El Sistema Penal Acusatorio está cerca de cumplir dos décadas, por ello el ministro de Justicia, Néstor Osuna, reavivó las voces que desde hace rato dicen que presenta problemas, principalmente por la proliferación de leyes que ha sacado el Congreso, que lo habrían desnaturalizado.
Recientemente el ministro dijo en un foro que “de lo que he venido viendo, he venido analizando, he venido escuchando, sé que hay por ejemplo una sentida necesidad en materia penal de rescatar el sentido original de la Ley 906, es decir, del proceso penal acusatorio, sin las reformas o sin las trabas, o sin las restricciones que con posterioridad se le fueron agregando”.
Argumentó que “hay una tendencia a facilitar de nuevo la justicia negocial, a quitar las restricciones que el legislador les ha puesto a los jueces para hacer más operativo ese Sistema Penal Acusatorio, con justicia negocial, con justicia premial, con estímulos, con beneficios, con aceptación anticipada de cargos, de penas. En fin, volver a ese esquema más original”.
El Sistema Penal Acusatorio, basado en la oralidad en los procesos, reemplazó uno mixto de tipo inquisitivo.
En el Sistema Penal Acusatorio el fiscal perdió funciones judiciales, pues la situación jurídica de las personas las define el juez. Además, se introdujo el principio de oportunidad, por medio del cual la Fiscalía puede ‘negociar’ con el imputado para definir una condena más baja o incluso cesar la acción penal, a cambio de que colabore con la justicia con información para procesar a los mayores responsables de un delito.
También, entre otros, se introdujo el control de garantías a la forma como se produce la captura.
En tanto que uno de los fines principales del Sistema Penal Acusatorio es lograr mayor agilidad en los procesos, lo que debería redundar también en disminuir la congestión del sistema judicial.
Sin embargo, desde hace años se viene diciendo que el Sistema Penal Acusatorio requiere ajustes para recuperar su sentido original.
A finales del 2021, el fiscal general, Francisco Barbosa, dijo: “Lo que está ocurriendo en Colombia es que se convirtió en un escenario en el que los únicos que se benefician son los delincuentes, por cuenta de que se generan prescripciones por dilación de términos y el excesivo uso y existencia de audiencias en el sistema acusatorio. Es absolutamente vergonzoso que (…) una vez terminamos con la solicitud de medida que es otorgada, aparecen las maniobras dilatorias para superar el término y lograr la libertad de los indiciados”.
Acerca de las citadas afirmaciones del ministro de Justicia, EL NUEVO SIGLO consultó la opinión de Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia.
“El espíritu de la Ley 906 es que la mayoría de los asuntos no lleguen a juicio, pero en todos estos años se han impuesto todo tipo de trabas para que las personas no tengan una salida, y eso ha generado una congestión en la justicia, sumada a impunidad. Y eso ha afectado mucho la imagen que la gente tiene de la justicia”, dijo Bernate.
Agregó que “esta es una reforma muy bien intencionada, muy necesaria para que las personas lleguen a acuerdos, que las personas puedan resolver sus asuntos como lo hacen en todo el mundo, y que el uso de la prisión sea excepcional. Y por supuesto apoyamos esta iniciativa del ministro”.
Según Bernate, de las reformas que ha hecho el Congreso lo que más ha afectado el Sistema Penal Acusatorio “es la prohibición de beneficios, el que se hayan restringido los beneficios para ciertos delitos, el que se hayan incrementado las penas sustancialmente. Que cada vez hay más delitos, pero con el mismo número de jueces y fiscales”.
Otras opiniones
Por otro lado, hay muchos sectores que sostienen que el Gobierno está planteando un sistema de justicia demasiado flexible y con beneficios que conduce a la impunidad.
El fiscal Barbosa ha sido crítico de la política de paz del Gobierno por los beneficios que contempla a integrantes de grupos guerrilleros y multicrimen. En este último caso, por ejemplo, en el proyecto de sometimiento a la justicia dijo que podría terminar beneficiando a los narcotraficantes.
El exmagistrado de la Corte Suprema Jorge Aníbal Gómez Gallego dijo a este diario sobre el Sistema Penal Acusatorio: “hasta donde conozco, creo que está funcionando bien”.
