Luego de que el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes, concluyera que no existen pruebas contundentes que vinculen directa o indirectamente al expresidente Álvaro Uribe con los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, le pidió a la jueza 28 de conocimiento de Bogotá que precluya el proceso.

Durante las audiencias la Fiscalía señaló que los dineros que se entregaron a algunos testigos salieron de la oficina del abogado Diego Cadena y es cuestionable ese tipo de hechos.

Por esto, el fiscal precisó que Cadena sí deberá responder judicialmente por los hechos que está siendo investigado, advirtiendo que el expresidente no tuvo ninguna injerencia, ni tampoco le pidió que ofreciera dineros o prebendas para conseguir las "cartas de retractación" a los exparamilitares.

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Además, Jaimes señaló que se compulsaron copias contra Carlos Enrique Vélez, la abogada Mercedes Ardila, Deyanira Gómez y el testigo preso Juan Guillermo Monsalve. Y, de igual forma, se compulsó copias para que se investigue al senador del Polo, Iván Cepeda. Esta compulsa, dijo el fiscal, se enviará a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia a efectos de que se investigue la posible comisión de delitos.

La decisión estaría respaldada, según Jaimes, en “los medios de conocimiento conocidos en esta audiencia, por los hechos que afectaron a Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra, Máximo Cuesta, Giovanny Cadavid, Carlos Enrique Vélez, Elmo José Mármol, Fauner José Barahona, Eurídice Cortes y Jhon Jaime Cárdenas”.

De acuerdo con Jaimes, todos ellos tienen que ver con la investigación contra Uribe, debido a que en algún momento se presentaron documentos con el fin de inculpar al expresidente y exsenador. Jaimes explicó que con todos Cepeda intentó fortalecer sus denuncias.

Del otro lado, el exfiscal Eduardo Montealegre, reconocido como víctima en el proceso, aseguró que “no hay motivos para investigar a Cepeda y dijo que la Fiscalía está convirtiendo en este caso a las víctimas en victimarios. Es un acto contrario a la ley, un abuso de autoridad porque la Fiscalía no ha compulsado las copias correspondientes contra otros testigos que incurrieron en falsedad”.