La mayoría de la bancada de representantes a la Cámara por Bogotá, 16 de 18 de los congresistas, presentaron ayer un proyecto de ley que busca reformar el estatuto orgánico de la ciudad, que fue promulgado en 1993 durante la gestión de Jaime Castro.

Con el proyecto se busca delimitar las competencias de las alcaldías locales, darle un mayor estatus a la figura del Alcalde local y ordenar a la Alcaldía Mayor que presente, posteriormente, una iniciativa para actualizar la división de las localidades de la capital.

De acuerdo con el representante José Daniel López, de Cambio Radical, el proyecto de ley “busca reformar una norma que tiene 26 años de vigencia que ha ayudado a organizar la Administración distrital, las finanzas del Distrito, pero creemos que toca ajustarla específicamente en el capítulo de las localidades”.

En relación con el consenso logrado entre congresistas de diferentes partidos y movimientos, López afirmó que “esta es una foto diversa desde el punto de vista partidista, diversa desde el punto de vista ideológico, pero entendemos que nuestra diversidad en vez de alejarnos de los temas de Bogotá debe acercarnos para encontrar soluciones prácticas”.

“Es necesario descentralizar la ciudad, poder agilizar los procesos”, señaló por su parte la representante María José Pizarro, de la Lista de la Decencia, quien destacó que los congresistas están “con el mejor ímpetu, la mejor disposición para llegar a consensos para entregarle a la ciudad las mejores herramientas legislativas y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.

El proyecto de ley radicado tiene cuatro puntos clave. El primero, busca delimitar el alcance de las competencias de los alcaldes locales en cinco aspectos asociados “al concepto de participación ciudadana”, de tal modo que las alcaldías locales se conviertan en articuladoras entre las demandas que surgen en los barrios y las decisiones que se toman en el Gobierno distrital”, afirmó el representante López.

El segundo aspecto es que se pretende darle un mayor estatus a la figura del Alcalde local para que haga parte del gabinete distrital, igualándolo en términos de jerarquía con los secretarios de despacho. Con ello, los alcaldes de las localidades serían remunerados como secretarios y así se podría atraer a los mejores profesionales de las localidades para desempeñar estos cargos.

En tercer lugar, se busca que el Congreso le ordene a la Alcaldía que, en lapso de máximo un año, tras la promulgación de la ley, presente ante el Concejo, órgano competente para esta materia, un proyecto para actualizar el número y la división de las localidades de la ciudad.

“El Congreso no es competente para definir cuántas localidades debe tener la ciudad, pero lo que sí puede hacer es ordenarle a la Alcaldía Mayor que presente una iniciativa para actualizar el número de localidades”, señaló López.

Finalmente, la iniciativa quiere fortalecer las funciones de control político de las Juntas Administradoras Locales (JAL). Para ello, se busca que “como ocurre en el Congreso y el Concejo, las citaciones que realicen los miembros de estos cuerpos a los alcaldes y funcionarios tengan un carácter obligatorio y las inasistencias tengan consecuencias disciplinarias”, afirmó López.

Los únicos congresistas que no acompañaron la iniciativa fueron Germán Navas, del Polo Democrático, e Inti Asprilla, de la Alianza Verde, quienes de acuerdo con los parlamentarios se encuentran todavía estudiándola.

El proyecto requiere ser debatido durante cuatro debates antes de su promulgación. “Continuaremos el debate, continuaremos la discusión para que tengamos el mejor proyecto posible”, concluyó Pizarro.