Un balance apenas agridulce es el que deja la legislatura que termina frente al proceso de paz suscrito hace dos años con la desmovilizada guerrilla de las Farc, pues si bien el Congreso de la República no lo implementó como se esperaba, el Gobierno nacional tampoco lo hizo trizas como se había amenazado.

Fueron varias las iniciativas reglamentarias del Acuerdo Final suscrito en el Teatro Colón el 24 de noviembre de 2016 que se presentaron a consideración del Legislativo, pero fue muy poco lo que se avanzó.

Modificación de la JEP

Frente a las críticas del Centro Democrático sobre los alcances de la Jurisdicción Especial de Paz, fue el propio expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, quien pidió introducirle algunos cambios para proteger a los miembros y ex miembros de la Fuerza Pública que acudieran ante esa instancia.

Luego de un encuentro histórico, del que quedó una foto para la posteridad, Uribe se reunión con voceros de los partidos Farc, Liberal, La U, Cambio Radical y la Alianza Verde para desistir de la creación de una nueva Sala en la JEP exclusiva para militares, a cambio de ampliar en 14 el número de sus magistrados.

Al final, por falta de tiempo, el proyecto se hundió porque no reunió los respaldos suficientes en la plenaria del Senado.

16 curules para víctimas

Fue uno de los proyectos más accidentados. Aunque forma parte de los acuerdos de paz, su trámite no prosperó en dos oportunidades por falta de apoyo de las mayorías legislativas. 

Sin embargo, y aunque suene paradójico, el proyecto podría revivir por vía judicial: el Consejo de Estado comenzó a estudiar una demanda de nulidad que interpuso en diciembre de 2017 el entonces ministro del Interior, Guillermo Rivera, contra la decisión del presidente del Senado de ese momento, Efraín Cepeda, que se negó a firmar el acto legislativo que creó las 16 curules especiales de paz.

La polémica surgió por el número de legisladores que debían integrar las mayorías necesarias para aprobar esa reforma constitucional: para el Gobierno eran 50 senadores, respaldos que obtuvo la iniciativa, pero para Cepeda eran 51.

Hoy, el Consejo de Estado analiza quién tiene la razón. De ser aprobada la tesis del exministro Rivera, el acto legislativo aprobado el año pasado se convertirá en norma constitucional.

Delitos conexos

Este fue un tema de campaña del hoy presidente Iván Duque, que anunció una reforma constitucional para evitar que delitos como el narcotráfico y el secuestro sean conexos a los delitos políticos, como se había acordado en el Acuerdo Final de Paz.

Esta iniciativa ya fue aprobada en primera vuelta, y pasa a segunda en las sesiones de 2019, y de ser aprobada impediría que el Eln, por ejemplo, argumente que su lucha armada la financió con recursos provenientes de esas actividades conexas al delito político de rebelión.

Esta normatividad no afectará el acuerdo de paz anterior, pero sí afectará futuras negociaciones con otros grupos ilegales.

Ley de Orden Público

Esta normatividad se prorroga cada cuatro años para facilitar las herramientas al nuevo Gobierno de iniciar acercamientos de paz con los grupos armados ilegales.

La iniciativa fue aprobada por amplias mayorías en la plenaria de la Cámara de Representantes, pero sin el ‘mico’ que al final le introdujo el uribismo y que se prestó para duros enfrentamiento de la oposición y el Centro Democrático.

Era un artículo que daba facultades especiales al Presidente de la República para dictar órdenes de captura contra los ex jefes de la guerrilla de las Farc que suscribieron el Acuerdo de Paz y facultaba a la justicia ordinaria solicitar la captura de ex combatientes que no se presentaran ante la JEP en un plazo máximo de 30 días a partir de la vigencia de la norma.

Presupuesto para la paz

Hace pocos días el consejero presidencial para el Posconflicto, Emilio Archila, reveló que para cumplir con todos los puntos del Acuerdo de Paz que se negoció en La Habana, en los próximos 10 años se necesita de $150 billones.

El Gobierno anterior había estimado que para implementar aspectos como víctimas, Justicia Transicional, financiación del partido Farc, reincorporación, zonas afectadas por el conflicto y sustitución voluntaria de cultivos, entre otros aspectos, se requería de $120 billones, pero un estudio de la Contraloría calculó la cifra en $30 billones más.

Proyectos productivos

Según quedó claro en un debate de control político en el Congreso, el presupuesto para la paz está desfinanciado y falta reglamentar temas importantes como Catastro Rural, Jurisdicción Agraria, circunscripciones de paz, el Estatuto contra las Finanzas Ilícitas y proyectos productivos.

El partido Farc informó que solo dos proyectos productivos han sido aprobados para sus ex combatientes, uno en el Espacio Territorial de Reincorporación y Capacitación de Miravalle (Caquetá) y otro en Colinas (Guaviare).

Pero la Agencia para la Reincorporación y la Normalización explicó que, a 31 de octubre de 2018, se habían aprobado 17 proyectos productivos colectivos, y otros 30 individuales.

“Balance muy pobre”

En conclusión, según el analista Alejo Vargas Velásquez, “es claro que este Gobierno sí quiere implementar el Acuerdo de Paz, pero no va a la velocidad del Gobierno anterior.

Para el experto, el trabajo legislativo en los temas de paz “fue muy pobre”, aunque falta esperar que el presidente Duque “cumpla su palabra” de presentar el año entrante los proyectos que hacen falta para reglamentar el Acuerdo Final de Paz.

Vargas asegura que “el balance del Congreso en materia de reglamentación del acuerdo de paz fue muy pobre en esta legislatura”, pero recuerda que varias de estas iniciativas “todavía pueden salvarse” en las sesiones de marzo entrante.

“La conclusión es que ni el Gobierno volvió trizas el proceso de paz, ni el Congreso lo reglamentó como tenía que hacerlo”, sostiene el catedrático.