La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos a la exrepresentante a la Cámara, Argenis Velásquez Ramírez (2014 - 2018), por presuntamente entregar 130 millones de pesos a un magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, para ser favorecida en un proceso penal adelantado en su contra.
Al parecer, la excongresista habría entregado esa suma de dinero al funcionario judicial a través de su abogado defensor, Luis Gustavo Moreno Rivera, para evitar una eventual captura o un llamado a juicio por la presunta apropiación de 300 millones de pesos cuando se desempeñó como alcaldesa de Orito, Putumayo, entre 2009 y 2010.
El Ministerio Público señaló que la aparente acción de la entonces congresista “fue un comportamiento que se alejó de la función pública y de la confianza que depositaron en ella los ciudadanos que la eligieron para que los representara en el órgano legislativo”.
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La presunta conducta cometida por Velásquez Ramírez fue relatada en las declaraciones rendidas por Luis Gustavo Moreno Rivera en el proceso penal donde se investigó la conducta irregular de diferentes funcionarios judiciales, en lo que se ha denominado como el ‘cartel de la toga’.
Para el Ministerio Público, con su aparente actuación la excongresista habría vulnerado el principio de la moralidad administrativa, pues al parecer utilizó “su cargo y función para quebrantar la ley que ella misma juró cumplir, utilizando maniobras fraudulentas como resulta ser el ofrecimiento o pago de sumas de dinero a magistrados para que no fuese sujeto de la ley penal”.
Por ese hecho, el órgano de control calificó su presunta conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo.