Para hoy está previsto en la Comisión Primera de la Cámara el tercer debate de la reforma política, cuyos temas centrales serán las listas cerradas y la financiación de las campañas.

El representante por Bogotá, Juan Carlos Wills, del Partido Conservador, considera que la lista cerrada debe ser a partir de 2022, y siempre y cuando sea con financiación estatal.

“Si no hay financiación estatal al 100%, lo que va a pasar es que si cerramos las listas para que haya unas elecciones primarias, los candidatos van a tener que gastarse en una elección primaria casi el mimo presupuesto que van a gastar hoy en una elección ordinaria”, sostuvo Wills, señalando que con esto se podría generar más corrupción porque se requeriría más dinero en dos campañas.

Como lo publicó este fin de semana EL NUEVO SIGLO, ya el representante por el Huila, Julio César Triana, de Cambio Radical, había anticipado que su bancada buscaría “que la reforma tenga dos modificaciones que estoy defendiendo. La primera, es que la lista cerrada empiece a regir en 2022. La segunda es relacionada con los recursos que puede el Congreso de la República direccionar, se abra también a los planes de desarrollo municipal y departamental con el objetivo de buscar inversiones para las regiones y no depender del centralismo nacional”.

En la ponencia mayoritaria que empezará a debatirse hoy, se insiste en la elección de 70 senadores en ocho circunscripciones regionales: 15 por el Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y San Andrés), 12 por el Pacífico (Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca), 10 por el Distrito Capital, 12 por el Centro-Oriente (Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander y Santander), nueve por Antioquia, cinco por el Centro-Sur (Putumayo, Amazonas, Caquetá, Huila y Tolima), cuatro por el Eje Cafetero (Caldas, Quindío y Risaralda), tres por los Llanos (Arauca, Vaupés, Casanare, Guainía, Guaviare, Vichada y Meta).

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Otros 30 senadores serán elegidos por circunscripción nacional y se conserva la circunscripción especial indígena para proveer dos escaños adicionales.

La ponencia mayoritaria trae algunas modificaciones, como que los partidos políticos podrán celebrar consultas populares, internas o interpartidistas que coincidan o no con las elecciones a corporaciones públicas, de acuerdo con lo previsto en sus estatutos y en la ley para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por coalición. En el caso de las consultas populares se aplicarán las normas sobre financiación y publicidad de campañas y acceso a los medios de comunicación del Estado, que rigen para las elecciones ordinarias. El resultado de las consultas será obligatorio. Por una sola vez los partidos y movimientos políticos podrán tener como referente el último resultado electoral que corresponda para la conformación de las listas a las corporaciones públicas de elección popular, mientras definen el mecanismo de democracia interna que utilizarán para el efecto.

Las incompatibilidades de los congresistas tendrán vigencia durante el período constitucional respectivo. En caso de renuncia, se mantendrán durante los seis meses siguientes a su aceptación, si el lapso que faltare para el vencimiento del período fuere superior.

Quien fuere llamado a ocupar el cargo, quedará sometido al mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades a partir de su posesión.