Un choque entre la Justicia Penal Militar y Policial con la Fiscalía surgió luego de que el jefe del ente acusador, Francisco Barbosa, manifestara que el Ejecutivo no debe investigar los hechos ocurridos en Tierralta, Córdoba, donde al parecer soldados uniformados disfrazados amenazaron a la población civil.
A través de un comunicado, la Justicia Penal Militar indicó que su actuación es legítima dado que "la acción penal por parte de la Jurisdicción Especializada, por cuanto prima facie, los hechos pudieron ser cometidos “por miembros de la Fuerza Pública y en relación con el mismo servicio” (Art. 221 CP). Lo que también a primera vista permite verificar que no se trataría de una “intromisión” arbitraria en las competencias de la jurisdicción ordinaria".
Ante esta situación, le pidieron a la Fiscalía a colaborar de manera armónica entre las instituciones y que cada quien realice sus investigaciones que corresponda para llegar a la verdad sin descalificaciones.
"La invitación es entonces a materializar el principio de colaboración armónica entre las instituciones (Art. 113 CP); a que cada quien, desde sus competencias, realice de buena fe las acciones que legítimamente le corresponden, en aras de encontrar la verdad y dispensar justicia. Sin descalificaciones y palabras altisonantes, que ningún beneficio otorgan a la institucionalidad", indicó la Justicia Militar.
También agregó que si "Si persisten diferencias a tramitarlas inteligentemente, por los cauces previstos en la ley; para el caso, por vía del conflicto de jurisdicciones".
Es importante mencionar que el fiscal Barbosa indicó, en diálogo con Caracol Radio, que al Ejecutivo no le corresponde adelantar ninguna investigación.
“No le corresponde al Ejecutivo hacer investigaciones penales, eso le corresponde a la Fiscalía (…) tampoco vamos a permitir que la Justicia Penal Militar se meta en la investigación", dijo el jefe del ente acusador.
Del mismo modo, aseveró que “nosotros tenemos dos hechos delictivos (en investigación), el primero con los desafortunados hechos contra la población civil, en ese caso ya se ha solicitado que 30 soldados, dos suboficiales y un oficial del Batallón de la décimo primera brigada tienen que estar en interrogatorio en la Fiscalía en Córdoba. El otro hecho delictivo está ligado justamente de la condición de la Fiscalía, que iba a ir a ese lugar con miembros de la Procuraduría y que fueron hostigados y hubo un intento de atentar contra ese helicóptero”.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro señaló en su cuenta de X que el Ejecutivo sí puede investigar el caso de Tierralta, Córdoba.
"Claro que el ejecutivo puede investigar a nivel disciplinario sus propios funcionarios, a través del control interno y de las comisiones protectoras", indicó el Jefe de Estado en su red social.