Expertos consultados por EL NUEVO SIGLO dicen que el país debe hacer mayores esfuerzos en materia política y electoral para superar el fenómeno. El Gobierno prepara reformas a raíz de la “Gran Conversación Nacional”

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Esta semana Transparencia Internacional publicó su más reciente informe ‘Índice de Percepción de Corrupción 2019’. El estudio demuestra que más de dos tercios de los países analizados -180 en total- muestran signos de estancamiento o de retroceso en sus esfuerzos anticorrupción.

Y Colombia no fue la excepción: con una calificación de 37 puntos sobre 100, siendo 0 corrupción muy elevada y 100 ausencia de la misma, hace parte de ese grupo de países, ocupando el puesto 96 de la lista. Si bien se mejoró en tres puestos en el indicador frente al informe anterior, desde 2012 se mantiene entre 36 y 37 puntos sobre 100.

Según Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, para atajar este fenómeno debe existir una reforma desde el punto de vista normativo que “es importante que se haga en dos ámbitos: una reforma al sistema político y otra al sistema de justicia. Ambos son elementos esenciales de una estrategia de fortalecimiento de las instituciones democráticas”.

El director de la ONG sostiene que “la reforma al sistema político la hemos venido discutiendo por varios años en el país. Recordemos que a finales de 2018 se hundió una reforma propuesta por el presidente Duque y consideramos muy importante que ante la demanda de medidas anticorrupción más efectivas que plantean estos indicadores y las movilizaciones ciudadanas este sea un tema que se pueda retomar”.

El directivo de Transparencia por Colombia indica que es importante incluir el tema de “transparencia en financiación de partidos y campañas, sobre eso hay unas recomendaciones que se han hecho a lo largo de estos años y que vale la pena incorporar”.

Además, indica que en materia de reforma a la justicia el foco debe ser cómo fortalecer las capacidades de los actores judiciales para detectar, investigar y sancionar de manera efectiva actos de corrupción. “Esto pasa por fortalecer las capacidades dentro del propio sistema judicial para abordar riesgos o problemáticas de corrupción que hemos visto en el pasado como conflictos de interés, gestión de documentos al interior del proceso judicial, las funciones nominadoras de las altas cortes y demás”, afirma.

Hernández añade que en términos de sanciones a la corrupción hay un tema que preocupa bastante, y en el que vale la pena seguir avanzando, que es el reconocimiento de víctimas en casos de corrupción y su reparación efectiva.

“La gran diferencia frente a otros procesos internos de este tipo de reformas en años anteriores es que hoy en día hay un clamor ciudadano más fuerte, no solo expresado a través de encuestas y estudios. Hay un descontento de la ciudadanía frente a la lucha contra la corrupción, este no solo es un llamado al Gobierno sino al Congreso. Lo que esperamos es que el Legislativo escuche esa demanda y discuta una reforma política y de justicia de manera abierta y transparente”, explicó Hernández.

En su opinión, el problema es que pareciera que las reformas en esta materia no terminan avanzando por intereses particulares de fuerzas políticas, “y yo creo que lo más importante es que el Congreso y los partidos reconozcan que la ciudadanía espera de ellos mucho más”.

La “Conversación Nacional”

Por otro lado, la directora Ejecutiva del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, María Clara Escobar, aseguró que el Gobierno ya está tomando medidas para presentar reformas efectivas contra la corrupción cuyo insumo ha sido la “Gran Conversación Nacional”.

“Hemos trabajado puntualmente en la mesa de transparencia y lucha contra la corrupción junto al Gobierno nacional, se han venido haciendo convocatorias, organizando los principales temas y medidas que se deben aceptar y hemos llegado a cinco grandes categorías: fortalecimiento de la participación ciudadana, reformas normativas, prevención de la corrupción, ajustes institucionales e investigación y sanción de la corrupción”, explica.

Según la experta, en esta conversación se recogen las propuestas ciudadanas y de analistas. De allí saldrán reformas para presentar al Congreso como la reforma política, la reforma a la justicia, la reforma electoral y la adecuación de espacios institucionales de lucha contra la corrupción. Además del diálogo se revisa las oficinas de moralización, los pliegos tipo y las mediciones de empleo público junto al fortalecimiento de la investigación de los delitos asociados a la corrupción como la responsabilidad fiscal y el lavado de activos.

Escobar aclara que en los insumos que se recogen en estas mesas también están los partidos políticos y expertos de la academia. “Estas propuestas deben ser sometidas por parte del Gobierno a un análisis de viabilidad técnica jurídica y financiera y las acciones para llevarlas a feliz término. De hecho, el pasado lunes el Ministerio del Interior firmó un acuerdo de entendimiento con el Consejo de Estado y representantes del Congreso para sacar adelante el proyecto de ley de reforma electoral; a pesar de que estas reformas no son de competencia del Ejecutivo él ayuda, impulsa y mueve a los principales actores para que las reformas puedan salir adelante”, sostiene.

Bandera anticorrupción, ¿politizada?

Para el exfiscal general Alfonso Gómez Méndez, en Colombia “no necesitamos más normas ni más leyes, ni más discursos anticorrupción que solo sirven para impulsar campañas políticas. Aquí lo que se necesita es aplicar lo que ya existe, tenemos un Código Penal con las penas más altas en toda América Latina en materia de lucha anticorrupción; tenemos instrumentos que están en la Constitución como la lucha en materia de enriquecimiento ilícito, la extinción de dominio de bienes adquiridos ilegalmente; tenemos desde 1995 un estatuto anticorrupción que después se repitió recientemente. De lo que se trata entonces es no más carreta alrededor de este tema y no más explotación política de la corrupción. Simplemente se deben aplicar las normas vigentes”.

Según dijo, “una medida adicional sería modificar el sistema político para que las elecciones no se conviertan en lo que yo he llamado ‘el partido de los contratistas’ para que haya control político real en el Congreso, en vez de estar sacando tantas leyes. Desde luego, los jueces deben aplicar las leyes que ya existen”.