Aunque se descarta el llamado a extras en la tercera semana de diciembre, este martes comienza la carrera contra el tiempo para sacar adelante la agenda legislativa del Gobierno. Así está el panorama.

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Cinco, ese pareciera ser el número de la suerte para el Gobierno nacional a juzgar no solo por las semanas que restan de intenso trabajo en el Congreso de la República, sino porque esas son sus principales prioridades legislativas antes de cerrar el año.

Obviamente el paquete de iniciativas de origen gubernamental es mucho mayor, sin contar más de un centenar de propuestas de origen parlamentario, pero es claro que el Ejecutivo busca no dejar morir algunos proyectos.

Son los casos, por ejemplo, de las reformas constitucionales a la justicia y política, las acordadas por consenso en la mesa técnica para la lucha contra la corrupción, el Plan Nacional de Desarrollo y la joya de la corona: la ley de financiamiento, más conocida por la opinión como la primera reforma tributaria de la administración Duque.

Todas estas propuestas llevan una dinámica diferente y unos tiempos distintos pero se van a encontrar, necesariamente, en el cuello de botella que todos los años se forma por estos días en el Congreso cuando los términos están a punto de vencer.

Y es que a escasas cinco semanas de trabajo legislativo, si es que el Gobierno no convoca a sesiones extras como podría ocurrir del 17 al 21 de diciembre, este martes arranca el primer sprint de la era Duque.

Ley de financiamiento

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, anunció que esta iniciativa, vital para las finanzas estatales, tendrá mensaje de urgencia, pues de aprobarse tiene que empezar a regir desde el primero de enero.

Es decir, que las comisiones terceras y cuartas de asuntos económicos tendrán que tramitarla de manera conjunta para alcanzar a darle los cuatro debates reglamentarios, y que pase a conciliación en la semana de sesiones extra.

Con la ley de financiamiento se aspira a recaudar $14 billones, y para ello se grava con 18% a todos los productos de la canasta familiar; pone a declarar renta a las pensiones altas; disminuye algunos tributos empresariales y pone a tributar hasta los espectáculos públicos.

Por supuesto, tal como fue radicado en el Congreso, esta iniciativa no goza de apoyo parlamentario, por ello el Gobierno está buscando alternativas. Esta semana el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sostuvo reuniones, por separado, con las bancadas liberal, conservadora y del Centro Democrático, para buscar alternativas.

Mientras los partidos azul y rojo sugieren al Gobierno que retire la propuesta, el partido oficialista plantea excluir del IVA al menos otros 25 productos de la canasta familiar.

Quedan pendientes varios encuentros del ministro Carrasquilla con La U y Cambio Radical.

Reforma a la Justicia

Se trata de una de las propuestas bandera de este Gobierno pero está tan empantanada que la propia ministra de Justicia, Gloria María Borrero, no descartó su renuncia en caso de que naufrague en el Congreso.

Los tiempos para esta reforma constitucional están muy apretados, pues aunque ya fue aprobada en segundo debate en el Senado, se vislumbra un trámite tortuoso pues al decir de parlamentarios como Carlos Chacón, presidente de la Cámara, este proyecto “es un esperpento sin futuro”, mientras que desde diferentes sectores se advierte que esta reforma no acerca la justicia al ciudadano.

La reforma a la justicia prevé eliminar algunas funciones electorales de las Cortes,  modificar los períodos constitucionales de sus magistrados (de ocho a 12 años sin reelección), nuevos requisitos para ocupar estos cargos (de 10 a 25 años de experiencia y ejercicio profesional), y elevar a rango constitucional el presupuesto para la Rama Judicial.

Sin embargo, son dos los temas más sensibles y que tienen embolatada la iniciativa: la creación del Tribunal de Aforados y la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, temas que para el Ejecutivo son puntos de honor y que constituyen la esencia de esta reforma, presentada por todos los Gobiernos desde 1991.

El Tribunal de Aforados busca reemplazar a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en el procesamiento de magistrados, congresistas, Contralor, Procurador, Fiscal y miembros de la Comisión de Disciplina Judicial.

La eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, entre tanto, daría paso a una Gerencia que se encargue de manejar todos los recursos de la Rama Judicial.

Un tema que preocupa a la Fiscalía General de la Nación es la posible excarcelación masiva de presos en caso de aprobarse un artículo que limita a un año -18 meses en casos excepcionales- para que a una persona privada de la libertad se le resuelva su situación jurídica.

Reforma política

Entra a tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara, y pretende depurar las malsanas costumbres políticas y acabar con el voto preferente y las listas abiertas.

Así fue aprobado en segundo debate por la plenaria del Senado, lo que significa que los partidos dispondrán ahora de mecanismos como consultas populares, encuestas internas o acuerdos, para definir sus listas únicas de candidatos.

