Si bien se da por sentado que el proyecto de reforma tributaria que presentó el Gobierno no tiene futuro en el Parlamento, poco a poco se abre la posibilidad de avanzar un ajuste de fondo a todo el articulado, al ser claro que es necesario encontrar fuentes de financiación para el componente social que plantea la iniciativa para seguir apoyando a millones de familias fuertemente golpeadas por la pandemia.
Tras una primera ola de reacciones muy críticas contra lo propuesto por el Ministerio de Hacienda, en los últimos días comenzaron a ponerse sobre la mesa algunas alternativas de fuentes de recaudo de recursos.
- Le puede interesar: ANDI reitera su propuesta para reforma tributaria
Por ejemplo, la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) le presentó al Congreso varios puntos indispensables que debería contemplar una reforma tributaria.
Para el gremio no es momento de oportunismos políticos sino de continuar trabajando para obtener una estructura de reforma que permita obtener los recursos que la Nación requiere con urgencia para asegurar su financiación, la calificación de riesgo y garantizar la política social.
Según los empresarios, la fórmula que ellos proponen permitiría recaudar más de $12 billones, garantizaría las condiciones para que Colombia mantenga su calificación de riesgo y atendería “programas de emergencia temporales”, como Ingreso Solidario.
La iniciativa del gremio se basa en cuatro puntos, el primero de los cuales es suspender la medida de descuento del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) en el Impuesto sobre la Renta, durante el período necesario según los resultados que indique el marco fiscal de mediano plazo. Para la ANDI, esto generaría $5,2 billones en materia de recaudo. Actualmente el descuento es del 50% del valor pagado por ICA y a partir del 2022 sería del 100%.
El segundo punto es aplazar la reducción de la tarifa general del Impuesto sobre la Renta de acuerdo con los resultados que indique el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Afirman que esto permitiría recaudar $6,2 billones para 2022. La tarifa general de renta actualmente es del 31% y a partir del 2022 será del 30%.
También propone la ANDI establecer por dos años el impuesto al patrimonio para personas naturales, que sería transitorio y recaería exclusivamente sobre quienes tengan un activo líquido superior a $5.000 millones. Se gravaría con una tarifa del 1%, estimando que ello generaría un recaudo de $1 billón en 2022.
Finalmente, sugiere el empresariado adelantar la enajenación de activos de la Nación que, en su conjunto, pudieran otorgar hasta $15 billones para ser utilizados en el fondeo inmediato de programas como Ingreso Solidario y Apoyo al Empleo Formal (PAEF), al igual que necesidades de servicio de la deuda a corto plazo.
“Nuestra propuesta implica un importante sacrificio en materia de competitividad y un aumento en la tarifa efectiva de tributación del sector empresarial, por ello, la misma tiene carácter transitorio y solo deberá estar vigente mientras subsistan las condiciones de emergencia sanitaria, derivada de la pandemia”, dijo la Asociación a través de un comunicado.
En esa línea, advirtió que sería necesario retornar en los próximos dos años a la tarifa de renta del 30% y el descuento del ICA al 100% para ser competitivos a nivel internacional.
Propuestas
A su turno, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), coincidió con el Gobierno en que existe la necesidad de ampliar la base de declarantes y contribuyentes del impuesto de renta, aunque hay diferencias en los detalles de ambas propuestas. Esto último porque el gremio del sector financiero propone que se empiece a pagar renta con ingresos brutos de $2,2 millones mensuales con tarifas marginales que irían de 5% a 40%.
En los gravámenes a las personas naturales, ANIF consideró que la propuesta de gravar las pensiones va en la dirección correcta y sobre el impuesto temporal y solidario a la riqueza, que es equiparable al del patrimonio, la Asociación afirmó que los cambios que planteó el Gobierno al establecer tarifas marginales de 0%, 1% y 2% ayudan a mejorar los problemas estructurales del impuesto. Sin embargo, se critica que no se estructurara un “sistema de gradientes” con el que se amplíe la base de contribuyentes y se cobre sobre cada tramo del patrimonio.
