El escándalo alrededor del caducado contrato billonario entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) con la Unión Temporal Centros Poblados crece como una bola de nieve pendiente abajo.
La semana pasada el hecho impactante fue que se libró orden de captura al polémico y condenado Emilio Tapia, tras comprobarse que fue uno de los articuladores del cuestionado contrato para instalar siete mil puntos de acceso de internet en zonas rurales, para lo cual se adelantaron 70 mil millones de pesos que hoy siguen embolatados.
Resulta poco entendible que Tapia, protagonista principal del escándalo del denominado ‘carrusel de la contratación en Bogotá’, nuevamente haya podido maniobrar para hacerse a un multimillonario contrato que pretendía llevar internet a las regiones apartadas del país.
Pero la semana que termina hoy no fue menos movida. De hecho, EL NUEVO SIGLO presenta los siete hechos más importantes de los últimos días con relación a este escándalo.
- Benedetti salpicado
El domingo pasado circuló un rumor sobre que uno de los congresistas que había hecho lobby ante la ministra Karen Abudinen para que no se caducara el contrato con Centros Poblados e incluso recomendaba a la empresa Hughesnet para asumirlo en calidad de cesión, era Armando Benedetti.
El lunes el tema tomó más vuelo pero Benedetti salió presuroso a los diferentes medios a desmentir la información. El senador se pronunció a través de Twitter, tras conocerse que Tapia estaría dispuesto, ante la Fiscalía, a 'prender el ventilador' y revelar los nombres de algunos políticos involucrados.
Ese día explicó que “jamás en la vida me he tomado un tinto o una coca cola, (con Tapia) ni me he reunido, hablado telefónicamente o cruzado un email o un chat. Como en las viejas épocas del ‘rufián’, quieren meterme en cuanto caso de corrupción hay. Si esto es verdad, entrego mi credencial”, aseguró.
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- Ministra ‘echó al agua’ a Benedetti
Luego de las de las amplias declaraciones de Benedetti, la ministra Abudinen literalmente lo ‘echó al agua’ y vía Twitter expresó: “Le refresco la memoria senador. Usted sí me llamó, como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: caducar el contrato. Yo no negocio ni cedo ante corruptos”. Benedetti no se quedó callado y contratacó: “Karen Abudinen trata de justificar su negligencia o posible participación en el robo, la forma como amañaron la licitación y cómo se ‘abudinearon’ la plata, con una supuesta llamada posterior a la adjudicación”, escribió el senador. Y cerró. “Eso se lo robaron ‘duquistas’ y ‘uribistas’”.
- Llamadas de todos lados
Luego el congresista aceptó que sí llamó a la ministra: “Lo primero que tengo que decirle es que si llamé y si había corrupción en la llamada ¿por qué no me denunció? Ella por ley está obligada a denunciarme enseguida”, aclaró. Y no se quedó allí el congresista. Dijo que “tengo un Twitter de 6 o 7 de diciembre en el que digo si es verdad que están torciendo la licitación. (…) Los mismos asesores del Ministerio de Comunicaciones estaban diciendo que había cosas sospechosas en ese contrato. Llamé a María Paula Correa y le dije: ‘aquí en el Congreso hay un bonche con ese contrato’ y me dijo: ‘Lo sé porque el embajador de Estados Unidos (Francisco Santos) estuvo aquí”, puntualizó. Entonces, aseguró Benedetti que llamó a la ministra para advertirle de los rumores que existían: “yo no la estaba llamando para felicitarla. La estaba llamando porque ella estaba privilegiando a unos intereses privados”. Y complementó: “Esto es un show mediático para distraer lo que es realmente grave. No hay ninguna prueba en mi contra. Nunca he hablado con ella de Centros Poblados. El abogado, Jaime Lombana, me quiere coger de marica para que yo pague los platos rotos de la vagabundería de Karen Abudinen”.
4. La réplica de la exministra
El abogado Jaime Lombana, apoderado del Mintic, negó esas declaraciones del parlamentario y explicó: “Nadie puede ceder algo ilícito, no se puede ceder un contrato que fue adjudicado con unas garantías falsas. (…) Se produce la llamada de Benedetti a la ministra diciéndole que no caduque el contrato, sino que lo cediera”. Y reiteró: “La honestidad de la ministra quedó demostrada con esa caducidad. La transparencia de Karen Abudinen está demostrada”.
- Plata de bolsillo
Durante toda la semana se cumplieron varias audiencias judiciales relacionadas con este escándalo y se empezaron a conocer detalles más puntuales. Por ejemplo, se supo cómo la plata se volvió ‘feria de bolsillo’.
En una de las diligencias, Juan Carlos Cáceres Bayona, presidente de Funtics, una de las empresas que conforma la Unión Temporal Centros Poblados, detalló a dónde fueron a parar los $70 mil millones del anticipo que le fue girado a la UT. Llamó la atención que fue el propio Emilio Tapia quien ordenó que parte del dinero fuera consignado a cuentas en Dubái.
Cáceres Bayona explicó en la Fiscalía: “Quiero aclarar que yo le realicé dos préstamos a una familia, que son esposos, por 503.000 dólares, los cuales yo lo hice por un tema personal y también tomé 1.342.000 dólares para comprar un apartamento a nombre mío. Me giré además 75.000 dólares por un tema personal”. Cerró asegurando que el resto del dinero fue a parar a cuentas que fueron suministradas por Tapia.
Cáceres, que pidió un principio de oportunidad en la Fiscalía, también narró que Tapia le preguntó qué margen de ganancia dejaban los negocios en telecomunicaciones. “Lo normal de este negocio era ganarnos un 10 por ciento del billón”, le respondió.
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- Giros a Dubái
Tapia, según se indicó, dio órdenes a Cáceres para que dineros del anticipo se consignarán a una serie de cuentas que nada tenían que ver con el objetivo del contrato, pese a que se decía que los giros eran para subcontratistas del proyecto.
Los giros fueron así: “Para la firma 2 wings Aircraft, por 150.000 dólares; OLT Logistic, por 300.000 dólares. Quiero aclarar que cuando yo hice estos giros a estas compañías que él me dio, yo le dije a Emilio que ojalá estas empresas no tuvieran problemas, porque yo era el que estaba girando ese dinero en Estados Unidos". "Y él me dijo: esas compañías no tienen problemas. Esos giros los hice el 12 de mayo de 2021 y el 14 de mayo de 2021. Y a Marcell Felipe Attomeys, por 50.000 dólares; quiero aclarar que de esta persona no tengo comprobante”, agregó el testigo.
- Más congresistas involucrados
A mitad de semana, la Corte Suprema de Justicia anunció apertura de indagación preliminar por este caso a cuatro congresistas: Además de Armando Benedetti también se investigará a Antonio Zabaraín (Cambio Radical), Daira de Jesús Galvis (Cambio Radical) y Mauricio Gómez Amin (Partido Liberal).
El caso, que quedó en manos del magistrado Misael Rodríguez Castañeda, se abrió luego de recibir dos denuncias distintas de dos veedurías ciudadanas en las que se pide investigar supuestas intervenciones para que no se caducara el contrato.
Una de estas denuncias fue presentada por Henry Antonio Anaya Arango, de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común; y la otra por Pablo Bustos Sánchez, de la Red de Veedurías de Colombia RED VER.