Una colisión de competencias entre la Fiscalía y la Justicia Penal Militar que ahora deberá resolver la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura quedó planteada ayer, luego de que los abogados de los dos expatrulleros de la Policía vinculados a la muerte de un ciudadano consideraron que el hecho se produjo en cumplimiento de una acto propio del servicio.
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La petición fue formulada por los abogados de los expolicías Juan Camilo Lloreda Cubillos y Harby Damián Rodríguez Díaz, quienes se declararon inocentes de los cargos de tortura agravada y homicidio agravado que les imputó la Fiscalía General de la Nación ante la jueza 29 de control de Garantías, por la muerte del Ingeniero y estudiante de Derecho Javier Humberto Ordóñez, el pasado 9 de septiembre.
La administradora judicial envió la solicitud a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, pues la defensa considera que la investigación debe quedar en manos de la Justicia Penal Militar.
Esto, a pesar de que el Ministerio de Defensa había emitido una declaración en la que advertía que “los elementos de prueba hasta ahora recaudados no permiten afirmar que se trata de un acto que tenga relación con el servicio”.
El abogado penalista Marino Moreno, apoderado del expatrullero Rodríguez Díaz, dijo que su cliente sufrió un cuadro de depresión emocional debido a la muerte de Ordóñez, y que se intentó suicidar en las celdas del búnker de la Fiscalía.
“Ellos –los exuniformados- no aceptaron los cargos, nosotros esperamos que el caso pase a la Justicia Penal Militar, presentamos un recursos muy bien sustentado”, dijo. En el mismo sentido se pronunció el jurista Jesús Libadier Giraldo, apoderado de Lloreda Cubillos.
De otro lado, ayer se reinició la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos contra los dos implicados en la muerte de Ordóñez, y esta vez la jueza 29 de control de Garantías permitió el acceso a la prensa, pues en la sesión del sábado no lo permitió, razón por la que los periodistas que cubren la información del Complejo Judicial de Paloquemao interpusieron una acción de tutela.
La apertura de la sesión fue aceptada por el fiscal 94 Especializado de la Unidad de Derechos Humanos, el delegado del Ministerio Público y el apoderado de las víctimas, pero no por los abogados defensores de los dos expatrulleros.
Así mismo, la Fiscalía pidió la medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación para Lloreda Cubillos y Rodríguez Díaz, argumentando que son un peligro para la sociedad y pueden afectar el proceso de recolección de pruebas.
La Fiscalía también presentó varios testimonios de testigos que aseguraron que los dos entonces uniformados agredieron y golpearon a Ordóñez, que le aplicaron varias descargas de pistola eléctrica y lo siguieron golpeando dentro del CAI de Villa Luz.
Informe de la Policía
De otro lado, ayer el director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, informó que hasta el momento han sido suspendidos diez policías tras los desmanes que se registraron por la muerte del estudiante de Derecho Javier Ordóñez.
“Uno de ellos es el que aparece en una imagen lamentable utilizando una chaqueta negra al revés portando un elemento contundente agrediendo a una persona”, dijo el oficial.
Atehortúa agregó que por estos hechos se han abierto 77 investigaciones disciplinarias de las cuales 67 corresponden a los hechos ocurridos en Bogotá que involucran a 101 policías. Otros 14 uniformados están siendo investigados por utilizar armas de fuego, explicó el oficial.
Por su parte, el director de la Agencia Nacional Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez Alzate, sostuvo que en su despacho reposan 645 demandas por 822 millones contra la Policía Nacional por “exceso en el uso de la fuerza”.
“Hoy tenemos 645 demandas en contra de la Policía por la causa general de uso excesivo de la fuerza. Este año va una demanda, el anterior tuvimos 44. El 90 por ciento son de años previos a 2018, en las que se exigen reparación por lesiones a un bien o daños a una persona por uso excesivo de la fuerza policial”, aseguró el funcionario.
Al cierre de esta edición la jueza 29 de control de Garantías no había resuelto la situación jurídica de los dos exuniformados comprometidos en la muerte de Javier Ordóñez.