Finalmente el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió acumular las cuatro investigaciones preliminares que adelanta a la campaña de Gustavo Petro por supuestas irregularidades en la financiación.
Dichas investigaciones por reparto estaban en los despachos de los magistrados Álvaro Hernán Prada, Benjamín Ortiz y Cristian Ricardo Quiroz Romero.
Estos magistrados se pusieron de acuerdo para acumular los cuatro procesos y llevar una sola línea de investigación en cabeza de Ortiz y Prada.
Como consecuencia el caso se reactiva en el CNE y los magistrados ahora a cargo están determinando las pruebas que decretarán, la primera posiblemente llamar a declarar al político Armando Benedetti.
A principios de este mes el magistrado Ortiz ordenó la práctica de una prueba de oficio para escuchar en declaración a Benedetti sobre las graves afirmaciones que hizo acerca de recursos que, aseguró, él consiguió en la costa norte para la campaña de Petro en 2022.
No obstante, fue suspendida esta diligencia debido a que la Sala Plena del CNE entró a estudiar la proposición que hizo la magistrada Alba Lucía Velásquez Hernández, de acumular las indagaciones a dicha campaña.
Finalmente la Sala concluyó que acumular estos expedientes, como se propuso, dependía de que se pusieran de acuerdo los magistrados que ya tenían los casos, como posteriormente ocurrió.
Mientras que prácticamente quedó descartado conformar una comisión que se ocupe de todo el proceso, como lo planteó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Fabiola Márquez Grisales.
Márquez argumentó que por tratarse de un asunto de connotación nacional las investigaciones a la campaña de Petro deben estar a cargo de una comisión integrada por al menos tres magistrados.
Sin embargo, estas propuestas fueron consideradas por algunos magistrados del CNE y colectividades de oposición como una supuesta ‘jugadita’ del Pacto Histórico, el partido base de la coalición de gobierno, para presuntamente dejar en sus manos las investigaciones a la campaña del presidente Petro.
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La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, trinó “bonito así”, al referirse a un titular de un medio que decía ‘la jugadita del Pacto Histórico para quedarse con la investigación a la campaña de Gustavo Petro en el Consejo Nacional Electoral.
Las indagaciones
El CNE abrió en marzo pasado una investigación preliminar por las denuncias de Day Vásquez, la exesposa de Nicolás Petro, el hijo del jefe de Estado, ya que supuestamente este joven recibió para la campaña más de $1.000 millones de una persona condenada por narcotráfico y otra llamada a juicio por un crimen y supuestos vínculos con grupos criminales.
Vásquez asegura que su expareja recibió, presuntamente, más de $600 millones de Santander Lopesierra, conocido como ‘El hombre Malboro’, condenado en Estados Unidos por narcotráfico y por sus vínculos con el contrabando; así como también cerca de $400 millones de Alfonso ‘El Turco' Hilsaca, investigado por sus nexos con el paramilitarismo.
Si bien Vásquez señaló que presuntamente Nicolás Petro se quedó con esos $1.000 millones, y por lo tanto cree que no entraron a la campaña, el CNE indaga si esos recursos fueron utilizados o no para financiar la misma
La más reciente indagación se inició por las delicadas afirmaciones de Armando Benedetti cuando era embajador en Venezuela, que en un diálogo con la entonces jefa de Gabinete, Laura Sarabia, dijo que si hablara sobre $15.000 millones que obtuvo para la campaña en la costa norte, “nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos”.
El presidente Petro dijo en días pasados que “en las dos entrevistas Benedetti afirma que ayudó a conseguir donaciones a la campaña y que no hubo irregularidades. Es cierto, cada vez que alguien pedía donar o conseguir donadores, se mandaba a la gerencia, donde siempre se hicieron los filtros de acuerdo con la ley”.
En tanto que en febrero pasado, en el CNE se abrió una indagación preliminar después de que le llegara un correo electrónico en donde señalan al entonces gerente de la campaña, Ricardo Roa, y a Jonathan Ramírez, exsecretario general del Departamento de Prosperidad Social (DPS), por supuestamente manejar dineros de la campaña en cuentas bancarias personales.
En la denuncia señalan que estas personas habrían incumplido “la ley al no reportar las donaciones que se recibieron en efectivo en la sede de campaña”.