EN MEDIO de ires y venires entre los equipos de negociadores de paz entre el Gobierno nacional y el Eln, el pasado 3 de agosto se venció el plazo sobre el cese al fuego bilateral acordado en medio de las conversaciones de paz. A la espera de nuevas determinaciones de ambas partes, EL NUEVO SIGLO consultó con senadores de las comisiones de paz sobre el futuro de las conversaciones tras la ruptura del cese de hostilidades.

El senador de Cambio Radical, David Luna señaló que “lo que se necesita para mantener una negociación de paz es voluntad, y claramente el Eln no la ha tenido por lo menos, no la ha demostrado. Finalmente, el único que cumple con el cese al fuego es el Gobierno, desprotegiendo a la sociedad civil. Mientras tanto el Eln sigue secuestrando, extorsionando y atentando contra la ciudadanía”.

A su turno el senador del Partido Conservador Nicolás Echeverry sostuvo que “una conversación siempre deberá ser con base en un Estado Social de Derecho en la legítima obligación legal y constitucional que tiene el ejército, el Ministerio de Defensa y la policía de actuar en proteger al ciudadano. Nunca el diálogo es inoportuno, va a ser excesivo o va a sobrar, pero ese diálogo tiene que ir acompañado de acciones que demuestren un interés de no extorsionar, de no secuestrar más la gente y de no entorpecer el crecimiento económico del país”.

De igual manera, José Vicente Carreño del Centro Democrático aseguró que “está a la luz pública que estos sinvergüenzas no tienen compromiso con el país, han demostrado cada día que le juegan sucio al presidente y a Colombia con la mesa de los diálogos, el gobierno debe ponerse más serio y hacer ajustes e indagar qué es lo que quiere el Eln, sentarse a la mesa de negociación, reestructurarse, fortalecer su estructura financiera, o ir al combate. Durante lo corrido de estos dos años de gobierno en Arauca han sido asesinadas 780 personas y han ocurrido más de 60 secuestros, y según dicen las estadísticas en el 80% de los casos ha sido responsable el Eln”.

Igualmente, el senador Germán Blanco del Partido Conservador expresó que: “Yo soy partidario de que exista un cese al fuego bilateral, no concesiones de Estado que permitan la impunidad para que mientras se diga que hay un cese al fuego el Eln mantenga acciones subversivas que atenten contra la población como lo vienen demostrando. Cómo eso ha venido sucediendo sistemáticamente toca aplicar la fuerza del ejército, el accionar de la justicia, de la policía contra la subversión en Colombia que demuestra todos los días que lo que menos quieren es la paz”.

Por su parte, el senador Alejandro Chacón del Partido Liberal indicó que “el no continuar con esta medida implica adelantar conversaciones en medio de la guerra en donde indudablemente se afectará mucho la sociedad civil porque continuarán con actividades delincuenciales como extorsiones, secuestros y demás acciones que afectan a los civiles, es decir que se trata de actividades que constituyen el financiamiento de los grupos armados como el Eln”.

Contradicciones sin solución

Al respecto, David Luna argumentó que “a este Gobierno se le olvidó un importante principio que se debe tener en cuenta en todo proceso de paz; nada está acordado hasta que todo esté acordado. En lugar de seguir siendo permisivo y complaciente con los delincuentes, el presidente Petro debería enfocarse en proteger la vida y la integridad de los colombianos”.

Por su parte, el senador Echeverry dijo que “no conozco el último informe de los negociadores ni conozco a profundidad los elementos que tuvo el Estado para levantar el cese al fuego, pero esperemos por el bien de Colombia que esos diálogos arrojen acciones positivas”.

De igual forma, Vicente Carreño agregó que “el Gobierno nacional tiene que tener una postura mucho más radical y no dejarse manosear más de estos grupos terroristas”.

A su vez, el senador Germán Blanco manifestó que “aquí hay sociedad civil, hay una institucionalidad que reclama que a los subversivos se les aplique toda la fuerza de la ley”.

Mientras que el senador Alejandro Chacón dijo que “el gobierno debe exigir mucha más seriedad en las decisiones, adelantar con mucha más agilidad un acuerdo o por el contrario imponer la ley a través del uso legítimo de la fuerza”.