La región del Catatumbo, en Norte de Santander, ha sido azotada en mayor medida en los últimos años por la presencia de cultivos de coca y grupos armados al margen de la ley. Por ello allí, el Gobierno nacional dispuso 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) dentro de la implementación del acuerdo de paz, que han tenido algunos avances.
Sin embargo, hay otros frentes rezagados lo que se explica en buena medida por el conflicto que allí se siente todavía con fuerza, de acuerdo con un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
La FIP indicó en su estudio que “la implementación del acuerdo de paz en el Catatumbo se ha desarrollado en un contexto crítico, de alta volatilidad y riesgo, en medio de la persistencia del conflicto armado. La influencia y accionar de grupos armados ilegales en torno al control de las economías ilícitas, está generando importantes afectaciones sobre la población civil y es un obstáculo para poner en marcha los programas y estrategias derivadas del acuerdo”.
Añadió esta ONG que los problemas y rezagos en la implementación del acuerdo —especialmente la ausencia de una estrategia de seguridad enfocada en la protección de la población— también han influido en el difícil momento en el que se encuentra el Catatumbo.
Detalló que en el caso del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) a las dificultades inherentes a los retrasos en las ayudas y la asistencia técnica, se suma una fuerte presión por parte de los grupos armados para que no haya sustitución, al tiempo que la Fuerza Pública reactiva la erradicación forzada.
“Ante este panorama, la respuesta del Estado es percibida por los actores locales como contradictoria, ineficiente e insuficiente, por lo que exigen establecer un canal de interlocución directa tanto con el Gobierno nacional como con el Congreso de la República, para que su voz sea escuchada”, dice la FIP.
En la región del Catatumbo el Gobierno nacional dispuso 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) dentro de la implementación del acuerdo de paz, que han tenido algunos avances.
El panorama en materia de seguridad en el Catatumbo es complejo, dice la FIP, porque el desarme y desmovilización de las estructuras de las Farc que tenían influencia en la zona generó un vacío de regulación que no fue llenado por el Estado de manera oportuna.
“Esto favoreció la recomposición del escenario bélico a partir de la expansión de estructuras ilegales preexistentes —como el Eln y el Epl— y el surgimiento de nuevas expresiones armadas como la llamada disidencia del frente 33, además de grupos de delincuencia organizada”, señala el informe.
Pese a estas dificultades, los actores locales reconocen que la implementación del acuerdo ha tenido algunos avances, especialmente relacionados con la construcción de obras de infraestructura comunitaria y la presencia institucional que ha llegado a la región luego de elaborar la Hoja de Ruta y el Programa Catatumbo Sostenible desde el año pasado.
Sobre el proceso de desarrollo rural, aunque los actores locales tienen expectativa por la implementación de los PDET, reconocen también que es necesario acelerar las iniciativas relacionadas con educación, salud, vivienda y acceso a la tierra. Manifiestan, además, inconformidad por las deficiencias en la participación de la sociedad civil en la elaboración de la Hoja de Ruta.
Respecto de la reincorporación, según la FIP, se evidencian retos relacionados con el acceso a la tierra para implementar proyectos productivos y con la oferta del Estado fuera de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación.
Sin embargo, hay otros frentes rezagados lo que se explica en buena medida por el conflicto que allí se siente todavía con fuerza, de acuerdo con un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Sobre la satisfacción de los derechos de las víctimas, existe la percepción de que las políticas de reparación integral se implementan con mucha lentitud y hay preocupaciones relacionadas con el reclutamiento de niños y adolescentes, así como la presencia de minas antipersonal en algunos territorios.
Finalmente, frente a las capacidades para enfrentar la emergencia sanitaria por el Covid-19 se identifica que el sistema de salud de la región aún es precario, por lo que un eventual rebrote podría colapsar la infraestructura de la subregión.
La voz del Gobierno
Hace algunas semanas el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, dijo que a través de la estrategia Catatumbo Sostenible se ha superado en todas las áreas lo realizado durante 16 años en esa subregión de Norte de Santander.
Archila recordó que el presidente Duque se había comprometido a llevar a esa subregión $20 mil millones en vías terciarias, y “terminamos el año con casi $100 mil millones”.
El Consejero dijo también que el Mandatario “había prometido que íbamos a llegar a alrededor de 2 mil personas para electrificación y llegamos a más de 3 mil”. Otro tanto ocurrió con los acueductos, de los que el compromiso eran 17 y ya “entregamos 20”.