El Instituto de Ciencias Políticas Hernán Echavarría Olózaga trabaja en un laboratorio desde el cual se están generando propuestas para los tomadores de decisión en materia de política de seguridad nacional. Su director, Carlos Augusto Chacón, explica en qué consiste la iniciativa.  

EL NUEVO SIGLO: ¿En qué consiste el proyecto de seguridad estratégica en la que trabaja el ICP?

CARLOS AUGUSTO CHACÓN: Nosotros vemos con mucha preocupación cómo las dinámicas de criminalidad y violencia sigue haciendo presencia en varios territorios. Nos preocupa mucho el aspecto geopolítico, los que pasa con Venezuela, Colombia enfrenta una serie de amenazas internas y externas de actores no estatales como Eln, disidencias de las Farc, grupos del narcotráfico, minería ilegal, etc., y una enorme preocupación es que el país carece de una apreciación político-estratégica frente a estas amenazas y cómo enfrentarlas, y cuál es el papel de la sociedad civil.

Por eso pusimos en marcha un laboratorio de política pública que se llama Seguridad Estratégica ICP Policylab que tiene u marco conceptual que es precisamente la guerra de cuarta generación. Queremos ayudar a generar conocimiento y a generar política pública para enfrentar estas amenazas, ayudar a generar paz y a crear un entorno de seguridad y estabilidad. Además se están generando narrativas distintas de guerra.

ENS: ¿Cómo cuáles narrativas?

CAC: Estamos viendo que organizaciones académicas muy serias que quieren posicionar nuevamente en la opinión pública que Colombia tiene nuevamente paramilitares, lo cual no es cierto porque quien haga un análisis va a encontrar que no existe ningún grupo que cuente con la anuencia del Estado para controlar territorios mediante el uso ilegal de las armas. Pero está formando parte de una narrativa equivocada que no permite crear estrategias de política pública.

Lo que queremos es que se hagan análisis juiciosos para entender a los grupos criminales, cómo se desempeñan en los territorios y cómo resolver esos problemas.

ENS: ¿Técnicamente qué es un conflicto de cuarta generación?

CAC: Es un conflicto donde la capacidad de confrontación convencional es mínima. Lo que tenemos son grupos criminales que operan desde la clandestinidad, el centro de gravedad ya no es el territorio sino es la opinión pública, es la legitimidad del Estado. Entonces sin grupos que controlan el territorio imponiendo el uso de la violencia a la población civil cambiando la narrativa por otra que busca rechazar el poder legítimo del Estado y aceptar la presencia de estos grupos criminales y, obviamente, confrontar el derecho moral del Estado a usar la fuerza como púnico actor legitimado para hacerlo.

ENS: ¿Esto incluye a las redes sociales?

CAC: Sí, por ello es necesario identificar las fuentes, contrarrestar la desinformación con información de fuentes veraces, fortalecer la Inteligencia porque en ese campo Colombia tiene unas enormes deficiencias tras varios años de casos de corrupción que terminaron por deslegitimar a los organismos de inteligencia.

ENS: ¿Desde esta iniciativa del ICP qué recomendaciones se hacen a la Fuerza Pública?

CAC: Nosotros hemos venido trabajando en talleres de seguridad ciudadana, otro sobre guerra de cuarta generación con asesores del Congreso, venimos explicando en medios por que Colombia tiene una amenaza de conflicto de cuarta generación, eso se vio durante las protestas.

Estamos tratando de alertar para que el Congreso y el Gobierno tengan que además del descontento social, ese descontento se estaba instrumentalizando para crear caos en distintas ciudades.

Con asesores internacionales nuestros hemos hecho talleres y hemos invitado a distintos tomadores de decisión, actividades académicas orientadas a los tomadores de decisión.

En este segundo semestre del año esperamos elaborar un documento con una serie de recomendaciones puntuales con destino al Gobierno nacional y al Congreso de la República.

ENS: ¿Desde esa perspectiva, hoy cuál es la principal amenaza que tiene Colombia?

CAC: Son varios. El primero, son las redes internas criminales, entender la nueva reconfiguración del poder criminal; no desestimar que la acción política violenta que tienen intereses no púnicamente en el ánimo de lucro, es decir que no solamente están interesados en lucrarse del narcotráfico y la minería ilegal sino que están interesados en el poder local y, por supuesto, el poder nacional.

Pero estos grupos no tienen un proyecto político como fueron las Farc, de pronto el Eln sí lo tenga pero con algunas dinámicas mucho más criminalizadas.

Entonces, en este momento la principal amenaza de Colombia son las redes criminales, que se articulan con las amenazas externas representadas en el régimen de Nicolás Maduro que, a su vez, se articulan con otras organizaciones criminales extracontinentales.

ENS: ¿Cree el ICP que es necesario regular las redes sociales para evitar esa guerra de cuarta generación, como ha ocurrido en otros países?

CAC: No, no creemos que la solución sea reguilar las redes sociales, la solución es hacer un trabajo muy juicioso en redes sociales de información desde distintos sectores para evitar que los actores ilegales se aprovechen de la desinformación.

Lo que hay que hacer es controlar las noticias falsas, pues controlarlas sería como afectar la libertad de expresión pero sí se necesita es contrarrestar esas ‘fake news’ y sancionar a quienes las difundan.