Mañana con una audiencia tras el pliego de cargos que la Procuraduría le dictó al exgobernador del Cesar, Cristian Moreno, sigue el desarrollo de los procesos disciplinarios por la existencia de 97 mil ‘alumnos fantasmas’ en varias regiones del país que denunció en 2011 el presidente Santos.

En el caso del Cesar la auditoría reportó187.429 estudiantes matriculados para la vigencia 2010, de los cuales, al menos 30.413 eran inexistentes, según informó.

Sin embargo, Moreno asegura que dicha auditoría incurrió en actuaciones fraudulentas y por ende la información que entregó en su momento no corresponde a la realidad.

El NUEVO SIGLO: ¿Cuál será su defensa en la audiencia en la Procuraduría?

CRISTIAN HERNANDO MORENO PANEZO: Demostrar, como hace dos años lo denuncié ante la Fiscal General de la Nación y ante el propio Ministerio de Educación Nacional, que la empresa que adelantó la auditoría en el departamento del Cesar para entonces incurrió en distintas actuaciones fraudulentas consistentes en falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento público, obtención de documento público falso, fraude procesal, uso de documento falso e, incluso, la responsabilidad que le cabe a la empresa que adelantó ese proceso de auditoría de haber hecho incurrir en error, no solo al Ministerio sino al Conpes al afectar los recursos del departamento del Cesar. Y me refiero en concreto a la firma auditora Consorcio ATI Internacional & Brian Ltda., representada por la señora Gloria Guzmán Gómez, y la empresa que hizo la interventoría representada por el señor José Augusto Sosa López, que fue la Unión Temporal Mediwin.

Estos dos actores contratados por el Ministerio de Educación hicieron incurrir en distintas irregularidades al Ministerio por cuanto en lugar de ir a hacer el seguimiento, la revisión y la verificación de cada uno de los 189 mil estudiantes que para entonces estaban en las aulas de 24 municipios del departamento del Cesar, lo que se limitaron según el testimonio de los propios rectores de instituciones educativas, fue allegar a las cabeceras municipales y desde allí a adelantar todo tipo de actas fraudulentas suplantando firmas de rectores, enmendando nombres, cambiando cifras y soportando un informe que de manera alguna correspondió a la realidad.

Todos estos hechos, denunciados en su oportunidad ante la Fiscalía General, ponen en evidencia que la auditoría al proceso de matrícula en el Cesar fue una farsa y que estos contratistas no solo engañaron al Ministerio sino que además enjuiciaron la conducta de los rectores, que mediante declaraciones ante jueces y notarios señalaron que habían sido fraudulentamente utilizados sus nombres y el de sus instituciones educativas para señalar un número de estudiantes que no existía.

ENS: ¿Qué ha pasado con las denuncias que sobre estos hechos usted en 2011 dio cuenta al Ministerio de Educación y la Fiscalía?

CHMP: Es lo que el país, la institucionalidad y los distintos actores del sistema educativo debemos llamar la atención en lo que está ocurriendo en el esquema de gestión de la educación en Colombia. No obstante, la Ley 715 haber reglado juiciosamente la gestión de la educación en el país con unas responsabilidades directas de las entidades territoriales, la reglamentación que ha hecho el Ministerio y los términos en que ha ido desarrollando sus controles han resultado insuficientes, al punto que se da este tipo de contratos de personas jurídicas, de empresas contratistas, que se han aprovechado de la relación y de intereses en el Ministerio para presentar cifras equivocadas que no solo afectan la integridad y el buen nombre de los rectores, de los jefes de núcleo, de los supervisores de educación sino que además ahora vienen en el interés de poner en la picota pública a alcaldes y gobernadores, que en el caso nuestro oportunamente señalé la responsabilidad de estos contratistas.

¿Falso positivo?

El exmandatario dijo que tan pronto se denunció la existencia de más de 30 mil estudiantes fantasmas en 2010 en el Cesar, él ordenó una investigación administrativa que permitió establecer, con documentos en mano, que esta información no correspondía a la realidad.

“Le di traslado, no solo a la fiscal General de la Nación de entonces,  la doctora Viviane Morales, sino a la propia ministra de Educación, María Fernanda Campo, para que evidenciara los abusos y defraudaciones que estaban  haciendo sus propios contratistas”, infortunadamente hasta ahora no hay resultados de estas denuncias, dijo. “Les interesó más a los funcionarios de la época presentar un ‘falso positivo’ en materia de ‘estudiantes fantasmas’, mal llamados, para ganar audiencia y reconocimiento en la opinión pública”, aseguró.