El mecanismo puede funcionar a través de los programas sociales del Gobierno, consideran los congresistas

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Un elemento clave para reactivar la economía después del aislamiento obligado por la pandemia del Covid-19 es mantener el ingreso de los trabajadores, primero para conjurar el fantasma del hambre y además para darles poder adquisitivo.

Por eso en el Congreso se mueven iniciativas que concreten ese propósito.

Ya desde el 15 de abril, el senador Álvaro Uribe, del Centro Democrático, había planteado que con “el impuesto a sueldos altos de servidores públicos, incluidos congresistas” y “un impuesto a altos patrimonios de personas naturales, con tarifa moderada” se pagara un “bono solidario a los recién nacidos de hogares pobres”.

La financiación también pasaría por una reducción del Estado, empezando por el propio Congreso, planteamiento que llevan haciendo el uribismo y otros sectores desde hace tiempo.

Días después, Uribe sostuvo que el Banco de la República debería cubrir los sueldos de alrededor de 7 millones de trabajadores, al menos para los dos primeros salarios mínimos, anotando que podrían existir créditos del 90% y hasta del 100% de garantías por parte del Estado para los sectores económicos que tardarán más tiempo en recuperarse.

“Hay que salvar a los trabajadores colombianos y a las empresas, de lo contrario, ¿qué le pasará a la democracia?”, expresó, para decirle al Gobierno que no tema otorgar subsidios a las personas y empresarios que más lo necesitan.

El contexto de las propuestas es la viabilidad, como lo señaló a EL NUEVO SIGLO el senador Ciro Ramírez, también del Centro Democrático: “A nosotros los congresistas nos gusta mucho el qué, pero es importante que quienes hacen esas propuestas piensen en el cómo. Aquí es importante preguntarse de dónde saldrán esos recursos”.

En estos propósitos coinciden las bancadas del Partido Conservador y Cambio Radical

El senador Ramírez consideró que con las acciones del Ejecutivo “casi que estamos llegando a esa renta básica universal que han promovido algunos con los diferentes programas sociales que tiene hoy el Gobierno nacional: los alimentos del ICBF, con Familias en Acción, con Jóvenes en Acción, con la devolución del IVA, con el programa de Adulto Mayor, con el Ingreso Solidario, con el Subsidio a la Nómina. Todos estos programas sociales se convierten casi en una renta básica universal. Lo más importante de todo esto es que los subsidios deben ser focalizados, resultados en eliminación de pobreza y cerrar brechas”.

Cómo hacerlo

Ramírez indicó que la propuesta debe estar “dirigida a sectores que lo necesitan, que se sepa de dónde se va a sacar la plata y que se piense en que vaya dirigida a cerrar brechas de pobreza con unas condiciones específicas. La política social siempre debe tener sustancia”.

Gabriel Velasco, copartidario de Ramírez, trajo a memoria que “el Centro Democrático como partido fue el primero en empezar a hablar del subsidio a la nómina. Empezamos a tratar de que se llegara más rápido a los programas del Gobierno con los más vulnerables, Familias en Acción, Jóvenes en Acción y trabajamos duro para que se diera lo del ingreso solidario”.

“Nosotros hemos trabajado de manera seria y decidida para que llegue el dinero a los más vulnerables de Colombia. Se ha venido avanzando desde el Gobierno y desde el partido en esas alternativas. Lo que hay que entender es si hoy tenemos los recursos fiscales y la fuente para avanzar hacia esa propuesta que han hecho algunos”, precisó.

En el mismo sentido, el senador Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical, le expuso a este Medio que “más que renta básica lo que debe buscar el Estado colombiano es recuperar el empleo. Por eso, Cambio Radical ha propuesto varias cosas en ese sentido. Lo que acaba de hacer el Gobierno de financiar la nómina para salvar las empresas es algo muy adecuado”.

Otros caminos

Para Jiménez, “lo que hay que buscar es que la gente trabaje y no tenga dificultades. Por eso yo creo que este es el momento adecuado para que se revise la política agraria real del país. Si se van a utilizar subsidios, que estos lleguen a la población a través de unas empresas agropecuarias para que la gente vuelva al campo”.

Según conoció este Diario, en la bancada conservadora quiere hacer un congreso extraordinario para evaluar el estado actual del país y presentar una propuesta de fondo, estructural e integral sobre la hoja de ruta para volver a encarrilar a Colombia por el sendero del crecimiento económico y la superación de la brecha social.

Ayer 50 senadores presentaron una propuesta para “promover una renta mínima para el 70% de la población colombiana”, idea que “está construida sobre dos grandes apoyos: un subsidio por valor de un salario mínimo mensual con todas las prestaciones sociales legales ($1.409.000) que se entregaría a 3,5 millones de personas empleadas en actividades formales e independientes vulnerables a la crisis, y una transferencia de un salario mínimo ($877.000) a los 9,5 millones de hogares pobres y vulnerables que tiene Colombia. Esta medida cubrirá a 31 millones de personas”.

Congresistas de los partidos Liberal, La U, Farc, Polo Democrático, Colombia Humana, Alianza Verde, MAIS y Lista de la Decencia proponen que ese subsidio se entregue “por un periodo de tres meses” anotando que su costo total sería de $40,5 billones”.

Ante la dimensión de ese costo, el senador Jiménez recordó que “la última reforma tributaria recaudó solo $10 billones e impactó a muchos sectores del país. ¿De dónde vamos a sacar $40?”.

En todo caso, el senador de la Alianza Verde, Iván Marulanda, quien lidera la propuesta, defendió la idea diciéndole a este Diario que “lo que estamos diciéndole al Gobierno es sentémonos a construir juntos. La situación del país es muy crítica. El país puede salir al otro lado de esta pandemia tendido en el suelo, si es que el Gobierno no les da la mano a los colombianos. Hay hambre y las empresas están quebradas, así vamos a tener un país destruido al final de la pandemia. La Constitución es muy clara en el artículo 215 cuando dice que el Congreso, durante el año siguiente a la declaratoria de la emergencia, podrá derogar, modificar o adicionar los decretos, ese es el deber del legislativo”.