Colombia ocupa el séptimo lugar de una clasificación elaborada por la Unión Interparlamentaria (UIP) acerca de los países donde los legisladores sufren mayores violaciones de los derechos humanos.

Según el informe, preparado a propósito del Día de los Derechos Humanos, el próximo martes, las denuncias provienen especialmente de países "en crisis política, donde el Gobierno ejerce una presión abusiva sobre los parlamentarios de la oposición".

La clasificación la encabeza Venezuela con 102 casos, seguida de Yemen (71), Turquía (58), Camboya (57), Palestina (39), Congo (34), Colombia (22), Madagascar (12), Eritrea (11) y Burundi (9).

Las violaciones más frecuentes que sufren los legisladores son, según la UIP, la suspensión abusiva del mandato parlamentario, la realización de juicios sin las debidas garantías y la violación del derecho a la libertad de expresión.

Las amenazas, actuaciones intimidatorias, torturas y malos tratos ocupan la cuarta posición en la lista de violaciones más frecuentes, pero son las principales en América, que tiene un registro de 134 denuncias, la mayoría provenientes de Venezuela.

El Comité de la UIP sobre los Derechos Humanos de los Parlamentarios, un mecanismo único que defiende los derechos de los legisladores de todo el mundo, investigó este año los casos de 533 congresistas de 40 países, el segundo número más alto registrado.

Persecución

“La mayor parte del abuso contra los parlamentarios que hemos visto este año es patrocinado por el Estado”, dijo Aleksandra Jerkov, parlamentaria serbia y presidenta del Comité.

Más adelante manifestó que “estamos viendo más y más persecución de los miembros de la oposición en países donde los gobiernos están usando sus poderes para intimidar a sus opositores políticos. El abuso contra los miembros de la oposición no es solo un abuso contra la democracia, también es un signo de debilidad. Hacemos un llamado a aquellos en poder para permitir que todos los parlamentarios hagan su trabajo sin temor a represalias”.

Según el informe, América también es la región con el mayor número de violaciones de derechos humanos contra parlamentarios, 134 casos en total, la mayoría de los cuales se refieren a la República Bolivariana de Venezuela. El acceso al país para una misión de investigación le fue negado a la UIP a pesar de varias solicitudes desde el comienzo de la crisis.

Sin embargo, la UIP pudo llevar a cabo misiones de campo a Mongolia y Turquía para evaluar la situación de los parlamentarios de la oposición, incluso para observar el juicio de Selahattin Demirtaş, un líder encarcelado del Partido Democrático Popular, colectividad opositora turca. La UIP también ordenó tres observaciones de juicio en Filipinas para garantizar el debido proceso de los procedimientos judiciales estatales contra la senadora de la oposición Leila de Lima, una crítica abierta del presidente Rodrigo Duterte.

Las cifras generales en 2019 marcan una ligera disminución en comparación con el récord de 564 casos examinados en 2018. Esto se debe a que la UIP pudo cerrar 66 casos de presuntas violaciones contra parlamentarios en nueve países: Maldivas (49), Turquía (4), Israel (3), Fiji (3), Filipinas (3), Bangladesh (1), Colombia (1), República Democrática del Congo (1) y Ecuador (1).

Sin embargo, las cifras confirman una tendencia al alza constante desde la fundación del Comité en 1977, cuando los miembros examinaron 40 casos de violaciones de los derechos de los parlamentarios de nueve países.

Más casos

Este año también marcó un número récord de casos nuevos (111 parlamentarios), en comparación con 78 casos nuevos en 2018. La mayoría de los casos nuevos presentados son de Venezuela y Yemen.

La oposición y los parlamentarios independientes representan la mayoría de los casos ante el Comité de la UIP, respectivamente 70% y 16%. El número de casos relacionados con mujeres parlamentarias ha disminuido de 114 en 2018 a 85 en 2019.

La UIP sigue particularmente preocupada por el caso de la diputada libia Seham Sergiwa, miembro independiente de la Cámara de Representantes en Tobruk, a quien no se la ha visto ni escuchado desde que fue secuestrada de su hogar en Bengasi en julio de 2019. La UIP instó a las autoridades libias a hacer todo lo posible para localizar a Sergiwa y asegurar su liberación inmediata.

Por primera vez, la UIP también examinó el caso de un parlamentario cuyos derechos han sido violados debido a la orientación sexual. Jean Wyllys ha sido miembro de la Cámara de Diputados de Brasil desde 2010. Es el primer miembro brasileño abiertamente gay del Congreso y un conocido y activo defensor de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero e intersexual. En enero de 2019, Wyllys renunció a su escaño parlamentario y se exilió debido a las repetidas amenazas y al supuesto fracaso de las autoridades brasileñas para ofrecerle la protección adecuada.