EL MINISTRO Álvaro Leyva está hoy en aprietos con la Procuraduría por la decisión de la Cancillería el pasado 13 de septiembre de declarar desierta la licitación para la elaboración de pasaportes por $ 600.000 millones y abrir un nuevo proceso, pues solo permanecía Thomas Greg & Sons como proponente, debido a que las otras empresas se retiraron manifestando falta de garantías para una selección objetiva.

En mayo pasado, la Procuraduría advirtió que el proceso de licitación para elegir a la empresa que diseñará e imprimirá los pasaportes está “en la mira”, pues “vigila que se den garantías a la selección objetiva, libre concurrencia en la participación, calidad en el servicio y cumplimiento del cronograma”. La Contraloría General hizo reparos por similares razones.

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Por los problemas que se presentaron en el transcurso de la licitación la Cancillería la suspendió en tres oportunidades, hasta que en septiembre pasado decidió declararla desierta.

Hace pocas semanas, el canciller Leyva defendió esa determinación señalando que “se declaró desierta porque se cuestionó demasiado”. Llegaron numerosas preguntas para hacer claridad. Fueron tan numerosas que fue necesario averiguar qué estaba pasando. Por eso, primero se suspendió. Después de haber atendido y conocido todo lo que se preguntó, dijimos: “Un momento, esto hay que revisarlo”. Y se declaró desierta con las “normas jurídicas en las manos”.

Sin embargo, la Procuraduría ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra el ministro Leyva Durán y el secretario general del Ministerio, José Antonio Salazar, por las presuntas irregularidades que hubo en la suspensión del proceso de licitación.

Debido a que mientras se estructuraba una licitación y se adjudicaba el contrato se podría presentar desabastecimiento de pasaportes, Leyva decidió acudir a la figura de la urgencia manifiesta para hacer una contratación de manera directa, que en este caso quedó en Thomas Greg & Sons.

A pesar de ello, esta empresa inició contra la nación un proceso de conciliación extrajudicial por $ 117.000 millones, pues alega perjuicios y daño reputacional porque se declaró desierta la licitación de los pasaportes, en donde había quedado como único proponente.

Sin embargo, como no se pudo llegar a un acuerdo entre las partes sobre una conciliación, esa empresa demandó a la nación por $ 117.000 millones.