EL SENADO de la República y la Cámara de Representantes, le dieron luz verde a la conciliación de la ley estatutaria de la Jurisdicción Agraria y Rural el cual busca garantizar un acceso más equitativo y eficiente a la justicia para campesinos y comunidades rurales.

La plenaria del Senado de la República, fue la célula congresional encargada de aprobar la iniciativa a través de votación y en medio de la última plenaria previo al cierre de la legislatura del primer semestre del año. Como parte de esta determinación, se establece que la norma no modifica en absoluto la legislación sustantiva sobre la propiedad; simplemente crea un mecanismo adicional para garantizar el acceso y la resolución de conflictos judiciales por tierras en Colombia.

El proyecto, permite la implementación y creación de tribunales y jueces especializados en procesos penales por posesión indebida de tierras en el país, y le da herramientas jurídicas para la resolución de este tipo de conflictos. El proyecto, que ahora será revisado por la Corte Constitucional y espera ser sancionado por el presidente Gustavo Petro, define la estructura judicial con jueces de circuito y tribunales agrarios, así como los criterios para definir dónde serán instalados estos despachos.

Lo cual quiere decir que estos juzgados serán especializados en litigios agrarios y se van a ubicar en zonas con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET, núcleos de reforma agraria y zonas con cultivos de uso ilícito, entre otros.

También crea centros de apoyo técnico especializado, que estará integrado por profesionales en distintas disciplinas que apoyarán la labor de los jueces agrarios. Y finalmente, crea la figura del facilitador agrario, el cual orientará gratuitamente a los potenciales usuarios y usuarias de la justicia agraria.

En cuanto a la provisión de cargos, se realizarán concursos de méritos para seleccionar jueces y magistrados especializados en derecho agrario, administrativo y ambiental, y aunque aún queda por discutir la ley ordinaria, que definirá el proceso operativo de la nueva jurisdicción.

Dicha ley deberá establecer, entre otros aspectos, los requisitos para presentar las demandas y el procedimiento para la práctica de pruebas y una vez, el proyecto sea estudiado por la Corte Constitucional, debe pasar a sanción presidencial cuando el Alto Tribunal determine si se deben hacer modificaciones al texto.