Antes del receso legislativo, Senado y Cámara no tienen sino 11 semanas de período ordinario

_______________

Arranca en el mes de octubre y lo que para el común de los mortales occidentales son los últimos tres meses del año.

Sin embargo, el primer día del décimo mes del año señala en el Capitolio Nacional 11 semanas hasta el 14 de diciembre para que las sesiones ordinarias entren en receso (el 16 de diciembre cae domingo) hasta el 16 de marzo de 2019, cuando se reiniciaría la primera legislatura hasta el 20 de junio.

A razón de dos plenarias cada semana, estamos hablando de 22 sesiones en cada una de las cámaras, aunque probablemente las mesas directivas decidan meterle el acelerador y sesionar casi todos los días entre el 3 y el 14 de diciembre. O tal vez empiecen la maratón en las últimas semanas de noviembre.

¿Qué tiene de particular este calendario? Nada menos que una agenda muy cargada.

Como se verá, lo más probable es que se requiera citación a sesiones extras en diciembre, en enero o en febrero (o ¿diciembre, en enero y en febrero?).

Paquete anticorrupción

En primer lugar, una de las presiones para el Congreso es que en la mesa técnica anticorrupción los partidos se comprometieron a tramitar y aprobar antes del receso legislativo el primer paquete que transforma en proyectos de ley y reforma constitucional los mandatos de la consulta del 26 de agosto.

Son 13 las iniciativas (ocho concertadas en la mesa técnica anticorrupción y cinco presentadas por el Gobierno, una de ellas con la Procuraduría) que tramitará el Congreso en las próximas semanas: audiencias de presupuesto, rendición de cuentas, declaración pública de intereses, conflictos de interés, tope salarial de congresistas, salarios de altos funcionarios, inhabilidades para condenados por corrupción,

Mesa técnica anticorrupción, cárcel a corruptos, responsabilidades penales para personas jurídicas, límite a elección en corporaciones públicas, pliegos tipo, declaración de renta sin reserva e imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

Reformas política y judicial

A las iniciativas anticorrupción hay que sumar las de reforma política y judicial.

Como las deficiencias del sistema electoral colombiano son evidentes y el respectivo código rige igualitico desde 1986 (¡hace 32 años!), las ideas para actualizarlo se presentan crónicamente.

Pero siempre fracasan o se quedan a mitad de camino, salvo contadas excepciones. El Congreso logró, durante el doble cuatrienio de Álvaro Uribe, sacar adelante dos relativamente exitosas: la de 2003, que trajo orden a los partidos, y la de 2009, que estableció la silla vacía.

El más reciente fracaso fue la reforma política que se desprendía de los acuerdos de La Habana.

El actual Gobierno radicó su proyecto al día siguiente de posesionarse. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, explicó que los proyectos de reforma política incluyen “la terminación de la figura del voto preferente, la democratización interna de los partidos, la autonomía administrativa y presupuestal del Consejo Nacional Electoral y paridad de género en la conformación de las listas para las corporaciones públicas, es decir 50% hombres y 50% mujeres”.

Algunas de las propuestas presentadas por los partidos ya se acumularon a la del Gobierno, pero otras se tramitarán por aparte.

Igual pasa con la reforma a la justicia. Cambio Radical picó en punta, luego llegó el proyecto del Gobierno y terció la iniciativa del Centro Democrático. Es posible que lleguen más y algunas se podrán acumular. En este tema lo que por lo pronto está claro es que no habrá ‘supercorte’. Lo demás está por decantar en el debate.

Plan Nacional de Desarrollo

Pero, como si fuera poco, el Congreso debe tramitar y aprobar dos temas clave para el cuatrienio: el Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto General de la Nación.
Antes del 7 de febrero, el Gobierno debe presentarle al Congreso el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo.

El Gobierno elabora el Plan de acuerdo con las metas anuales del balance primario del sector público no financiero. En esta etapa participan las autoridades de planeación y las entidades territoriales.

Después, la propuesta correspondiente se somete a la evaluación del Consejo Nacional de Planeación antes del 15 de noviembre. Luego del concepto emitido por el Consejo (que debe estar listo antes del 10 de enero) se efectúan las enmiendas pertinentes para presentar el proyecto a consideración del Congreso, dentro de los seis meses siguientes a la iniciación del período presidencial respectivo.

En el Congreso, el Plan es discutido por el gobierno con las bancadas parlamentarias regionales, integradas por los representantes a la Cámara de cada circunscripción y dos senadores, en representación de las listas que obtuvieron las dos mayores votaciones para el Senado en el departamento respectivo. Después de estas discusiones, las comisiones de cada cámara elaboran informes en relación con los temas afines a su especialidad.

Cumplidos los pasos anteriores, el Plan se debate en las plenarias para su aprobación. Si el Plan es aprobado, va a sanción presidencial; si no lo es, el presidente Duque puede decretarlo.

Presupuesto

Un insumo clave del Plan Nacional de Desarrollo es el Presupuesto General de la Nación, cuyo proyecto de ley ya fue aprobado por las comisiones económicas conjuntas y espera ser debatido por cada una de las plenarias.