Estos procedimientos tendrán que realizarse el mismo día para evitar que quienes no quedaron en cierta lista puedan pasarse a otra colectividad.

Incluye también aspectos como financiación estatal de campañas, equidad de género en las listas únicas (33% en 2019 y 50% a partir de 2022) y mecanismos internos de los partidos.

Hasta ahí, perfecto, pero también incluye dos temas polémicos. El primero es la eliminación del Consejo Nacional Electoral que hoy se encarga de algunas funciones electorales y de administrar los recursos de financiación estatal de campañas.

La idea es darle paso a un Tribunal Electoral que cumpla las mismas funciones pero cuya integración sea exógena a los partidos políticos, y con plena autonomía administrativa y presupuestal.

El otro tema sensible es lo que se conoce como la ‘neo-mermelada’, pues el Senado incorporó un artículo que permite que el Congreso defina hasta el 20% de los recursos del Presupuesto General de la Nación para proyectos regionales.

Se estima que más de 20 proposiciones aditivas (nuevos artículos) serán incluidas en el texto que estudiará la Cámara.

Lucha anticorrupción

Después de la ley de financiamiento, esta es la principal prioridad del Gobierno del presidente Iván Duque, pues es el producto de la concertación con todas las bancadas después de que la Consulta Anticorrupción del pasado 26 de agosto.

Se trata de 15 iniciativas en su mayoría de origen gubernamental, otras de autoría parlamentaria y unas más fusionadas con proyectos liderados por Fiscalía y Procuraduría.

De ellas, hay dos que ya se hundieron: la que buscaba reducir los salarios de los congresistas y altos funcionarios del Estado, y la que limitaba a tres períodos la permanencia en corporaciones públicas.

No obstante, la ministra Gutiérrez aclaró que estas dos propuestas serán radicadas nuevamente en marzo próximo y tendrán “todo el acompañamiento” del Gobierno nacional.

Asimismo, el miércoles pasado la Ministra radicó el mensaje de urgencia para cuatro de esos proyectos: el que regula la probidad administrativa sobre funcionarios públicos para evitar afectaciones económicas al Estado, de autoría de la Procuraduría General; el que establece un régimen de conflicto de intereses de los servidores públicos; el que obliga a los congresistas a rendir cuentas de su gestión al final de la legislatura y el que los obliga a declarar públicamente sus bienes.

Los demás proyectos están radicados y en curso en diferentes comisiones, por tanto podrán seguir su trámite en la próxima legislatura.

En cambio, los de reforma constitucional -que no tienen mensaje de urgencia porque no se pueden acortar los términos- tienen que tramitarse en lo que resta de esta legislatura, pues de lo contrario se hunden.

Plan Nacional de Desarrollo

‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’ es el nombre que le dio el presidente Duque a su Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que tendrá un costo superior a $1.100 billones, y cuyas bases fueron presentadas a comienzos de octubre pasado ante el Consejo Nacional de Política Económica y Social.

Esta hoja de ruta se finca en tres pilares: legalidad, emprendimiento y equidad, y les da por igual participación a todas las regiones del país, pues su principal objetivo es reducir la pobreza y la desigualdad social del 26,9% del año pasado al 21% en 2022, y la pobreza extrema de 7,4% a 4,4%.

Este plan cuenta con 10 capítulos regionales, para lo cual se han realizado talleres regionales que permitan diseñar estrategias transversales en temas como Ciencia y Tecnología, Transporte y Logística, Transformación Digital, Calidad y Eficiencia en la prestación de servicios públicos, recursos minero-energéticos, y Economía Naranja, principalmente.

El Gobierno nacional ahora tendrá que radicar ante el Congreso, a más tardar esta semana, el primer borrador del PND, y su discusión comenzará oficialmente en marzo, y el Legislativo tendrá hasta el 7 de mayo de 2019 para su aprobación final.

Las otras prioridades

En la agenda legislativa del Gobierno figuran otras iniciativas igualmente importantes. Una de ellas, que lucha contra el tiempo, es la prórroga de la Ley de Orden Público (Ley 418 de 1997), que constituye el marco jurídico para la negociación de paz con grupos armados al margen de la ley, en este caso el Eln.

Aunque con el Eln las conversaciones están suspendidas, el Ejecutivo necesita de esa ley marco para un eventual acuerdo de paz, desarme y desmovilización.

Esa normatividad, en cambio, no se aplicaría a las llamadas bandas criminales (Bacrim), a las que solo puede aplicárseles normas de sometimiento a la justicia.

En la lista de otras prioridades legislativas del Gobierno también figuran las siguientes:

- Ley de Vivienda

- Ley de las TIC

- Reforma a las CAR (reforma constitucional)

- Reforma al Sistema General de Regalías (reforma constitucional)

- Reducción de trámites

- Expropiación exprés