Los ojos de las ONG ambientalistas del país y sectores afines estarán puestos mañana sobre las Comisiones Segundas de Senado y Cámara que tienen previsto reunirse para iniciar el trámite del proyecto que presentó el Gobierno para la ratificación de Colombia del Acuerdo de Escazú sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
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El miércoles pasado la audiencia que estaba prevista con este fin fue suspendida argumentando que justo ese día se realizaba el paro nacional convocado por las centrales obreras, docentes y organizaciones sociales contra el gobierno de Iván Duque. No obstante llamó la atención que la reunión de los parlamentarios para discutir esta iniciativa de ley se realizaría de manera virtual.
A pesar del interés manifiesto del Ejecutivo nacional de que se ratifique este Acuerdo, como lo ha dicho el presidente Duque, hay voces en el partido de Gobierno, el Centro Democrático, que tienen prevenciones sobre algunas disposiciones porque dicen podrían desestimular la inversión en proyectos de desarrollo. En similar sentido se han pronunciado voceros del empresariado.
El pulso que se estaría dando explicaría, según algunos, las demoras en iniciar en el Congreso la discusión del proyecto de ratificación del Acuerdo que a dos años de su firma no se ha podido poner en vigor debido a que se requiere que sea ratificado al menos por 11 naciones signatarias, y hasta el momento lo han hecho 10.
La senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, integrante de la Comisión Segunda, ha considerado que el Acuerdo de Escazú “nos pone ahora entre las pretensiones de la izquierda y los promotores de las marchas del año pasado, y la soberanía del país (esta vez, de verdad); y las necesidades de diferentes sectores productivos”.