En los próximos días la colaboración judicial entre Colombia y Estados Unidos producirá media decena de noticias

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1. Caso ‘Santrich’

Como se sabe, ‘Jesús Santrich’ es señalado de estar inmerso en un complot para enviar droga a Estados Unidos en una alianza con carteles mexicanos, por lo cual fue solicitado en extradición, pero como se trata de un desmovilizado de las Farc, la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) debe decidir si lo cobija la garantía constitucional de no extradición.

Una vez incluida en el expediente la traducción oficial de la respuesta del Departamento de Justicia de Estados Unidos a la JEP –en la que señalaba que no enviarían más pruebas para la solicitud de extradición–empezaron a contar 15 días hábiles como plazo máximo para que se conozca la decisión final.

En los primeros cinco días la Procuraduría y la defensa de ‘Santrich’ se pronunciaron.

Como lo publicó EL NUEVO SIGLO, la Procuraduría consideró que no hay lugar a aplicar la garantía de no extradición y pidió que la JEP le traslade el caso a la Corte Suprema para el trámite ordinario.

La decisión debe conocerse antes de que termine este mes.

2. Situación de Arias

El 23 de febrero la Corte de Apelación de Estados Unidos suspendió la orden de extradición a Colombia del exministro Andrés Felipe Arias, luego de que la defensa interpusiera un último recurso contra la decisión adoptada por el Departamento de Estado norteamericano.

La nueva audiencia está programada para mañana, cuando finalmente se sabrá si Arias regresará a territorio colombiano para comparecer ante la justicia nacional por una pena de 17 años de prisión, lo que ha sido calificado por el uribismo como una injusticia fruto de la persecución política emprendida por el anterior gobierno.

Arias está condenado por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.

3. Pronunciamiento de la Corte

Que los extraditables paguen primero sus condenas en Colombia antes de ser enviados hacia Estados Unidos para ser juzgados en ese país, le pidió el lunes la Corte Suprema de Justicia al presidente Iván Duque.

Al avalar la extradición de Eduard Luis Vargas, alias ‘Pipón’ –hermano de Roberto Vargas, alias ‘Gavilán’, abatido en 2017–, uno de los jefes del grupo armado organizado (GAO) denominado Clan del Golfo, requerido por la justicia norteamericana por delitos de narcotráfico, la Corte le sugirió al presidente Duque dar visto bueno a la extradición cuando el imputado termine de cumplir sus procesos penales con la justicia colombiana con el fin de evitar impunidad.

“La Sala considera inadecuado disponer la entrega del requerido a las autoridades norteamericanas para que adelanten un juicio en su contra por el delito federal de narcóticos, dado que ello implicaría anteponer una eventual sanción extranjera a aquellas que podrían imponer las autoridades nacionales”, dijo la Sala en el auto aprobado con base en la ponencia del magistrado Luis Antonio Hernández.

4. Futuro de Santoyo

Un caso que pareciera darle la razón a la Corte es el del general retirado Mauricio Santoyo, quien tras cumplir su condena por narcotráfico en Estados Unidos, busca eludir la deportación a Colombia.

Por ayudarles a los grupos paramilitares a exportar cocaína, en 2012 Santoyo fue condenado a 13 años de cárcel, pero en 2016 le redujeron 40% la pena, quedando en poco más de siete años, que ya se cumplieron.

Santoyo está a la espera de la orden para ser deportado, aunque su defensa interpondrá los recursos pertinentes para que no responda en Colombia por acusaciones de la desaparición forzosa de dos jóvenes en Medellín y de su participación en el homicidio de Jaime Garzón.

6. Evasión de Andrade

El expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, aseguró que teme volver por ahora a Colombia “ya que no hay suficientes garantías para proteger su vida”.

Andrade aseguró que desde el primer momento que se conoció el escándalo de corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht, ha colaborado tanto con las autoridades colombianas como norteamericanas y agregó que seguirá compareciendo ante la justicia a través de videoconferencias.

Según Andrade, sus preocupaciones se basan en detalles como que “las interceptaciones telefónicas que me hicieron se justificaron en un memorándum de la DEA que fue falsificado”, lo que junto con otros aspectos la protección que recibe del gobierno norteamericano habría sido asignado a un departamento que se llama el Special Presidential Envoy for Hostages Affair.

De acuerdo con su versión, es gracias a esa oficina que pudo salir del país y estar colaborando con la justicia norteamericana.