Una nueva controversia jurídica enfrenta al fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y al excandidato presidencial de Colombia Humana, Gustavo Petro Urrego. 

A la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia por cuenta del famoso ‘Petrovideo’ en el que aparece el dirigente político recibiendo varios fajos de dinero en efectivo que guarda en una bolsa plástica, se sumó otro elemento que le podría complicar aún más su situación judicial.

Se trata de la decisión de la Fiscalía que compulsó al juez natural de aforados constitucionales copia de dos pagarés por valor total de $100 millones con destino a la ‘Campaña Petro presidente’ de 2018, hallados por el CTI en una diligencia de registro y allanamiento a la casa de Juan Carlos Montes.

Montes, amigo personal de Petro y quien manejaba los recursos de su campaña, es la misma persona que al parecer le entregó el dinero en efectivo, según el video revelado por la senadora Paloma Valencia en noviembre pasado durante un debate de control político al fiscal Martínez.

Dice la Fiscalía General en un comunicado que “se trata de pagarés originales en poder de Montes, en los que constan préstamos de dinero en efectivo por valor total de $100 millones a favor de la ‘Campaña Petro presidente’, suscritos por la gerente de la misma, señora Blanca Durán Hernández – en calidad de deudora-, a favor de la señora Blanca Azucena Mendoza –en calidad de beneficiaria prestamista-, de fechas 24 de mayo y 13 de junio de 2018” (Sic).

Según el ente acusador, uno de estos pagarés no fue reportado en los gastos de campaña ante el Consejo Nacional Electoral.

“El pagaré de fecha 13 de junio no se encuentra reportado a la Organización Electoral en el Anexo No. 6.4 del Informe de Ingresos y Gastos de la Campaña Presidencial, según la información reportada en el aplicativo Cuentas Claras (Resolución 3097 del 2013 del CNE), que como medio abierto fue consultado por la Fiscalía. Por el contrario, el pagaré de fecha 24 de mayo sí obra en los informes que reposan en el Consejo Nacional Electoral”.

El allanamiento

La diligencia judicial se practicó a la residencia de Montes el pasado 26 de diciembre por orden del fiscal de conocimiento “dada la existencia de contradicciones entre las versiones del señor Simón Vélez y del señor Montes en relación con los hechos investigados”.

Vélez es el arquitecto que según Petro le habría prestado esos recursos a su campaña presidencial, aunque en un comunicado público lo desmintió, versión que luego ratificó ante la Fiscalía General.

La legalidad de esta diligencia judicial no se puso en duda, pues “se hizo en presencia del señor Montes, de sus defensores y del representante del Ministerio Público. La orden de  allanamiento, el procedimiento y sus resultados –a cargo del Fiscal Sexto Local Delegado ante el CTI- fueron declarados legales por el juzgado 41 penal municipal con función de garantías, sin que se hubiese presentado recurso alguno”, agrega el ente acusador.

Petro le responde al Fiscal

Este miércoles, el senador Petro le respondió al Fiscal a través de su cuenta de Twitter. “Fiscalía dice: “encontramos pagarés que no fueron reportados en mi campaña y de inmediato toda la prensa lo repite para generar desprestigio. Ni la fiscalía, ni la prensa miraron las cuentas de la campaña. El pagaré vigente de Blanca Azucena Moreno está registrado”, escribió el congresista, y anexa un facsímil del documento que dice reposa ante el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y campañas Políticas del CNE.

Igualmente, en declaraciones a varios medios, la entonces gerente de la ‘Campaña Petro presidente’, Blanca Durán Hernández, asegura que se reportó ante el CNE “hasta el último peso”.

“Continúa la campaña de desprestigio contra la campaña”, y asegura que “todos los préstamos que se solicitaron, se pagaron con la reposición de votos”.

Durán le dice al fiscal Martínez en un trino desde su cuenta personal: “Señor Fiscal, si usted no sabe usar el aplicativo de Cuentas Claras del CNE, acá le envío el anexo donde se muestra el préstamo de Blanca Azucena Mendoza.

Según la gerente, “lo que busca la Fiscalía es desprestigiarnos. Todas esas acusaciones son falsas”, concluyó.