Colombia sustentó ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas su segundo Informe sobre los avances en la implementación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que entró en vigor para el país el 10 de agosto de 2012.

Esta Convención es el primer instrumento jurídicamente vinculante de alcance universal en la materia y propende por prevenir las desapariciones forzadas, revelar la verdad cuando ocurren y garantizar que los supervivientes y las familias de las víctimas obtengan justicia y reparación.

El Estado colombiano respondió a las preguntas formuladas y compartió con los expertos del Comité, la comunidad internacional y la sociedad civil,  los desarrollos institucionales y normativos de los últimos cinco años.

En sus palabras de cierre la viceministra de Asuntos Multilaterales, Adriana Mejía, expresó que “el Estado ha tomado atenta nota de las inquietudes y planteamientos realizados por los relatores y expertos que participaron en esta jornada y reafirma que continuará avanzando en el fortalecimiento de las capacidades nacionales para enfrentar los múltiples desafíos que persisten.

La política pública, así como las capacidades institucionales, siempre son perfectibles. En Colombia, como en todos aquellos países que nos encontramos firmemente comprometidos con la democracia, la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Estado de Derecho, los servidores públicos trabajamos sin ahorrar ningún esfuerzo para que esa senda de mejora y progreso se consolide.”

La delegación estuvo integrada además, entre otros, por la representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, embajadora  Alicia Arango;   la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desparecidas Luz Marina Monzón; el magistrado del Tribunal Para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli.