Esta semana fue archivada en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes una iniciativa que buscaba hacerle modificaciones al Código de Infancia y Adolescencia con el propósito de disminuir la edad mínima de responsabilidad penal de los 14 a los 12 años, crear antecedentes penales para los menores de edad mayores de 16 años y fortalecer sanciones para jóvenes que tienen entre 16 y 18 años de edad.

El texto de proyecto establecía que “los adolescentes entre 16 y 18 años que incumplan cualquiera de las sanciones previstas en este Código terminarán el tiempo de sanción en establecimiento carcelario o penitenciario. Durante el tiempo de reclusión se les deberá garantizar el acceso a educación”.

La ponente de la iniciativa, Margarita Restrepo, del Centro Democrático, la defendió. “El espíritu de este proyecto era arrebatarle a los grupos al margen de la ley esa oportunidad que tienen de reclutar a nuestros niños, porque ellos no tienen sanciones penales. Entonces los usan como criminales para robar, el mayor delito que cometen, para el microtráfico, para los delitos sexuales, los usan de esclavos sexuales y el reclutamiento. Colombia es el único país del hemisferio que sufre de ese flagelo”, sostuvo.

“El índice de reincidencia es abismal. Sobre todo en los menores de 16 a 18 años. Los jóvenes en estas edades deben tener antecedentes. ¿Para qué? Para arrebatárselos a esos grupos, para protegerlos. No hay derecho que hoy por hoy haya sicarios de 12 años. En Medellín, un niño de 12 años asesinó a dos personas”, agregó.

De acuerdo con Restrepo, la Comisión “no estuvo de acuerdo y personalmente es un punto que tiene que mejorar el proyecto. Espero que se vuelva a presentar fortalecido. Los niños de 16 a 18 años no deben ir a un centro penitenciario sino que deben ir a un centro especializado”.

Por su parte, el representante César Lorduy, de Cambio Radical, señaló que “no apoyamos proyecto que buscaba privar la libertad en establecimiento carcelario a los menores entre 16 y 18 años, basados en el principio de oportunidad, porque se sigue favoreciendo a los autores de hechos contra niños y niñas, pero se olvidan de la víctima”.

“Si logro entender el proyecto, dentro de este rango de edad obviamente se han venido presentando muchísimas situaciones en Colombia que amparados en esa edad, por un lado, están fuera de la jurisdicción en términos sancionatorios y por otro lado existe la discusión constitucional acerca de si también son objeto de protección o no lo son”, afirmó.

“Pero, la fuente de inspiración es la convención de las Naciones Unidas y esa convención habla de niños. Resulta que cuando uno va a la definición de niños en el Código de Infancia los niños son menores de 12 años. Entonces uno tiene esas consideraciones de que si la fuente de inspiración es de niños, uno no logra entender por qué el proyecto basado en esa fuente de inspiración se mete con adolescentes”, agregó Lorduy, quien señaló que pondera “el principio de oportunidad, pero no en iguales condiciones. No puede ser tan bueno para el victimario, pero tan malo para la víctima”.

Lorduy destacó las iniciativas apoyadas relacionadas con la protección a menores. “Vamos a la gran cantidad de proyectos que hemos tratado de impulsar contra la violencia sexual contra niños y niñas. Apoyamos de manera inmediata la imprescriptibilidad de acción penal. También aprobamos que los delitos contra menores estuvieran por fuera de aspectos relacionados con el conflicto. Y aquí también aprobamos la cadena perpetua por actos sexuales dolosos contra niños y niñas”, dijo.