Añadió que el Sistema sí amerita algunos cambios, “pero no propiamente sobre la justicia premial, sino sobre otros aspectos como para agilizar un poquito más. Por ejemplo, en la formulación de la imputación, esa parte se podría suprimir para hacerla más dinámica”.
Recientemente el ministro dijo en un foro que “de lo que he venido viendo, he venido analizando, he venido escuchando, sé que hay por ejemplo una sentida necesidad en materia penal de rescatar el sentido original de la Ley 906, es decir, del proceso penal acusatorio, sin las reformas o sin las trabas, o sin las restricciones que con posterioridad se le fueron agregando”.
Argumentó que “hay una tendencia a facilitar de nuevo la justicia negocial, a quitar las restricciones que el legislador les ha puesto a los jueces para hacer más operativo ese Sistema Penal Acusatorio, con justicia negocial, con justicia premial, con estímulos, con beneficios, con aceptación anticipada de cargos, de penas. En fin, volver a ese esquema más original”.
El Sistema Penal Acusatorio, basado en la oralidad en los procesos, reemplazó uno mixto de tipo inquisitivo.
En el Sistema Penal Acusatorio el fiscal perdió funciones judiciales, pues la situación jurídica de las personas las define el juez. Además, se introdujo el principio de oportunidad, por medio del cual la Fiscalía puede ‘negociar’ con el imputado para definir una condena más baja o incluso cesar la acción penal, a cambio de que colabore con la justicia con información para procesar a los mayores responsables de un delito.
También, entre otros, se introdujo el control de garantías a la forma como se produce la captura.
En tanto que uno de los fines principales del Sistema Penal Acusatorio es lograr mayor agilidad en los procesos, lo que debería redundar también en disminuir la congestión del sistema judicial.
Sin embargo, desde hace años se viene diciendo que el Sistema Penal Acusatorio requiere ajustes para recuperar su sentido original.
A finales del 2021, el fiscal general, Francisco Barbosa, dijo: “Lo que está ocurriendo en Colombia es que se convirtió en un escenario en el que los únicos que se benefician son los delincuentes, por cuenta de que se generan prescripciones por dilación de términos y el excesivo uso y existencia de audiencias en el sistema acusatorio. Es absolutamente vergonzoso que (…) una vez terminamos con la solicitud de medida que es otorgada, aparecen las maniobras dilatorias para superar el término y lograr la libertad de los indiciados”.
Acerca de las citadas afirmaciones del ministro de Justicia, EL NUEVO SIGLO consultó la opinión de Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia.
“El espíritu de la Ley 906 es que la mayoría de los asuntos no lleguen a juicio, pero en todos estos años se han impuesto todo tipo de trabas para que las personas no tengan una salida, y eso ha generado una congestión en la justicia, sumada a impunidad. Y eso ha afectado mucho la imagen que la gente tiene de la justicia”, dijo Bernate.
Agregó que “esta es una reforma muy bien intencionada, muy necesaria para que las personas lleguen a acuerdos, que las personas puedan resolver sus asuntos como lo hacen en todo el mundo, y que el uso de la prisión sea excepcional. Y por supuesto apoyamos esta iniciativa del ministro”.
Según Bernate, de las reformas que ha hecho el Congreso lo que más ha afectado el Sistema Penal Acusatorio “es la prohibición de beneficios, el que se hayan restringido los beneficios para ciertos delitos, el que se hayan incrementado las penas sustancialmente. Que cada vez hay más delitos, pero con el mismo número de jueces y fiscales”.
Otras opiniones
Por otro lado, hay muchos sectores que sostienen que el Gobierno está planteando un sistema de justicia demasiado flexible y con beneficios que conduce a la impunidad.
El fiscal Barbosa ha sido crítico de la política de paz del Gobierno por los beneficios que contempla a integrantes de grupos guerrilleros y multicrimen. En este último caso, por ejemplo, en el proyecto de sometimiento a la justicia dijo que podría terminar beneficiando a los narcotraficantes.
El exmagistrado de la Corte Suprema Jorge Aníbal Gómez Gallego dijo a este diario sobre el Sistema Penal Acusatorio: “hasta donde conozco, creo que está funcionando bien”.
Añadió que el Sistema sí amerita algunos cambios, “pero no propiamente sobre la justicia premial, sino sobre otros aspectos como para agilizar un poquito más. Por ejemplo, en la formulación de la imputación, esa parte se podría suprimir para hacerla más dinámica”.