Fue aprobada en último debate la ley de integridad del funcionario público, iniciativa impulsada por el representante por Bogotá, Carlos Eduardo Acosta, junto a la bancada de su partido Colombia Justa Libres.
Según el representante Acosta, “tenemos en este momento unas cifras muy preocupantes, en el país el 89% de los ciudadanos considera que la mitad de los servidores públicos son corruptos. Además, cada año en Colombia se pierden $50 billones en corrupción, sin contar que este año que está por terminar se han presentado en el país más de 4.000 casos de corrupción. Unas cifras que queremos combatir con este proyecto”.
La iniciativa busca que en todas las instituciones del Estado se aplique el Código de Integridad del Servidor Público de la Función Pública. Este Código pretende que los servidores adopten cinco valores para el desarrollo de sus actividades: compromiso, honestidad, justicia, diligencia y respeto.
Así mismo, la iniciativa crea el Sistema Nacional de Integridad para articular transparencia, diligencia y el fortalecimiento del concepto del gobierno servidor.
Según el articulado del proyecto el Sistema deberá “articular el conjunto de prácticas, códigos, políticas y demás normativa relacionada con la integridad. Además, deberá establecer los mecanismos de coordinación y colaboración entre las instituciones para conformar el Comité Coordinador del Sistema Nacional por la Integridad. Con el fin de definir, diseñar y evaluar las políticas públicas en materia de promoción de la Integridad y de los cuerpos normativos en esta materia”.
Igualmente, el proyecto pretende plantear mecanismos de control internos y externos de la administración pública “y articulación de agendas con las demás entidades para el fomento del Sistema Nacional de Integridad para que las instituciones dispongan mecanismos de promoción implementación y consolidación suficientes para promover la integridad del sector público, pero también del sector con el que se relaciona con el sector privado, garantizando la difusión y formación como capacitación en la promoción de la Integridad de manera obligatoria para todos los servidores del Estado”.
Acosta explicó que tras la sanción de este proyecto, “todas las entidades públicas deberán tomar el código de integridad en el servicio público y convertirlo en obligatorio para todas las entidades del Estado. Esto fue construido por la Función Pública con la participación de miles de empleados públicos del país durante varios años e impone unos valores específicos como respeto, integridad eficiencia ética en el servicio y creando una cultura de transparencia para que salgamos de esa cultura de corrupción en las entidades del Estado”.
Así mismo, indicó que “lo que hace este proyecto es abordar la lucha contra la corrupción desde el otro ángulo, no desde el ángulo coercitivo sino desde el ángulo educativo de capacitación y de cultura de integridad. La lucha contra la corrupción no se hace hablando de anticorrupción sino de hablando de integridad, este proyecto complementa las acciones coercitivas, que haya mayores controles pliegos tipo, sanciones, pero también hay que darle a la gente la posibilidad que se capacite en cultura de la integridad. Además, es una de las recomendaciones que ha dado la OCDE como mejores prácticas”.
Uno de los artículos de la iniciativa asegura que “se prohíbe el uso de los mecanismos y de los entes de control con el fin de atentar contra la integridad moral del servidor público o como sistema de presión ideológica, política o judicial, los entes de control tienen la responsabilidad de actuar bajo la verdad e integridad so pena de las sanciones disciplinarias y penales que contemple el ordenamiento jurídico colombiano”.
Según explica el representante este artículo “busca generar unas garantías a los servidores públicos y una protección. Si nosotros les creamos un código de integridad debemos prevenir que no se les estigmatice y no se les señale por su labor, además, que no se persigan sin justificación. Los órganos de control no pierden funciones, todo lo contrario, las ganan, lo que queremos es darles a los funcionarios un marco de protección donde puedan ejercer su integridad. Ahora, los organismos de control tienen muchas más posibilidades de hacer seguimiento a la gestión que hacen verificar el buen funcionamiento de las entidades y el buen comportamiento de los servidores públicos”.