A menos de un mes para que se lleven a cabo las elecciones al Congreso de la República, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), a través del Sistema de Información, detalló que cada dos días se contabiliza una víctima de violencia político electoral en Colombia.

En su cuarto informe sobre violencia y dinámica electoral, la organización señaló que desde el pasado 13 de marzo de 2021, fecha que marcó el inicio del calendario electoral, hasta el 13 de febrero de 2022, se registraron 163 víctimas de violencia electoral y 124 hechos asociados, donde la mayoría han sido asociadas a las amenazas, excluyendo los hechos perpetrados contra líderes y lideresas sociales. Asimismo, se ha reportado 19 candidatos o lideres políticos que han sido asesinados en el territorio nacional durante ese mismo periodo.

No obstante, Pares informó que es una cifra menor a las registradas en las pasadas elecciones locales y departamentales del 2019, cuando fueron 230 víctimas en 177 hechos, y de ellas tres de cada diez eran personas pertenecientes a la oposición.

En el documento, la fundación explicó que “la violencia electoral está atada no solo a las dinámicas locales de conflicto armado y criminalidad, sino también a las dinámicas políticas clientelares y corruptas. Tradicionalmente, la violencia es un mecanismo más de competencia electoral en el país”.

Asimismo, mencionaron que “durante los periodos de elecciones legislativas y presidenciales, existen sofisticados mecanismos de corrupción que incluyen diversas alianzas con grupos al margen de la ley. Además, Pares ha documentado los herederos de las estructuras asociadas al fenómeno de la parapolítica en el Congreso y, posteriormente, ha investigado la continuidad de este poder en hechos de corrupción asociados al ‘Cartel de la Toga’ y el escándalo de Odebrecht”.

Principales hechos 

En los primeros once meses del calendario electoral, la Fundación Paz y Reconciliación indicó que “se trata de una dinámica sostenida de incrementos de la violencia desde septiembre de 2021, siendo los últimos cinco meses los más violentos en lo que va del monitoreo realizado. Aunque diciembre y enero no fueron los meses con más hechos registrados hasta ahora, algunos hechos fueron mucho más graves que los presentados hasta noviembre de 2021”.

Entre los hechos de mayor relevancia por la entidad, se resaltó el incendio provocado en la casa del alcalde de El Charco (Nariño), ocurrido el pasado cuatro de febrero, al igual que el ataque contra el gobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca, el 29 de enero, el explosivo encontrado en una de las sedes del Partido Comunes en Bogotá, el 21 de enero; y dos atentados a diputados del Chocó con explosivos en sus casas el 7 y 9 de enero, respectivamente. En este último, se enfatizó en que buena parte de los miembros de la asamblea fueron amenazados mediante un panfleto.

Pares sostuvo que estos últimos hechos de violencia política se concentraron en los departamentos de Valle del Cauca (14), Magdalena (11), Antioquia (10), Cauca (10) Bogotá (8), La Guajira (7) y Norte de Santander (7), respectivamente.

“Es importante mencionar que el 52% del total de las víctimas se concentran en Bogotá (20), La Guajira (15), Valle del Cauca (14), Antioquia (13), Norte de Santander (13) y Chocó (11). Cabe resaltar que el conteo total de víctimas por departamentos es 167 porque hay víctimas que han sufrido distintos hechos victimizantes en diferentes departamentos”, mencionó Pares.

En menor proporción, otros departamentos que registran víctimas son Cauca (10); Magdalena (9), Córdoba y Nariño (6); Atlántico, Huila y Sucre (5); Caquetá, Cundinamarca y Bolívar, Santander y Tolima (4); Arauca, Cesar, Meta, Putumayo y Quindío (2); y finalmente Boyacá, Caldas, Casanare, Risaralda y Vaupés con una víctima.

En comparación con las víctimas registradas en los primeros informes del 2019, los departamentos de Valle del Cauca y Antioquia vuelven a ser los lugares con mayor riesgo para los candidatos y dirigentes políticos del país.

“Dado el número de hechos, no es posible identificar sistematicidad contra alguno u otro sector en el territorio nacional; sin embargo, sí es posible afirmar que existen algunos casos de violencia puntuales que están asociados a la fuerte presencia de grupos armados organizados”, se lee en el informe.

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En cuanto al número total de víctimas amenazadas durante esta campaña electoral, Pares sostuvo que los perfiles más victimizados han sido los funcionarios públicos de elección popular (41%), de los cuales, los concejales han sido de los más afectados con 19 casos; les siguen 15 alcaldes, 13 diputados, 11 senadores, siete gobernadores, tres ediles y tres representantes a la Cámara.

Mientras que el segundo perfil más victimizado es el de miembros de partidos políticos con catorce, y periodistas con trece; después se encuentran los candidatos a la Cámara con nueve casos; y los candidatos al Senado con ocho, respectivamente.

La mayoría de personas amenazadas o asesinadas son miembros del partido de gobierno local o nacional (51), mientras que hubo 39 víctimas de partidos de oposición, siendo las colectividades de Colombia Humana, Partido Conservador y Alianza Verde con mayor número de victimizados.

Causantes de los ataques

La Fundación Paz y Reconciliación afirmó que en el 70% de los casos no se ha podido esclarecer cuáles grupos o estructuras criminales cometen este tipo de actos. Vale destacar que, de los 124 hechos registrados, 87 no se tiene conocimiento del responsable que ejecuto el ataque contra el líder político.

Sin embargo, el 30% restante se lograron identificar a los autores de los atentados. Están las disidencias y reincidencias de las Farc con 12 hechos, seguido de las ‘Águilas Negras’ con ocho, las Autodefensas Gaitanistas con siete, y luego aparecen los grupos como ‘Los Mexicanos’ (3), y el Eln, las Autodefensas Sierra Nevada y Medellín, Los Caparros, Bloque Capital Auc y ‘Las Panteras’, quienes fueron acusados de atentar contra la vida del alcalde de San Benito Abad (Sucre) en el año anterior.

Riesgos en Curules de Paz

De igual forma, la Fundación Pares hizo un detallado análisis para analizar la situación de riesgo para los candidatos y candidatas que aspiran a las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz (Citrep), que también serán elegidos el próximo 13 de marzo.

La organización recalcó que la presencia de estructuras armadas ilegales, las dinámicas de las economías ilegales y la cooptación democrática de clanes políticos han hecho que estos comicios tengan un gran riesgo.

“El constante riesgo de amenazas, asesinatos o desplazamientos forzados no sólo atenta contra la vida de las víctimas que son candidatas, sino que impide el ejercicio electoral amplio, libre y público, requisitos mínimos para estos ejercicios democráticos”

A la fecha, Pares ha identificado 55 clanes que se encuentran en estas elecciones legislativas, de los cuales, 33 buscan cooptar las curules destinadas para las víctimas del conflicto. Entre estas ya hay indicios de que 7 tienen intenciones de cooptar 4 candidaturas en las subregiones del Sur de Tolima, Chocó, Sur de Córdoba y Sierra Nevada-Perijá. No obstante, las regiones de mayor índice de cooptación son el Pacifico Medio, Alto Patía-Norte del Cauca, Sur del Tolima y Sierra Nevada-Perijá.

Además, la Fundación informó que las Citrep “tampoco han contado con una suerte de garantías electorales que desde el Estado eviten que estas elecciones se conviertan, como en ocasiones anteriores, en un escenario para la revictimización de las víctimas al ser posibles objetivos militares para las estructuras y organizaciones políticas”.