En cuanto al IVA, ANIF propuso que para 2024 solo existan dos categorías: los bienes gravados con tarifa plena (19%) y los excluidos, pues asegura que las exenciones y tarifas especiales subsidian el consumo de las clases altas.
Alternativas
Como se ve, hay consenso en que se requieren medidas, aunque no sean las que propuso el Gobierno.
Así las cosas, el balón está en la cancha del Congreso, que se debate entre el hundimiento o el retiro del proyecto del Gobierno y la celebración de un acuerdo político para sustituir en la ponencia el texto planteado por el Ejecutivo por otro mejor.
En ese contexto, el exministro conservador Juan Camilo Restrepo comentó en su columna dominical en EL NUEVO SIGLO que el editorial de este Diario del miércoles pasado, “abre una vía para salvar el contenido social de la reforma y abrir un espacio de concertación política para el resto. Sería fatal un archivo de la reforma en el Congreso”.
En dicho editorial se planteó la posibilidad de dividir en dos el proyecto: una primera iniciativa referida a financiar el componente social (con un recaudo alrededor de $6 billones) y la segunda referida al ajuste de fondo tributario, que se presentaría después previo consenso con partidos y gremios.
El Centro Democrático, a su turno, divulgó este fin de semana una propuesta de texto sustitutivo para contribuir al consenso de los partidos y del Gobierno.
Planteó el uribismo “impuestos transitorios aproximados por 12 billones sin afectar a personas de ingresos medios ni la recuperación productiva”. Además, “se pide al Banco de la República 5 billones de anticipo de utilidades”, recursos que “se manejarán en cuenta especial con destino a superar el problema social y de empleo de la pandemia”.
El dinero recaudado se utilizaría en “Ingreso Solidario para 5 millones de familias; extender subsidio a la nómina para 3,6 millones de trabajadores; subsidiar la seguridad social de nuevos trabajadores jóvenes, mujeres, adultos y personas en condición de discapacidad; devolución del IVA a 4 millones de familias; “universidad pública gratuita para estratos 1, 2 y 3”.
También se planteó “austeridad del gasto y reforma administrativa con ahorros de 1 billón durante los primeros 2 años y permanente de 15 billones”.
Al detallar las fuentes de recursos, el documento del Centro Democrático registró una “sobretasa transitoria de tres años del 10% a 12% para las personas naturales que hoy tributan con ingresos anuales de 64 millones o más”, con recaudo estimado de 2 billones; “mantener impuesto al patrimonio de 1% a los superiores a 5.000 millones, como se encuentra vigente, por tres años adicionales”, con recaudo estimado de 1 billón; en “dividendos se conserva el tributo actual a residentes con una sobretasa adicional por 3 años”, lo que tendría un recaudo aun por estimar; “congelar la tarifa de renta a las empresas en 33% por tres años, luego de los cuales, será de 30%”, en lo que se estimó un recaudo de 3 billones; “conservar el descuento de Industria y Comercio a la renta empresarial en 50%, por tres años”, para un recaudo estimado de 5 billones; “extender a todo el sector financiero la sobretasa transitoria de 3% que hoy se cobra a los bancos”, con recaudo todavía por estimar; “impuesto solidario del 10% para ingresos mayores de 20 millones en 2021, que funcione como retención en la fuente”; y “normalización: prórroga de un año lo que se aprobó en 2019”, en lo que se estimó un recaudo de 0,5 billones”.
Adicionalmente, el Centro Democrático planteó actualizar la regla fiscal con el fin de lograr la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo y hacer esfuerzos de enajenación de activos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en los próximos dos años.
En las toldas oficialistas se sabe que hoy se reunirá la bancada de La U, cuya directora Dilian Francisca Toro propuso este fin de semana “elaborar una contrarreforma” mediante “un acuerdo entre todos los sectores, una tregua política, un gran pacto nacional, que tenga como objetivo la salvaguardia de los intereses superiores de los ciudadanos en medio de la más dura crisis económica y social de nuestra generación”.
En cuanto al Partido Conservador, la bancada volverá a reunirse esta semana para escuchar un informe de una comisión nombrada para tal fin.