplicar el principio de precaución, los derechos de las comunidades del Magdalena Medio y de los colombianos en general”.

Los congresistas firmantes de la acción de desacato son: Aída Avella, Angélica Lozano, Katherine Miranda, Alberto Castilla, Gustavo Bolívar, Juan Luis Castro, Jorge Eduardo Londoño, Antonio Sanguino, Juan Carlos Lozada, Wilson Arias, Pablo Catatumbo, Iván Cepeda, Iván Marulanda, Gustavo Petro, Jairo Cala, Ciro Fernández, Luciano Grisales, Wilmer Leal, César Pachón y María José Pizarro.