El senador barranquillero Mauricio Gómez convocó a la ministra de Transporte, María Constanza García, a un debate de control político en el Senado de la República. La sesión, programada para la próxima semana, se centrará en la controvertida medida de cobro de valorización a más de 240.000 predios ubicados a lo largo de la Vía al Mar, que conecta Barranquilla con Cartagena.

Gómez argumenta que este gravamen, que podría recaudar más de $721 mil millones, es injusto y perjudicial para las comunidades locales. "El cobro de valorización afectará no solo a los habitantes y comerciantes de los barrios del noroccidente de Barranquilla como Miramar y Villa Santos, sino también a la gente de los municipios de Puerto Colombia, Piojó, Juan de Acosta y Tubará, así como también a Soledad, Malambo, Galapa, al tener estos últimos jurisdicción en esta zona costera a través de la vía de la prosperidad" afirmó Gómez en una reciente entrevista.

El senador también criticó la falta de obras completas en la región, mencionando específicamente las dobles calzadas entre Barranquilla-Cartagena y Barranquilla-Ciénaga, así como la ampliación de la calle 30 y la demolición del antiguo Puente Pumarejo.

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, ha admitido la propuesta de debate, destacando la importancia de abordar las preocupaciones de la ciudadanía y los gremios empresariales. Cepeda también señaló que el número de predios afectados es significativamente mayor al inicialmente

Efraín Cepeda, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, también se pronunció en contra del cobro, describiéndolo como una "amenaza de confiscación" para los predios ubicados en un radio de 5 kilómetros desde el eje de las vías afectadas. Según Cepeda, el Gobierno inicialmente proyectaba recaudar 724.544 millones de pesos, pero ahora se habla de una base gravable de 240.000 predios, cuadruplicando la base inicial.

El diputado Camilo Torres Villalba agregó que esta medida es "lesiva" para el departamento, ya que gran parte de la población en Puerto Colombia se vería afectada sin recibir beneficios concretos en términos de proyectos y obras para la región.

Diversos actores políticos, representantes de la sociedad civil y medios de comunicación participarán en el debate. Se espera que la ciudadanía siga de cerca este evento crucial que busca proteger los intereses de la comunidad barranquillera y del Atlántico.

El impacto económico y social del cobro de valorización será el eje central de las discusiones, con la exigencia de "respuestas claras" y "acciones concretas" por parte del Ministerio de Transporte. "No podemos permitir que se imponga una medida que, en lugar de fomentar el desarrollo, obstaculice el progreso de nuestra región," concluyó Gómez.

Este debate representa una oportunidad para revisar y ajustar políticas que afectan directamente a los ciudadanos y garantizar una gestión más equitativa y efectiva de los recursos públicos.