Después de que se notificara el archivo de la investigación preliminar contra el Estado colombiano por parte de la Corte Penal Internacional (CPI), varios congresistas piden que se retiren los proyectos de ley que pretenden derogar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una de las instituciones que se derivó del Acuerdo de Paz firmado en 2016.
Así lo comentó el representante a la Cámara Gabriel Vallejo, quien sostuvo que la visita del fiscal Karim Kahn envió un mensaje de confianza en la institucionalidad de este tribunal. “¿La JEP es inmodificable?, ¿será que la Corte nos condicionó y nos presionó para que esto se hiciera de esta manera? Este es el sinsabor que queda. Pretender acabar con la JEP hoy no tiene sentido, este es un sistema de justicia transicional que está dentro del bloque de constitucionalidad”, expresó el congresista a los medios nacionales.
Por su parte, el senador Roy Barreras sostuvo que la JEP fue esencial para que se cerrara esta investigación internacional contra la nación, emitida desde 2004, por lo que invitó a sus compañeros a declinar las proposiciones en el Congreso.
“No han escuchado las voces que dicen adentro que la JEP es un tribunal de impunidad, ni han escuchado las voces contra la JEP. Ojalá el Gobierno deje de atacar la JEP y reconozca ante el mundo la legitimidad de la justicia transicional”, argumentó.
No obstante, la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) reiteró que seguirán impulsando este tipo de proposiciones, con el fin de que no haya impunidad en el país. “La JEP fue rechazada por los colombianos porque es un tribunal políticamente sesgado y con garantía de impunidad para las Farc; Colombia no quiere impunidad”, escribió en sus redes sociales.
Sin embargo, el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, quien habría sostenido un encuentro con el fiscal del CPI, el pasado miércoles, comentó que no se permitirá que movimientos políticos quieran modificar la Jurisdicción Especial para la Paz de acuerdo a intereses privados.
“El proyecto que ha radicado el Centro Democrático en el Congreso de la República para alterar la Jurisdicción Especial para la Paz, para crear en su interior salas para militares, es una afrenta directa a este acuerdo. Un proyecto de esos inmediatamente pondría en acción a la Corte Penal Internacional, tal y como ha quedado plasmado en el acuerdo que ha suscrito el presidente Duque”, indicó.
Los proyectos radicados en Congreso
Hay que recalcar que todas las proposiciones de reforma constitucional que buscan hacer modificaciones a las funciones de la JEP provienen de tres congresistas del partido de Gobierno, y todas están para su primera discusión en la Comisión Primera de Senado.
Inicialmente, la congresista Milla Romero, quien asumió la curul del expresidente Álvaro Uribe, presentó, en agosto del año anterior, una nueva proposición que derogaría este tribunal, al considerar que generan unos altos costos para las finanzas del Estado, así como varios incumplimientos en normas de su funcionamiento. Pese a ello, el proyecto podría ser archivado a seis semanas de que finalice el periodo legislativo.
De otro lado, en septiembre de este año, la senadora María Fernanda Cabal radicó una proposición donde restringía a la Jurisdicción Especial de Paz para emitir sentencias condenatorias contra los militares que dieron su versión del conflicto armado en este tribunal, al igual que regular la manera en la que los soldados puedan estar cumpliendo medidas de aseguramiento en los centros carcelarios del país. Tal como la anterior, no ha cursado su trámite en el Senado.
Cabe recordar que la senadora Paloma Valencia presentó en el periodo del 2018 una reforma constitucional donde buscaba la creación de salas especiales para las Fuerzas Militares. Aunque dio origen para que el entonces senador Álvaro Uribe entablara un acuerdo político con el sector de oposición, liderado por el ahora candidato a la Presidencia Gustavo Petro y el congresista del Polo Iván Cepeda, la iniciativa nunca avanzó en el Congreso, por lo que fue archivada por vencimiento de términos.