Con más problemas que soluciones; así se viene desarrollando el proceso revocatorio contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. En su último episodio, tiene como protagonista al Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que impugnó un fallo emitido por el Tribunal Superior de Medellín en el que le ordenaban certificar la revocatoria en un plazo máximo de diez días.

Mediante un comunicado, la defensa de la entidad electoral indicó que no se han vulnerado los derechos de los voceros de la revocatoria, ni se ha dado una posible dilatación en esta parte del proceso, ya que considera que los tiempos para emitir su concepto están acordes a lo estipulado.

“Se revoque la sentencia de primera instancia (...) y en su lugar, se declare la improcedencia de la tutela por la no vulneración de derechos fundamentales algunos”, se lee en el documento, que fue firmado por la abogada defensora del CNE, Yaneth Linares Vega.

Asimismo, la jurista indicó que “con el ánimo de no incurrir en irregularidades que generen violación a los derechos fundamentales de las partes en tutela y por la complejidad del asunto, debemos actuar con cautela y conforme lo ordena la normatividad que rige la materia”.

Vale señalar que el pasado 25 de marzo, el Tribunal local adoptó esta medida tras resolver alrededor de 40 tutelas por el proceso contra Quintero, donde se denunció que el proceso para sacar a Daniel Quintero de su cargo de alcalde está estancado debido a que el CNE no ha expedido una certificación de los estados contables de la iniciativa de revocatoria.

Dicho plazo para conocer la certificación de los estados contables de la iniciativa de revocatoria se cumple el próximo 7 de abril, pero con esta impugnación el proceso podría quedar otra vez a la deriva.

Malestar del Comité

Ante el nuevo recurso interpuesto por el Consejo Nacional Electoral, uno de los líderes de la revocatoria, Andrés Rodríguez, se refirió al respecto. “Increíblemente, el CNE impugnó el fallo de tutela del Tribunal Superior de Medellín. Esto no afecta en absolutamente nada el plazo de 10 días para certificar los estados contables, que termina el 7 de abril”, expuso el vocero en sus redes sociales.

De igual forma, Rodríguez reiteró que pese a los obstáculos para el tránsito de la revocatoria, se mantiene tranquilo frente a la evaluación de los informes que exponen los movimientos económicos de este grupo contra el mandato de Daniel Quintero. “Toda esta documentación se entregó perfectamente”, añadió.

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A la espera de la decisión del CNE, el vocero del comité dijo que “independientemente de la resolución que ellos tomen, estamos decididos a llegar hasta la última instancia. Una contabilidad de 200 millones de pesos no debería tomarles más de cuatro meses”.

Vale mencionar que el concepto que emita el Consejo de Estado determinaría si los promotores del proceso sobrepasaron los topes de gastos o se ajustaron a lo establecido en la ley. De llegar a cumplir el tiempo establecido por el Tribunal de Medellín, y el CNE aún no expida la certificación, el caso se remitirá a la Corte Constitucional.

La tutela también estaba interpuesta en contra de la Registraduría, debido a que consideraban que la entidad estaría involucrada en la dilación del proceso de revocatoria; no obstante, el tribunal lo desestimó en el fallo.

Otras denuncias

Además de su proceso revocatorio en contra, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, cuenta con otros líos judiciales. El más reciente fue iniciado hace dos semanas, cuando el diputado antioqueño Luis Peláez interpuso una queja disciplinaria ante la Procuraduría por presunta participación en política.

La justificación radica en que el pasado 17 de marzo, Quintero hizo referencia al escrutinio de votos para dos partidos políticos específicos, Pacto Histórico y Fuerza Ciudadana.

“He pedido que se investigue al alcalde por el trino porque hace una manifestación directa y contundente a dos partidos de muchos que hay en la contienda electoral, hace una manifestación de una controversia electoral pero también una manifestación de su voluntad y su opinión personal”, explicó el asambleísta.

No obstante, el mandatario señaló que no incurrió en ningún delito, ya que su opinión se hizo pública después de realizarse las elecciones de Congreso, mas no antes o durante el proceso electoral.