La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, intervino en la sesión ordinaria del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York. La funcionaria presentó el informe trimestral sobre la implementación del Acuerdo Final, en materia de reincorporación, garantías de seguridad personal y justicia transicional.

La sesión fue convocada por Brasil, presidente del Consejo de Seguridad de la ONU; igualmente, asistieron el presidente de la Comisión de la Verdad, padre Francisco de Roux; el consejero presidencial para la Estabilización, Juan Carlos Vargas; y el representante permanente de Colombia ante la ONU, Guillermo Fernández de Soto. También fue invitada una representante de la sociedad civil.

Cifras de implementación

La Vicepresidenta expuso las acciones que ha adelantado el Gobierno para reparar a las mujeres víctimas del conflicto armado, destacando que de los 51 indicadores de género del Plan Marco de Implementación, el 60% ya fueron finalizados o cuentan con un nivel alto de avance. Insistió en el férreo compromiso del Gobierno con el Acuerdo de Paz, la reparación a víctimas del conflicto y la lucha contra el narcotráfico. 

Igualmente, dijo que la determinación de Colombia es clara en superar el conflicto, los altos niveles de pobreza y la marginalidad en algunas zonas que se superponen evidentemente con los cultivos ilícitos. “No en vano las 16 regiones priorizadas y la planeación realizada con Enfoque Territorial permitieron el desarrollo y conclusión de más de 1.400 obras de infraestructura, diseño y planeación de más de 154 nuevos proyectos de vivienda, transporte, energía, acueducto y alcantarillado y agua potable”.

Continuidad

La también Canciller se refirió a la continuidad del Acuerdo y que para ello se debe acudir a las regalías provenientes de los proyectos de energías renovables no convencionales y de hidrógeno verde. “Nuestro Gobierno ha dado prioridad con inversiones nacionales y extranjeras que han permitido multiplicar por 100 veces la capacidad instalada en energías no convencionales que se encontraron al inicio del Gobierno, y que llegará a un aumento de 200 veces dicha capacidad a finales del 2023, eso gracias a los proyectos que deja este gobierno avanzando”, sostuvo Ramírez. 

Y enfatizó en que las regalías, como el presupuesto nacional, deben seguir aumentando para continuar con la implementación del Acuerdo y lograr aún más rápido el progreso en todos los aspectos. Así mismo, señaló que se han entregado medio millón de hectáreas de tierras a familias campesinas de los tres millones a los que se refiere el Acuerdo. 

En otro de los apartes la Canciller resaltó que “en los últimos tres meses algunos miembros de las Fuerzas Militares y excombatientes de las Farc participaron en audiencia de reconocimiento de responsabilidad por crímenes cometidos durante el conflicto, pidieron perdón a las víctimas; esto no significa que hemos alcanzado la reconciliación plena, ya que sigue la violencia y se sigue sembrando la inestabilidad en los territorios”.  

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Informe 

De otro lado, el padre Francisco de Roux desdibujó ante el Consejo de Seguridad de la ONU el informe final de la Comisión de la Verdad, que durante cuatro años reseñó la barbarie que por décadas afectó a Colombia y dejó 450 mil muertos, entre 1985 y 2018.

“Una multitud de más de 10 millones de personas ha sido afectada de diversas maneras por esta guerra. El 80% de los afectados, sobrevivientes y asesinados no eran soldados ni guerrilleros, sino población civil sin armas. Así es la guerra”, explicó De Roux.

Recalcó que se escucharon más de 30 mil historias y leído más de mil informes de colombianos afectados por el conflicto armado en nuestro país. “Testimonios de los 50 mil secuestrados, miles de niños y niñas llevados a la guerra, donde la responsabilidad de la guerrilla fue máxima. Desapariciones forzadas, falsos positivos, donde la responsabilidad del Estado es inmensa y directa”.

Finalmente, Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión ONU Colombia y Representante Especial del Secretario General, manifestó la importancia de investigar las últimas denuncias sobre la presunta desviación de recursos destinados para la implementación del acuerdo de paz a través del OCAD-Paz.