EL GOBIERNO del presidente Gustavo Petro hizo ayer su primer pronunciamiento sobre la crisis política en Venezuela, luego de la decisión del régimen de Nicolás Maduro de expulsar a los funcionarios de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Desde hace varios días, la oposición política colombiana exigía al Ejecutivo asumir una posición firme en contra de la grave situación en el país vecino, la cual se agudizó con la inhabilidad de María Corina Machado, elegida como candidata opositora a las próximas elecciones presidenciales; y la de Henrique Capriles Radonski, en una evidente demostración de violación a su democracia.

Como se sabe, en medio del caos político que atraviesa Venezuela, Maduro, incumpliendo, a juicio de la oposición, con lo establecido en el Acuerdo de Barbados firmados a finales de 2023, no solo no habilitó la candidatura de Machado, sino que ordenó detenciones a otros de sus detractores, entre ellos dirigentes políticos, a periodistas como Sebastiana Barráez y, más recientemente, a la activista Rocío San Miguel, de quien se dice permanece recluida en El Helicoide, considerado el principal centro de tortura del madurismo.

Pero no fue el presidente Petro quien hizo el pronunciamiento como se esperaba, sino el canciller (e) Luis Gilberto Murillo desde Múnich, Alemania, donde el Gobierno participa en una Conferencia de Seguridad, en la que Petro funge como el único mandatario sudamericano invitado al evento.

“Estamos trabajando en el tema, estamos en diálogo con el Gobierno de Venezuela… Nosotros hemos tenido unos canales diplomáticos muy moderados, muy discretos, que han ofrecido la posibilidad de llegar a acuerdos. Hay un compromiso de fondo del presidente Petro con soluciones para Venezuela. Estamos trabajando en ello”, aseguró el ministro en funciones desde Europa, al momento de ser abordado por los medios de comunicación.

En voz de Murillo, quien sigue siendo embajador de Colombia en los Estados Unidos y quien ha desempeñado un rol fundamental en las conversaciones entre Washington y Caracas, nuestro país ha sido clave “detrás de escena para que se pudiera llegar al Acuerdo de Barbados”.

Como se sabe, este acuerdo, firmado en octubre de 2023, permitió el desarrollo de una hoja de ruta entre el régimen de Maduro y la opositora Plataforma Unitaria, para la celebración de elecciones democráticas y con garantías, además de la suspensión de las sanciones interpuestas por Estados Unidos a Venezuela.

El llamado del Congreso

Como es sabido, hasta la Presidencia de Colombia llegó un documento firmado por más de 20 congresistas, quienes exigían un pronunciamiento claro acerca de la inhabilidad de Machado y Capriles, lo cual les prohíbe participar en las próximas elecciones.

Pero desde el Congreso se hizo un nuevo llamado a la Casa de Nariño para exigir una posición al mandatario en contra de las acciones del madurismo.

“Como presidente del Senado y miembro de la Comisión Segunda del Senado hago un llamado al gobierno de Colombia para que condene las recientes acciones del régimen venezolano que atentan contra la democracia y las instituciones del orden internacional. El silencio no es una opción que convierte a nuestro país en cómplice de lo que sucede en el vecino país”, destacó Iván Name, presidente del Senado, quien destacó que el mandatario no debía guardar silencio en torno a esta situación.

El senador de Cambio Radical, David Luna, también hizo lo propio. “A Petro se le notan sus ansias de figurar como líder internacional. Lástima que el “único presidente Latinoamericano invitado” no haya sido capaz de pronunciarse frente a los abusos y los ataques sistemáticos a la democracia que comete su amigo Nicolás Maduro en Venezuela. Eso sí lo haría un líder internacional”, indicó.

A principios de este mes, muchas fueron las voces que pedían al presidente Petro fijar una posición clara sobre la inhabilidad de Machado en Venezuela, entre ellas destacó la de Human Rights Watch.

“Quisiera recomendar a S.E. que, junto con otros gobiernos latinoamericanos, inste al gobierno de Venezuela a cumplir con las obligaciones del Acuerdo de Barbados, incluyendo la revocación de inhabilitaciones arbitrarias, la elaboración de un calendario electoral certero y la realización de elecciones con observación internacional de la Unión Europea”, destacó el organismo.